Cartas a Gracia

El diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE 2020-2024) es crudo Gracia. Califica a la corrupción como un lastre para la vida del país, aunque ignore el papel jugado por quienes en contubernio con autoridades educativas, tutelaron -a una escala desproporcionada- el fenómeno de la venta de plazas; ejemplo que desde hace más de 50 años cundió entre maestras y maestros que se jubilaban y proponían ante el SNTE, a familiares ficticios a quienes heredar la plaza y subastaban ascensos y promociones para el personal en servicio. En este programa también reconoce el papel que la educación juega en la reproducción de las “desigualdades regionales, sociales y económicas”, al beneficiar a las escuelas urbanas en menoscabo de las escuelas rurales; incluidas las comunitarias y las asentadas en los territorios de los pueblos originarios y cuyos servicios, ante la falta de una demanda escolar que justifique la existencia de una escuela regular, corren a cargo de instructores comunitarios del CONAFE, además, liga la “mala calidad de la educación [y] los bajos logros de aprendizaje de aquellos que asisten a la escuela y el abandono por parte de muchos de ellos”, con reparto desigual de la riqueza, propiciando “un crecimiento económico” que ha beneficiado solo a unos cuantos. 

De acuerdo al diagnóstico del PES, el resultado se manifiesta en la carencia de habilidades y destrezas básicas para “millones de mexicanas y mexicanos que llegan a la edad adulta sin contar con las habilidades básicas para la vida”, con las consecuencias funestas que da tristeza reproducir. Sin embargo, no todo se quedaría en enlistar los males y sus consecuencias Gracia; el PES 2020-2024 dejaría ver la luz al final del túnel. Sería elaborado con la “finalidad [de] contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo nacional sostenible”.

Y, aunque se plantea que la actual política educativa se articula “en torno a seis prioridades” Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás; Educación de excelencia para aprendizajes significativos; Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa; Entornos educativos dignos y sana convivencia; Deporte para todas y todos; y Rectoría del Estado en la educación y consenso social; no deja títere con cabeza y, de paso, arrebata banderas a quienes solo ven la paja en el ojo ajeno. Al describir el primer eje Gracia reconoce que, a pesar de ser un derecho humano y estar garantizada por la Constitución “buena parte” de los educandos de todas la edades “no tienen garantizado el acceso a la educación universal, incluyente y equitativa”. 

Valdría la pena recordar que frases como “Educación para todos” se repiten desde la administración de López Portillo y que la obligatoriedad de cursar educación preescolar, se remonta al 2006; aunque ambas propuestas se quedaron en solo aspiraciones para muchas y muchos mexicanos, marginados de las políticas de desarrollo nacional. Para nadie es un secreto que la educación inicial es prácticamente inexistente, o que corre a cargo de las madres de familia y que la obligación de la actual administración se limita a promoverla; que en el 2020, menos de 2 de cada 3 niñas y niños cursan el preescolar completo a pesar de la obligatoriedad constitucional para hacerlo, exigencia que se restringió solo al 3er grado; que ni siquiera en primaria se tiene una cobertura al cien por ciento y que en secundaria desertó un número de estudiantes equivalente al  6% de quienes egresaron del nivel anterior; fenómeno que se incrementa a 1 de cada 4 de quienes se encuentran en edad de cursar la educación media superior, relación que se acrecienta a 3 de cada 5 en educación superior y que, de los restantes, el 40% en promedio nacional son atendidos casi al 50% entre las universidades gubernamentales y las particulares.

En el eje 1 del PES Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás, identifica factores “que limitan el acceso a la educación de manera incluyente y equitativa”; menciona entre ellos, a los económicos y, en particular, a uno que en la etapa de inscripciones y reinscripciones, se torna motivo de quejas y amarguras que externadas por madres y padres que desean elegir de entre las escuelas públicas a la que consideran mejor; el importe excesivo que adquieren las aportaciones voluntarias y que deben pagar de manera obligatoria madres y padres de familia se convierten en excluyentes para las familias que no pueden cubrir cuotas que ascienden hasta los 2 000 pesos por hija o por hijo. Otros de los factores que limitan el acceso a la educación se relacionan primero, a las condiciones de rezago educativo agudizado en las zonas suburbanas y rurales y segundo, a la falta de capacidad para atender a quienes demandan ingreso a las escuelas preparatorias y a las universidades; expresión de la marginación y la desigualdad cuando en los exámenes de admisión de las instituciones públicas, compiten tanto quienes egresan de las escuelas situadas en zonas urbanas como con quienes salen de escuelas rurales o indígenas. Las crisis generadas por desastres naturales y sanitarios, se establecen como barreras de entrada adicionales para quienes, proviniendo de las zonas rurales, desean ingresar a instituciones de educación superior autónomas de prosapia como la UNAM. Problema que se pueden revertir como se propone ampliando la creciente oferta educativa destinada a las zonas en las que cursar estudios de educación media y superior es tan solo una aspiración para quienes aún carecen de ella.

Reconocer vicios, marginación, rezago e inequidades, constituye gran paso que para resolverse, requiere que la administración destine al gasto educativo, una inversión anual con cargo al estado, equivalente al 8% del Producto Interno Bruto; y, en tanto no se dé, las aspiraciones serán solo sueños guajiros Gracia.