Desde hace algunos meses, en la agenda educativa, de derechos humanos y religiosa de algunos países de Latinoamérica se incluyó el tema sobre la obligación que tendrían las instituciones educativas de informar, previamente, a las familias si sus hijos e hijas estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género, y que sean los padres quienes tomen la decisión de si sus hijos asistirán a estas clases, a lo que se le ha denominado el pin parental. Aun cuando esta discusión que han abierto los grupos conservadores de algunas religiones y partidos políticos, ésta no es nueva, sino que está presente desde la propia promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su artículo 3º.

Esta propuesta conservadora y retrograda no es nada nueva. El 16 de diciembre de 1916, al concluirse las discusiones sobre el artículo 3º de la Constitución, se estableció en el primer párrafo de la misma la siguiente contradicción:

Artículo 3o. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares.

Como puede leerse, si la enseñanza es libre, la propuesta hecha por los grupos conservadores, siguiendo este espíritu, es válida, ya que los padres y madres de familia tendrían el derecho de que sus hijos aprendan en los espacios escolares sobre el tema. Sin embargo, al señalar que la educación es laica, entonces, ya no se es libre, y toda acción religiosa o influida por ésta, debe mantenerse fuera de las decisiones en los centros escolares.

Se sabe que el texto del artículo 3º constitucional vigente, no contempla la enseñanza (o el aprendizaje) libre, pero si laico, aun cuando este derecho humano pone en discusión si los padres y madres podrían condicionar o ampararse ante dicha educación acerca de sexualidad y género, lo cual sería un brutal retroceso para la formación ciudadana y política integral de las niñas y los niños, en el presente y para su futuro.

Lejos de una discusión profunda sobre el laicismo y la laicidad, las iniciativas que han promovido estos grupos afecta a la niñez y juventud en el derecho que tienen a conocer sobre su cuerpo y su sexualidad, enfrentar situaciones de abuso sexual, discriminación por condiciones sexuales y de género, prevención del embarazo y el derecho a decidir sobre su cuerpo y su el ejercicio libre de su erotismo, sexo y placer, además de poner candados no sólo a estos temas, sino a todos los temas que se consideren inmorales por un sector estrecho  no sólo de su mentalidad sino de la realidad concreta que viven niñas, niños y adolescentes. La moral hipócrita de estos grupos, que como señalaría en algún momento el filósofo Friedrich Nietzsche, tienen tanta que la tienen doble, pretende crear ciudadanos sin cuerpo, sin sensaciones, placeres, libertad y decisiones: nada más aberrante y perverso.

El Estado debe mostrar una decisión clara respecto a este tema. Se debe impartir una educación sexual, respetuosa de la dignidad humana, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos, con base en posiciones informadas y científicas que permitan a los estudiantes tomar decisiones sobre el uso de su sexualidad y sus placeres, de forma segura y garantizada por el propio Estado.

Lejos de abrir un falso debate sobre la propiedad o tutela de los niños y niñas, si de los padres y madres o del Estado, se debe garantizar una formación sexual que dote a los estudiantes del ejercicio pleno de una vida sexual libre, aunque no sea del agrado de las congregaciones religiosas y su moral victoriana.

Picaporte

El Estado mexicano tiene la oportunidad de ganar una verdadera legitimidad si es que enfrenta, de forma justa, dos asuntos que atañen al futuro rumbo de la nación: esclarecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, y el proceso judicial contra Emilio Lozoya Austin, no sólo sobre Odebrecht, sino sobre la corrupción de personajes políticos de altos rangos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esperemos que el ante estas dos situaciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no cuente hasta 10 y saque la bandera blanca de la paz, sino que se haga justicia.

Mirilla

Los atentados contra la libertad de expresión se han hecho evidentes en la 4T, de eso no hay duda. Pero la propuesta de la diputada Nayeli Salvatori, del Partido Encuentro Social (PES), famosa por su video de Tic Toc en el recinto parlamentario y sus tiempos como locutora de asuntos bastante misóginos y vulgares, sobre castigar a los usuarios de las redes sociales que modifiquen fotografías, videos o audios originales, es decir, hacer memes, es una verdadera ofensa… a la integridad mental humana. A los chinos por la tinta y a la diputada Salvatori, por sus videos de Tic Toc. Mejor que no legisle, haga videos y se lleve su salario mensual que pagamos todos.