Esta semana se presentaron dos plataformas que nos permiten dimensionar la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en Puebla; una en seguimiento de casos de violación a los derechos humanos en medio de la pandemia, y otra sobre las agresiones en el ejercicio periodístico. En ambos, Puebla figura como una entidad riesgosa y peligrosa, rebasando a 28 estados.

Ambas iniciativas corresponden a organizaciones civiles. Se trata de plataformas que buscan operar como registros históricos y contralorías sociales, donde se puede dar seguimiento a agresiones, violaciones a los derechos humanos e institucionales, abusos y desigualdades en la atención por parte del Estado.

La Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México [https://cartografia-cimac.uwazi.io/] es una aportación de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), que documentó 898 agresiones, 417 casos de violencia institucional y 19 feminicidios en contra de mujeres periodistas en 18 años.

Casos desde el año 2002, detectados geográficamente en la región y localidad donde se suscitaron las agresiones, en la mayoría, por parte de autoridades y gobiernos.

En Puebla, desde el año 2011, se han registrado 84. Es la tercera entidad del país con mayor número de casos. Ciudad de México acumula 154 y Veracruz 100. En lo que va del 2020, ya suman 20 agresiones.

Las reporteras siguen siendo el eslabón más débil en agresiones a periodistas. De los 84 casos detectados, 63 correspondieron a reporteras, 7 a directoras de medios, 5 a jefas de información, 2 a columnistas, 2 a fotorreporteras, 1 a una locutora y 4 más de los que no hay información precisa.

Aunque se pensara que las coberturas en seguridad y policiaca ponen en mayor riesgo a las reporteras, las agresiones que presenta la cartografía del CIMAC se concentraron principalmente en quienes dieron cobertura a las fuentes política y sociedad, esta última corresponde a temas locales o problemas urbanos.

Investigaciones alrededor de temas en corrupción y procesos electorales han puesto a las periodistas en situaciones de riesgo, principalmente por parte de candidatos, equipo de candidatos, simpatizantes o de los partidos políticos, así como de funcionarios estatales y federales.

Un gran aporte es tener estos registros en una base nacional que nos permita evaluar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico. No sólo es visibilizar las desigualdades en libertad de expresión y en el mercado de trabajo frente a los hombres, sino de reducir riesgos y aumentar las sanciones a agresores sin importar origen o cargos, así como de resguardar la seguridad de quienes defienden el derecho a la información de los ciudadanos.

No sólo es un tema local, hablamos de un padrón nacional —lo cual preocupa—, de ubicar al Estado como el principal agresor de mujeres periodistas y a las coberturas electorales como los temas de mayor riesgo; un foco de atención a este tema desde la política pública y la seguridad, permitiría reducir la impunidad y la corrupción. Más allá de atacar a la prensa que investiga, se podría comenzar con analizar sus escenarios de riesgo.

El Observatorio de Género y covid-19 en México [https://genero-covid19.gire.org.mx/] que impulsan varias organizaciones civiles y que se encuentra alojado en la plataforma del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) desnuda esa desigualdad histórica de mujeres frente a los hombres desde diversos escenarios sociales.

El planteamiento es revisar con una lupa las acciones del Estado con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género desde la posición actual de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero también en el camino a la nueva normalidad.

Hablamos de 98 mil 83 mujeres confirmadas con coronavirus y 9 mil 58 defunciones; Puebla ocupa el cuarto lugar nacional con mayor número de casos: 4 mil 401 mujeres en situación de riesgo.

Esta plataforma analiza la situación de las mujeres en temas como aborto seguro, acceso a anticonceptivos, trabajo de cuidados, discapacidad, VIH, población callejera, indígena, migrante, comunidad LGBTTIQ, trabajadoras del hogar, violencia familiar, muerte materna y violencia obstétrica. En cada una, advierte de las vulnerabilidades que enfrentan las mexicanas en su posición de mujeres en medio de la pandemia.

Será una red de monitoreo, pero también de evaluación sobre el impacto socioeconómico del covid-19 en las mujeres, así como la atención del Estado en trato equitativo y respeto a los derechos humanos.

Lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, como una manera de advertir de los pendientes u omisiones, las deudas históricas y las que se acumulan al paso del avance de contagios.