La enorme crisis mundial que vivimos hoy derivado de la pandemia, hace evidente tomar acciones e iniciar procesos diferentes a los que tradicionalmente se hacían, acciones que nos permitan cubrir las necesidades mínimas de supervivencia, acciones como huertos en casa, apoyo y fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, cubrir necesidades de sectores vulnerables como personas adultas mayores, personas con discapacidad o cualquier otro sector en situación de vulnerabilidad, son en estos tiempos medidas necesarias, algunas se están llevando a cabo otras tardaran un tiempo para que den resultados como lo es lograr la autonomía alimentaria, lo cierto es que necesitamos acciones que tengan resultados inmediatos, como el garantizar nuestros derechos al agua, la alimentación entre otros más.

Entendamos que la crisis alimentaria y financiera derivado de la pandemia, está acabando con las vidas y sustento de la mayoría de la población, no solo por la propia enfermedad sino por la pobreza y falta de medios para acceso a lo más básico para sobrevivir, eso da como resultado que estamos viviendo una crisis de derechos humanos, hoy estamos muy cerca del colapso financiero internacional.

Desde la visión del neoliberalismo, los funestos efectos de la crisis sobre la vida y la dignidad humanas tienden a ser vistos como consecuencias trágicas, pero inevitables, de las fuerzas impredecibles e incontrolables del mercado, por eso los pensadores adiestrados desde la lógica de mercados no piensan en salvar al pobre, piensan en salvar al rico, porque lo otro simplemente son daños colaterales, una perspectiva desde los derechos humanos desafía esta complacencia; estas consecuencias desastrosas no son inevitables, ni tampoco deberían ser admisibles, mucho menos debemos de permitir que esos daños colaterales son fuerzas fuera del control humano, porque es mentira, todo eso es a razón de decisiones humanas y a acciones (u omisiones) concretas de gobiernos y otros poderosos agentes económicos.

Hace ya algunos años el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dirigió una carta recordatorio a todos los Estados para garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales, con todos los recursos necesarios incluso en épocas de crisis. Dentro de la batería de medidas estaban las de armonización de la norma, generar y mejoras políticas de capacitación y creación de empleo, seguridad social, educación y salud para todos. Esta estrategia transversal debe ser orientada por un marco jurídico robusto, con un claro sentido económico y contar con amplio apoyo, priorizando en su estudio y aplicación de estrategias basadas en dignificar los derechos humanos en materia de regulación financiera, políticas macroeconómicas y recuperación de la economía.

Actualmente En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 54% de los trabajadores, en  México  el porcentaje es del 57%, mientras en Argentina es el 47%

En México con datos del INEGI, la población ocupada en marzo se ubicó en 55 millones de personas, en abril descendió a 43 millones. Lo que representa que la pandemia ha dejado a 12 millones de mexicanos sin ingresos; dentro de la población todavía ocupada hay 11 millones de mexicanos que están subocupados, es decir, que trabajan menos de lo que desearían trabajar; en el empleo formal, hasta junio, se han quedado sin empleo 11 mil 200 personas por día, de acuerdo con datos del IMSS, en total, desde marzo hasta mayo, se han perdido un millón 30 mil 366 empleos formales, la mayor cifra para un periodo similar desde que hay cifras disponibles.

Puebla ocupó el noveno lugar nacional con la mayor pérdida de empleos  de marzo a mayo, registrando la pérdida de 36.4 mil empleos, donde los más afectados fueron los servicios no financieros y construcción, ya que concentraron 6 de cada 10 bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si se hace la comparación con respecto a mayo del año pasado, Puebla es el quinto estado más afectado

El 65 % de los hogares mexicanos registró, a mayo, menores ingresos a consecuencia de la crisis del coronavirus, uno de cada tres, tuvo una perdida mayor a 50 % según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), para enfrentar esta situación, 24.1 pidió prestado a conocidos; 17.7 % dejó de pagar deudas o tarjetas; 16.9 % ya no pagó servicios como luz y agua o la renta, y 11.3 % empeño sus cosas, entre otras acciones.

No podemos olvidar lo que tiene como obligación el Estado Mexicano frente a la obligación de dignificar los derechos humanos, garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales, con todos los recursos necesarios incluso en épocas de crisis y no basados en austeridad, la pregunta es ¿cómo?, hoy en día, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador se está caminando hacia dar cumplimiento, se dan apoyos adultos mayores, se apoya a los jóvenes construyendo el futuro, se está caminando hacia apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad por alguna condición, etc., pero algo que no se tenía en agenda y que por la pandemia es urgente y necesario ponerlo en el centro de las decisiones es establecer, políticas de estado, políticas públicas y acciones de gobierno, encaminadas a la regulación en materia financiera, por ejemplo amarrarles las manos a los bancos e instancias de empeño y no solo en el camino del beneficio de unos pocos y principalmente en la recuperación de la economía, es fundamental que para este escenario sea de manera urgente aprobado el llamado salario mínimo vital, Ingreso Básico Universal, Ingreso Mínimo Vital de Emergencia, Ingreso Básico Vital, Ingreso Básico Ciudadano y Seguro de Desempleo, el nombre es lo menos importante, la consecuencia es lo que urge que suceda. 

En México la problemática es más grave que en EU, pues aquí como en muchos lugares de Latinoamérica el Estado no cuenta con un seguro de desempleo como en EU, motivando que la gente necesite salir a trabajar o conseguir dinero para vivir, por tal motivo no se puede resguardar en casa, hoy estamos en una situación de muy alto riesgo, pues estamos caminando hacia lo peor de la pandemia en México y con una población reventada y empobrecida y sin alternativas de subsistir.

Esta iniciativa que ya está en el Congreso de la Unión, urge que la retome el Congreso del Estado de Puebla y se construyan los procesos y las acciones, aquí es donde necesitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con todas las instancias de derechos humanos para construir procesos, reconfigurar presupuestos y aliviar la tensión social, urge destensar la presión que millones de familias está viviendo, de lo contrario las consecuencia inmediatas serán mayor nivel de violencia familiar, incremento de la delincuencia y a largo plazo crisis humanitaria que difícilmente lograremos salir adelante. Urge el llamado salario mínimo vital donde todos los estados del País se sumen al esfuerzo que a nivel nacional pudiera realizar. Hoy necesitamos de todos.