El gobierno mexicano no tiene medidas efectivas que atiendan a las mujeres dentro de la situación de violencia que enfrentan en la actual emergencia sanitaria, a pesar de ser la primera línea de contención de la pandemia.

Los números del propio gobierno advierten de la situación crítica que ellas enfrentan en esta pandemia: 375 feminicidios a nivel nacional en los primeros cinco meses de este 2020, de los cuales tres se ha permanecido en confinamiento.

Puebla ya acumula 28 casos a mayo, una diferencia de 1, respecto de Ciudad de México. Colocando al estado en el quinto lugar nacional con mayor número de carpetas de investigación por feminicidio.

Las mujeres son población vulnerable por verse en reclusión forzada con su principal agresor, tema que en Puebla sigue en ascenso sin que se reduzca la tendencia. ¿Qué pasa con los grupos poblacionales doblemente vulnerables? Como los son las mujeres indígenas.

Puebla no sólo es un estado en alerta por feminicidios, también es el cuarto con mayor población indígena: 601 mil 680 personas.

El nivel de contagio por el virus Covid-19 tal vez no sea la mayor preocupación de la población indígena, pero la carencia de acceso a servicios de salud de calidad y cercanos, el conocimiento de programas de prevención de violencia y la posibilidad de acceder a información oportuna y transparente, vulnera cada día sus derechos humanos.

Para Norma Don Juan Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), la violencia de género es estructural y agudiza problemáticas históricas que han tenido que enfrentar las mujeres.

En entrevista con esta columnista, Norma hace énfasis en las luchas de territorios, explotación laboral y violencia institucional que han enfrentado las indígenas en México durante años y que hoy con la pandemia del coronavirus se han marcado más.

Desde la discriminación institucional en salud que pasa por la imposibilidad de acudir a centros de atención médica por la distancia con las comunidades hasta el señalamiento a los sistemas de curación tradicionales o la facilidad del gobierno para suspender por casi un semestre los recursos a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) en el país.

La idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de las «familias solidarias» que cobijan y no violentan, preocupa pues parece haber un olvido u omisión sobre la lucha de organizaciones civiles para combatir la violencia familiar como lo hacen las CAMI, y aún peor, no hay interés de sumar y coincidir en políticas públicas.

No sólo es el traslado entre comunidades indígenas en México, el acceso a servicios de salud, las mujeres indígenas no pueden comercializar sus productos, sus ventas están detenidas igual que las participaciones en ferias, mercados y centros comunitarios, sus derechos laborales están abandonados.

Los planes de reactivación de la economía no involucran a las comunidades indígenas, no hay una evaluación en el tema y, por ende, la reacción a un problema que podría generar mayores afectaciones, se ha tornado invisible en la política pública de la federación, el estado y los municipios.

Yuteita Valeria Hoyos, representante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, puntualiza en esta problemática en medio de la pandemia, cuando las mujeres han sido cabeza de familia principalmente en zonas indígenas y hoy se encuentran vulnerables económicamente y sin políticas públicas de atención focalizada.

Ejemplifica: la Sierra Negra con cabecera en Tehuacán, donde está ubicada la CAMI de Coyomeapan, atiende a una población de más de 10 mil indígenas a los que llegar a un hospital les implica más de cinco horas de distancia.

Enfrentar estas barreras parece lejano, advierte Yuteita, pues el INPI, dependencia responsable, no asume diálogos con las autoridades estales, municipales y locales, como si no existiera la Guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicano ante el COVID-19, en lenguas indígenas.

Consulta de la guía: https://www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-y-afromexicano-ante-el-covid-19-en-lenguas-indigenas?idiom=es

Lo de siempre, intenciones que se quedan en discursos políticos o gubernamentales, pero que no aterrizan en acciones específicas que retribuyan a grupos vulnerables, no hay tampoco programas de evaluación de alcances, lo que ha propiciado, las problemáticas históricas, desigualdades sociales y que las comunidades indígenas no puedan abandonar la vulnerabilidad.

La Red Nacional de Abogadas Indígenas ha sido una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra del recorte presupuestal a las CAMI, así como a la permanente pobreza y marginación estructural que enfrentan las comunidades indígenas en México. Surgió en 2011 como un proyecto de defensa y capacitación frente a violaciones a derechos de mujeres en poblaciones indígenas, así como en sistemas de justicia tradicional.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas tiene representación en 17 estados del país: Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México. Inició operaciones en agosto de 1997 en Oaxaca, con la participación de 800 mujeres de todo el país. Su trabajo se centra en la defensa de las luchas indígenas y respeto a sus derechos.