Hablar sobre la democracia resulta un tema con muchas aristas en un país como México en el que el pasado nos recuerda los resquicios de un legado autoritario y de una lucha complicada por lograr la apertura democrática.

Como es sabido durante casi todo el siglo XX el sistema político mexicano se caracterizó por concentrar el poder en manos de un solo partido, pero, resulta interesante que a diferencia de otros países latinoamericanos que atravesaban por gobiernos militarizados y profundamente autoritarios, en México existía una renovación sexenal de los poderes en un marco constitucional, es decir, existían elementos procedimentales propios de una democracia. 

La evolución de las instituciones electorales juego un rol fundamental en la construcción de nuestra incipiente democracia, podemos ubicar en 1917 la creación de los Colegios Electorales que eran encargados de realizar la organización y calificación de las elecciones, integrados por miembros de la Cámara de Diputados. 

Posteriormente en 1946 el presidente Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral creando la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de gobernación, miembros del poder legislativo y representantes de partidos políticos, pero únicamente los de mayor relevancia.

Se puede ubicar en 1977 un año importante para la democracia mexicana, ya que en este año se promulgó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que permitió la incorporación del Partido Comunista de México que se encontraba operando en la clandestinidad al sistema de partidos, sin embargo, esta reforma política no modificó sustancialmente a las instituciones electorales, la Comisión Federal Electoral continúo conformada por el secretario de gobernación, miembros del poder legislativo y representantes de los partidos políticos con registro.

Pero es en la elección de 1988 que la democracia encuentra un punto de inflexión en su desarrollo, la coyuntura política generada a raíz del conflicto post-electoral dio como resultado que se comenzara a plantear una de las reformas más importantes del sistema político mexicano, en ella se propuso la creación del Instituto Federal Electoral con el objetivo de dotar a las elecciones de certeza e imparcialidad. 

Los años siguientes se expidieron una seria de reformas que fueron dotando al IFE de una serie de atribuciones tales como integrar un padrón electoral confiable, regular el registro de partidos políticos, organizar los procesos electorales con plena autonomía y expedir las constancias de mayoría a los candidatos ganadores.

Si bien no podemos afirmar con total certeza que la construcción de las instituciones electorales es una plena garantía del desarrollo democrático, sí han logrado avances en la materia palpables. La alternancia en el año 2000 demostró que se había logrado establecer un sistema de competencia de partidos políticos efectivo como para lograr el arribo al poder del Partido Acción Nacional después de casi siete décadas de hegemonía de partido único.

Los retos de las instituciones electorales en México como la disminución del costo de las elecciones, la fiscalización de los candidatos entre otros elementos que han puesto en la mira al INE, no pueden ser superados con un debilitamiento de la autoridad electoral reduciendo su estructura o modificando su naturaleza, mucho menos con un posible planteamiento de integrar órganos electorales con presencia de miembros del poder ejecutivo. Sin duda la incipiente democracia mexicana tiene un camino largo por recorrer, pero será la defensa de los avances (valorados en su justa dimensión), la que nos pueda dar una perspectiva objetiva sobre qué hacer. 

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