Juan Luis Hernández*

Uriel Villegas Ortiz, se llamaba. Fue asesinado junto a su esposa. Sus dos hijas pequeñas fueron testigas del cruel crimen. Aconteció el 16 de junio pasado en Colima. Durante todos estos días este asesinato ha estado en la periferia de la discusión pública y de la agenda mediática. Mientras avanza la polarización anti o pro AMLO, muchos otros acontecimientos suceden frente a nosotros cuyas dimensiones pueden ser más importantes que lo que se discute, muchas veces de manera banal, cotidianamente.

La víctima era juez federal. Entre los asuntos de gran calado que llevó en sus manos, está el expediente del hijo del presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, extraditado a Estados Unidos. Hasta ahora parece ser la principal línea o hipótesis que aparece en el escenario. Una venganza de quienes se han configurado como los principales criminales del país. El juez había pedido que le retiraran su escolta, que ya no la necesitaba. Estaba en Colima, uno de los estados, junto a Jalisco, en el que no cabe otro grupo criminal más que el que hemos referido.

Italia y Colombia tienen gran experiencia en la implicación de los jueces para enfrentar a las mafias y los cárteles. Probablemente los casos más paradigmáticos sean los de los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, asesinados por la Cosa Nostra siciliana en 1992. Ambos representaron en su momento la cara honesta y audaz del estado italiano, que como el nuestro, estaba carcomido y complaciente con las tres principales mafias del país. El Poder Judicial italiano encabezó la lucha del estado para desarticular una manera de ser y hacer crimen organizado de siglo y medio. Los políticos y los partidos políticos de entonces se desentendieron y dejaron a los jueces solos. Aun así, sus progresos contra la mafia fueron tales que la Cosa Nostra siciliana los asesinó con los famosos métodos de “ejemplaridad”. 25 años después los italianos los han erigido como héroes nacionales y siguen destacando su “tenacidad, valor, intuición, inteligencia y rigor moral”.

En Colombia los jueces enfrentaron el poder corruptor de Pablo Escobar. Unos lo aceptaron y quienes no lo hicieron encararon acciones terroristas. Tuvieron que inventar a los jueces sin rostro para proteger de alguna manera sus resoluciones. Una vez más, el poder judicial colombiano se quedó muchas veces aislado frente a políticos que veían más ventajas que desventajas el convivir con un grupo fáctico criminal al que se cree que nunca se va a poder vencer.

En México son muy escasos los crímenes de alto impacto contra jueces. Se cuentan con los dedos de las manos, 2006 y 2016 los últimos asesinatos de jueces federales. Uno de ellos parece que con relación al expediente del Chapo Guzmán. Pero en general, los cárteles mexicanos se han cuidado de no escalar sus acciones hacia los jueces que llevan casos de capos en procesos judiciales o en procesos de extradición a Estados Unidos. Esta vez, el asesinato del juez Villegas podría llevar a preguntarnos qué papel juega el poder judicial en México contra el crimen organizado.

El caso Villegas nos pone sobre la mesa la ausencia de datos e investigación sobre el poder judicial en México y su relación con los sucesivos cárteles en los últimos 20 años. ¿Qué porcentaje de jueces federales están amenazados y cooperantes con el crimen organizado? ¿Qué porcentaje de jueces se juegan la vida todos los días con sus resoluciones para proteger a los mexicanos de los ejércitos privados criminales? ¿qué tanto apoyo tienen los jueces para hacer un trabajo honesto y valiente?

Está también por desentrañarse la frase de Arturo Zaldívar, presidente del Poder Judicial en México quien afirmó que el caso Villegas era “un crimen de estado”. Un crimen de estado se organiza, planea y ejecuta con recursos del propio estado, con el silencio de las propias autoridades. ¿Qué quiso decir el ministro Zaldívar?

Una vez más apelamos a la necesidad de que haya una política de estado para enfrentar el poder del crimen organizado en México. Ello implicaría un acuerdo con todas las fuerzas políticas del país, los tres niveles de gobierno, el poder legislativo y el poder judicial. Hasta ahora sólo hay desconfianza entre ellos y por lo tanto, matar, pero sobre todo, matar impunemente, se ha convertido en una acción relativamente fácil en el país.

Sean estas líneas un homenaje al juez Villegas y a quienes en los juzgados, federales o locales, los ciudadanos tenemos aliados que defienden, a contracorriente, nuestra paz y nuestra seguridad.

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.