Hace unos días, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, hizo público el compromiso de no realizar cortes de energía eléctrica durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por Covid, lo cual se agradece. 

El problema es que, entre abril y mayo, justo en plena pandemia, la CFE dejó sin servicio eléctrico a más de medio millón de familias en todo el país por falta de pago.

Y Puebla fue uno de los estados más afectados: cerca de 40 mil familias se quedaron sin luz en nuestro estado, no porque no hayan querido pagar, sino porque en muchos casos, se encontraban en el penoso dilema de pagar la luz o comer.

Es inconcebible, que en estos momentos de emergencia nacional la CFE sea incapaz de aplazar el pago de luz a las familias más vulnerables; y que son las que más están padeciendo los estragos de la falta de empleo.

Quedarse sin luz significa no poder usar el refrigerador y que se eche a perder la poca comida que se tiene. Significa no poder usar el teléfono ni tener Internet. Para las niñas, niños y jóvenes también implica no tener televisión y, por tanto, no poder acceder a los programas educativos de la SEP.

Como lo comenté en su momento en este mismo espacio, durante el mes de abril, 12 millones de personas se quedaron sin empleo y, por lo tanto, sin ingreso. Esto equivale, casi a la población completa de algunos países del mundo como, por ejemplo, la de Guatemala, Cuba, Grecia o de Bolivia.

Cortarle la luz a una familia en estos momentos de crisis económica y de salud, constituye un atentado contra los derechos humanos básicos de las y los mexicanos. Sobre todo, cuando para nadie es un secreto que los más de 90 mil trabajadores de CFE reciben el servicio de luz de manera gratuita y que en Tabasco, se le sigue proporcionando el servicio a 60 mil hogares que tienen adeudos de años.

Es cierto que la decisión de la CFE de ya no cortar la luz a quienes carecen de recursos, sin duda, es un gran avance. Pero la verdad, es que es una medida insuficiente ante la dimensión del problema que viven millones de familias que siguen sin servicio por falta de pago o que les ha llegado el recibo hasta tres veces más elevado que antes. 

Por eso, en mi calidad de diputado federal, el viernes pasado presenté un nuevo punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, exhortando enérgicamente a la CFE, primero, a que reestablezca de forma inmediata y sin cobro de por medio, el servicio de energía eléctrica a quienes les cortaron la luz por no poder pagar sus recibos en abril y mayo. Si lo que quieren es que la empresa no pierda, podrían aplicar, por ejemplo, algún tipo de esquema para diferir los pagos pendientes a lo largo del segundo semestre. 

Y, segundo, a que regrese a la clasificación de bajo consumo a millones de usuarios que se han visto afectados por los aumentos desproporcionados en el cobro de sus recibos. Esta medida tiene que ser retroactiva a principios de marzo, cuando la sociedad tomó la iniciativa de quedarse en casa.

No olvidemos que, en abril, la CFE determinó que no serían considerados los consumos extraordinarios de luz durante la emergencia sanitaria, precisamente para evitar la reclasificación y, por tanto, el aumento de tarifas. Sin embargo, esta medida se ha visto totalmente nulificada, con los recientes aumentos observados en los recibos de luz. Millones de usuarios se quedaron sin ingresos, y no están en condiciones de pagar dos o tres veces más de lo que se les cobraba antes de la pandemia.

En fin, creo que tenemos que seguir insistiendo, cada quién desde su trinchera, para que, en esta coyuntura de crisis sanitaria y económica, nadie se quede sin este servicio vital que es la energía eléctrica. Por lo menos durante el tiempo que dure esta emergencia, se deben tomar medidas extraordinarias para apoyar a la gente más desprotegida. 

Todos tenemos que contar con energía eléctrica en nuestros hogares. Es un derecho universal reconocido internacionalmente. Sobre todo, en estos momentos en que muchos necesitan de toda nuestra solidaridad. No podemos permitir que una empresa del Estado mexicano como la CFE, incumpla su responsabilidad de velar por el bienestar de las familias mexicanas.