En las escuelas no hay ladrones

  • Gustavo Santín Nieto
La Escuela es Nuestra; una de las primeras piedras de la democracia participativa.

Cartas a Gracia

 

Los boletines No. 158 “Crea La Escuela es Nuestra empleos importantes para generar bienestar en una etapa de transición hacia la Nueva Normalidad” y No. 161 “Representa La Escuela es Nuestra una de las primeras piedras de la democracia participativa”, mismas que publica la SEP y que se pueden consultar en la página de la dependencia,  Gracia, rinden cuentas del estado y del avance en el que se encuentra el denominado “proyecto insignia” de la actual administración. En el primer boletín mencionado se consigna, que al 16 de junio de 2020, se habrían constituido “50 mil 356 Comités Escolares de Participación Administrativa” (CEAP) que representarían a un igual número de escuelas; cifra que equivaldría al 22.91% del total de escuelas públicas de educación obligatoria, sumadas las 198 mil 731 escuelas de educación básica y las 21 mil 010 de educación media superior. Sin contar a las escuelas de financiamiento privado, en el ciclo escolar 2019-2020, 1 de cada 5 escuelas cuentan a la fecha con el comité que les permitiría administrar los recursos gestionados que les fuesen entregados, como ya sucediera -lo consigna la publicación- con 49 mil 348 planteles (el 98.2% de las escuelas citadas) a quienes se les entregaron 9 mil 155.4 millones de pesos; monto considerable, pero a todas luces, insuficiente para el número de escuelas y para las mejoras que se requieren. Resaltaría, y valdría la pena hacerlo, que del total de las escuelas consignadas originalmente participan en el programa 30 042 planteles “de los 34 mil 235, es decir el 89 por ciento del total”; planteles que porcentualmente representan al 67.56% de las escuelas con CEAP.

¿De qué hablan las autoridades educativas Gracia, cuando hacen referencia a los Comités Escolares de Administración Participativa?, figura contemplada en la fracción XIII del Artículo 34 de la Ley General de Educación como constituyente del Sistema Educativo Nacional. De acuerdo al Manual del Comité Escolar de Administración Participativa del Programa La Escuela es Nuestra, los CEAP serían los instrumentos que recibirán y administrarán “de manera responsable” los recursos para la construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación, asignados por el Gobierno de México. 

Quienes comandan a la oficina educativa del gobierno federal, emitirían “los lineamientos de operación de los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes para los planteles de educación básica y, en su caso, de media superior”. Lineamientos que madres y padres de familia, personal docente, directivo y el alumnado pueden consultar en la página de internet; sitio en el que se publica el Manual del Comité Escolar de Administración Participativa derivado -entre otros lineamientos- del Artículo 106 de la LGE, con la finalidad de “dignificar las condiciones” -deplorables- en que se encuentra la infraestructura escolar en todo el país; “evitar la corrupción […] fomentando el uso honesto de los recursos” y agilizar su entrega; convertirse en un mecanismo de organización política que incluya la participación del estudiantado, lo mismo que de madres y padres de familia, “en la toma de decisiones” y, en el caso de los últimos, integrarlos para lograr que participen activamente en la educación de sus vástagos; y, como se señala en los boletines, buscaría adicionalmente “reactivar las economías locales mediante la inyección directa de recursos en las comunidades”, como enfatiza Moctezuma. 

Los lineamientos preverían la elección de los integrantes de los CEAP mediante asambleas escolares. Estas últimas, se diferenciarían de otras similares porque en ellas habría una participación “amplia” de la comunidad escolar -incluidos las y los alumnos a partir del cuarto año de primaria- y, a falta de madres, padres de familia y tutores, establecería la asistencia de algunos seres esotéricos denominados cuidadores; personal directivo y docentes, incluyendo a “figuras educativas” sin definir a quienes se refiere, y miembros de la comunidad. La asamblea -citada seguramente ex profeso- designaría al CEAP y decidiría qué hacer con el presupuesto entregado por las autoridades escolares; “supervisaría” los trabajos y recibiría las cuentas que rindieran los miembros del comité, aunque sus encomiendas se encuentren reservadas al Comité de Planeación y Evaluación del Consejo Técnico Escolar previsto en el artículo 109 de la propia LGE. Comité que tendría a su cargo, entre otras cuestiones, “formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, (y) el equipamiento”.

En el manual se establecería que el Comité de marras se integraría por un presidente a designar entre las y los cuidadores; figura que abriría la puerta para que vivales profesionales -que no son pocos- especializados en jinetear las aportaciones voluntarias que obligatoriamente entregan madres y padres de familia a la mesas de padres de familia, se incrusten en el CEAP. Un secretario que podría ser ajeno al plantel si recayera la encomienda en una “figura educativa” no definida; una tesorera a elegir entre una madre o una tutora, partiendo de la premisa de que la mujeres son más honradas, aunque la experiencia señale casos en las que ellas, tienen un actuar cuestionable; dos vocales de entre todos los mencionados y, a pesar de ser los más numerosos, un estudiante sin derecho a voto, siempre y cuando cuente con autorización de quien sea su responsable.

La hipótesis del manejo honesto y eficiente de los recursos que entregará a las instituciones el Programa La Escuela es Nuestra, recaería en quienes fueran designados como miembros de los CEAP, como también la responsabilidad para extender el beneficio económico a la comunidad, producto de la dispersión de los recursos asignados a los planteles escolares, sin embargo, quienes la aceptasen, deberían tomar en cuenta que harán gratis la chamba de un gobierno que se adelgaza y socializa sus obligaciones y, que eventualmente podrían ser sujetos de alguna auditoria gubernamental al manejar recursos públicos y de la maledicencia de la gente que les acuse de favorecer a sus amistades y transarse la lana, aunque no fuese cierto.

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Gustavo Santín Nieto

Poblano por elección. Profesor Educación Primaria, licenciatura en Economía UNAM y Maestro en Administración Pública INAP Puebla. Asesor de SEP en varios estados. Miembro SNTE. Dirige IUP y Coordina la AUIEMSS