El brote del Coronavirus apareció en China a finales de 2019. Pasaron unas semanas para que el ataque del nuevo virus se declarara una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. El virus era desconocido y se propagó con gran velocidad, primero a Europa y luego a Estados Unidos y Canadá. Desde entonces no ha detenido su propagación y hoy son más de 450 mil muertos por su causa.

En México se registró el primer caso el 27 de febrero. La reacción inicial del gobierno mexicano fue minimizar su importancia y capacidad devastadora. No hubo muestras de que el gobierno preparara al sistema sanitario para la inminente llegada del virus. Se perdieron semanas preciosas de previo aviso. Tampoco se alertó a la población sobre la gravedad de la pandemia. Mucho menos se diseñaron programas de política económica y social para enfrentarla, como estaba ocurriendo en Europa.

La narrativa gubernamental fue caracterizada por mensajes contradictorios entre el presidente de la República y el Dr. López Gatell, autoridad designada por la Secretaría de Salud. Mientras el presidente subestimaba el peligro y consecuencias de la epidemia, el segundo ofrecía medidas de protección que no eran seguidas por el mismo presidente López Obrador.

La estrategia gubernamental fue monitorear la epidemia en México a través de muestreo, el modelo “Centinela”, y permitir el contagio de rebaño señalando que la tasa de letalidad era muy baja. Desde el primer momento se mencionó la aparente disyuntiva entre mejorar lo sanitario, o cuidar la actividad económica. Por tanto, no se aplicarían pruebas masivas para identificar focos de contagio ni mecanismos de aislamiento de quienes resultaran contagiados. No se aplicaron medidas de distanciamiento social de manera estricta ni se actuó en tiempo para evitar la proliferación de los contagios. Se consideró que hacerlo iba en contra de la actividad económica.

El gobierno se rehusó una y otra vez (hasta la fecha) a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa. Ahí estaba el dilema sanitario versus el económico. Sin ese sustento para las familias era imposible que millones de personas pudieran observar distanciamiento social. Sólo el Banco de México, los gobiernos estatales y diversas organizaciones de la sociedad civil tomaron acciones para paliar la problemática y evitar el contagio de la crisis al sistema financiero.Positivas, pero insuficientes.

Proliferaron las propuestas para enfrentar la pandemia. Desde el primer momento aparecieron instituciones sociales y civiles, universidades y centros de investigación, legisladores de todos los partidos e individuos especialistas que recomendaron medidas para dotar de ingresos de emergencia a la población en el mercado informal (ingreso vital de emergencia), compartir temporalmente el costo de la nómina formal entre patrones, trabajadores y gobierno (ingreso solidario), aplicar una variedad de medidas específicas y otras macroeconómicas para evitar el colapso de la actividad económica, y diseñar acciones que permitieran salir de la crisis de manera rápida. Estos grupos dejaban en claro que el aparente dilema entre mejorar la salud y evitar muertes innecesarias, o reactivar la actividad económica cuanto antes para evitar las graves consecuencias sociales, era falso. No había tal dilema. Lo que ayudara a lo sanitario también ayudaría a lo económico.

La respuesta del gobierno fue un NO tajante, definitivo. Así, el gobierno y el país quedaron atrapados en la disyuntiva, en el falso dilema entre mejorar lo sanitario o mejorar lo económico. 

Los efectos de esta política gubernamental han sido catastróficos. El número de contagios sigue aumentando después de tres meses de la declaración de distanciamiento social (entre tres y cinco mil por día), el número de fallecimientos ha llegado a más de 19 mil y sigue en aumento. Al mismo tiempo ya inició el relajamiento de las medidas de movilidad y distanciamiento social. Ante este panorama, no se percibe ninguna acción de política pública consistente que permita prever el aplanamiento de la curva en el futuro cercano. La pandemia parece estar fuera de control.

El escenario económico y social está igual de devastado. Prácticamente todos los analistas e instituciones pronostican que la actividad económica se contraerá al menos un 8% en 2020, y todo apunta a que la recuperación será muy lenta en el 2021 y años subsecuentes. De acuerdo con el INEGI, 12 millones de personas dejaron de tener ingresos en abril; el EQUIDE de la UIA CdMx estima que a fines de 2020 habrá cerca de 95 millones de personas en pobreza, con mayor carencia alimentaria, y son las mujeres y los niños quienes cargarán el mayor peso de la crisis. La pobreza y la desigualdad en México están empeorando cada día que pasa y continuarán en los próximos meses y años.

Y mientras tanto, pareciera que la tragedia no ocurre, que hemos normalizado la muerte de la misma forma que hemos normalizado los homicidios, que la BOA es más importante que el hambre de la gente que pronto se manifestará. Pareciera, o así quieren hacer parecer, que este desenlace estaba en el destino de los mexicanos.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Signos Vitales

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

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@EcardenasPuebla