Tanto las autoridades educativas locales como las federales “harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan”, así se establece en el Artículo 152 de la Ley General de la Educación del Estado de Puebla. Producto de la armonización mandatada por el Transitorio Octavo del Artículo 3º Constitucional reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, y cuyos antecedentes se encontrarían en los artículos 177, 178 y 179 de la Ley General de Educación y, específicamente, en el Artículo 179 que a la letra señala: “Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan”. Lo anterior, con la salvedad de establecerse en el artículo que le antecede, que se usaría sólo “si se impidiere materialmente la ejecución del acto de clausura y siempre que el caso lo requiera, el servidor público comisionado para llevar a cabo la diligencia solicitará el auxilio de fuerza pública […]”; cuestión que no se aclara en la ley armonizada por el Congreso del Estado, ya que en el Art. 151 de la LEEP, equipara la revocación de la autorización otorgada a particulares a los “efectos de clausura del servicio educativo de que se trate”, pero que omite la condición de oponerse físicamente a la clausura dictada en el ordenamiento nacional.

Independientemente de la buena fe y de la justificación con las que los artículos citados hayan sido redactados tanto por el Congreso de la Unión como por el Congreso del Estado de Puebla, texto integrado en ambos casos al capítulo II “De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares” de los Títulos Décimo Primero de la Ley General de Educación y Décimo Segundo de la Ley de Educación, denominados ambos "De la educación impartida por particulares", los artículos  redactados dejan un mal sabor de boca. 

La memoria se encuentra repleta de malas experiencias causadas por la intervención de la fuerza pública a las instituciones de educación -con independencia de que su financiamiento fuese público o privado- y, sin ir más lejos, baste recordar que hace 5 días Gracia, se conmemoró el 49 aniversario luctuoso de la agresión y matanza perpetrada en contra de estudiantes que en el entonces Distrito Federal, se manifestaban en apoyo a las demandas enarboladas por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (el 10 de junio de 1971, conocido como “Jueves de Corpus”); universitarios que rechazaban la intromisión del gobierno del Estado de Nuevo León ante la imposición de una ley orgánica a modo. Y, aunque la agresión a las y los marchistas se realizó en la Ciudad de México y corrió a cargo de un grupo paramilitar, deja un amargo sabor en la boca.

Para no salir de Nuevo León Gracia, recordaríamos el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo; jóvenes que cursaban estudios de maestría en el Campus Central del Tecnológico de Monterrey y que, en 2010, fueron asesinados en las instalaciones de esa institución de educación superior y a quienes, según las crónicas locales, les sembraron armas  y fueron acusados de pertenecer al crimen organizado, como lo reconociera posteriormente el mismo gobierno: “ El 19 de marzo de 2019 el gobierno de México admitió que Mercado y Arredondo eran inocentes y fueron asesinados, revictimizados y su honor fue puesto en duda, por lo cual pidió una disculpa pública por estos hechos. Los responsables de los hechos no han sido sancionados” (shorturl.at/ikLNY).

Años antes y para ser justos con la fecha, el 7 de julio de 1977, la policía del Distrito Federal ingresaría a las instalaciones de la UNAM para terminar con una huelga estallada por el STUNAM y declarada ilegal por la Junta de Conciliación y Arbitraje, como comenta Carlos Pallán Figueroa. El despliege de fuerza había sido brutal; miles de efectivos rodearían a las instalaciones de Ciudad Universitaria y a eso de la media noche, iniciarían con la detención de trabajadores administrativos, docentes y estudiantes que hacían guardia en las diferentes dependencias y escuelas. Uno tras otro, eran enviados en “cómodos autobuses” al cuartel de la policía que se ubica en la colonia Balbuena. Al final, la boca se endulzaría con el reconocimiento legal del sindicato universitario. También en la UNAM, el 4 de febrero del año 2000, ingresarían contingentes de la Policía Federal Preventiva para cumplimentar un mandato judicial que restituyera “los bienes de la Universidad Nacional Autónoma de México a las autoridades universitarias”; más de 400 estudiantes y algunos maestros, habrían sido detenidos por la Policía Federal y remitidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (https://www.jornada.com.mx/2000/02/07/liber.html.).

La Universidad Autónoma de Puebla también tiene su historia, Gracia. El 1 de mayo de 1973, francotiradores señalados como agentes de la policía judicial, apostados en los techos de diferentes edificios del centro de la ciudad, asesinarían a 4 universitarios emplazados en la azotea del edificio Carolino. Gonzalo Bautista O’Farril, a la sazón gobernador interino del Estado, intervendría en un conflicto ideológico en la que los actores se identificaban como FUAS, por parte de la derecha y Carolinos, por parte de las izquierdas y del Partido Comunista Mexicano, con los saldos funestos ya comentados.

Te relato parte de lo que recuerdo. Cinco “acciones” gubernamentales, de las cuales, tres terminaron con jóvenes asesinados sin que el uso de la fuerza policial estuviese legalizada por algún ordenamiento universitario y, por eso, creo que incluirlas en el texto de una ley general y de las 32 locales -que deberán ser armonizadas- constituye un riesgo innecesario que hay que evitar a toda costa. “Pa’ que tanto brinco estando el suelo tan parejo”, Gracia.