Siendo Ebrard jefe de gobierno del Distrito Federal, se construyó la línea 12 del Metro donde se han invertido ─o mejor dicho, dilapidado─ más de 40 mil millones de pesos. Obra que por su elevado costo es conocida popularmente como la Línea de Oro.

Se trata de una obra de 26 kilómetros de longitud, mal hecha, con notables fallas de planeación, diseño y construcción. Cuyo costo inicial se incrementó 48%. Aumento que duplicó el financiamiento inicialmente programado. Obra que resultó proporcionalmente más costosa que el fallido proyecto de Peña Nieto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro (de 210 kilómetros de longitud) cuyo monto se consideró en 50 mil millones de pesos.

Ante la posibilidad de enfrentar un proceso penal por el presunto fraude que se cometió en esa obra pública mal hecha, Ebrard salió del país para refugiarse durante cinco años en la ciudad de París. Hoy, con la seguridad que le garantiza la desmemoria del pueblo sabio y bueno de la Ciudad de México y con el impulso y marcado respaldo que le proporciona el presidente López Obrador, Ebrard es  secretario de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, con la anuencia presidencial, también se desempeña  como cuasi vicepresidente de la república, interviniendo en asuntos que conciernen a las secretarías de Gobernación y de Salud. Dejando a sus titulares Olga Sánchez y Jorge Alcocer en calidad de floreros.

Aunque López asegura que por donde quiera que camina encuentra indicios de corrupción, hasta ahora no se ha detenido ni procesado penalmente a nadie y, por consiguiente, la corrupción y la impunidad, prevalecen intocables y creciendo inconteniblemente. El caso  de Rosario Robles que está privada de su libertad, más que un acto de combate a la corrupción tiene aspecto de venganza personal por parte de López.

Sin tener idea y menos una estrategia adecuada para enfrentar con eficiencia y buenos resultados el robo de gasolina, al presidente López se le ocurrió ordenar, mediante un decretazo verbal el cierre de las llaves de los ductos que la distribuyen, para evitar, según dijo, que los huachicoleros continuaran robando ese combustible. Sin embargo, lo único que logró López, con su precipitada e irreflexiva decisión, fue provocar una prolongada escasez de gasolina en todo el país. Para restablecer el suministro de ese combustible  sin abrir las llaves de los gasoductos ordenó que se compraran 671 pipas pasando por encima de los procesos de licitación que estable la ley.

Durante este año y medio de gobierno de AMLO, el 80% de los contratos de obra pública y de adquisiciones gubernamentales se han asignado directamente a los ejecutores de obras públicas y a los proveedores del gobierno lópezobradorista.

Hace varias semanas un hijo del director de la CFE Manuel Bartlett Díaz, de nombre Manuel Bartlett Álvarez, mediante una asignación directa vendió al IMSS 20 respiradores mecánicos en 31 millones pesos, con un sobre precio de 42% y el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, persona muy allegada a López Obrador desde el tiempo que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, compró 225.2 millones pesos en cubrebocas desechables a razón de 6 mil pesos pieza.

Para atender a personas contagiadas por el coronavirus el gobierno federal ha efectuado ─y continúa efectuando─ compras precipitadas de material y equipo médico en cantidades y precios desconocidos por miles de millones de pesos, sin control de ninguna índole y sin efectuar los procedimientos licitatorios que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, amparándose en un decreto presidencial emitido por López Obrador que exime del mecanismo de licitación esas operaciones comerciales.

Las compras directas fueron en regímenes gubernamentales pasados y también son en el actual gobierno de López Obrador, una excelente oportunidad para que los servidores públicos que las efectúan obtengan ilícita e impunemente fuertes sumas de dinero por concepto de comisiones, mejor conocidas como diezmo.

A lo largo del año y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la corrupción, que en su campaña electoral se comprometió a erradicar, siendo ya presidente de la república, no solo no está siendo erradicada, sino lo que es peor todavía, está escalando a niveles inimaginables, que han ocasionado que comparando, en materia de corruptelas a AMLO con Enrique Peña Nieto, éste, retrospectivamente, resulte un irreprochable ejemplo de honestidad franciscana.

Un error más que se agrega a la ya larga lista de equivocaciones cometidas por el comandante en jefe de esa cosa conocida como 4T es el caso del avión presidencial. López lo ha convertido, sorprendentemente y con gran facilidad, en un enredado y confuso problema, al que no se le ve pronta y razonable solución. Lo único claro, hasta ahora, es que el austero presidente de la república le tiene a esa aeronave una anormal tirria, por decirlo con suavidad.

A pocas horas de tomar posesión de la presidencia de la república, López anunció que el avión presidencial saldría a Estados Unidos para su venta. A nadie ha interesado comprarlo, incluyendo al presidente Trump y al primer ministro de Canadá, Justin  Trudeau que le ofrecido por el mandatario mexicano. Lo único  cierto y comprobable es que el indeseable avión tiene año y medio en U.S.A., devaluándose sin moverlo y pagando muchos miles de dólares por concepto de mantenimiento y renta.

No sabiendo qué hacer con él, a López se le ocurrió deshacerse del problema ─no resolverlo─ sortearlo a través de la Lotería Nacional. Pero además de los escollos jurídicos que impiden realizar esa  absurda operación, López se encontró con otro obstáculo: no lo puede porque todavía no es propiedad del Estado mexicano, toda vez que no se ha terminado de pagar.

El 22 de abril, en plena pandemia del coronavirus, cuando la cantidad de personas en situación de contagio entró a las estadísticas oficiales con la primera cifra de cuatro dígitos, a López se le ocurrió emitir un decreto presidencial mediante el que prácticamente se prohíbe, a rajatabla, a todas las dependencias que integran la Administración Pública Federal, ejercer “el 75% de su presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido (y) se cancelan diez subsecretarías”.

Al día de hoy, nadie sabe cuáles son las subsecretarías destinadas a desaparecer  y según parece tampoco lo sabe todavía el polémico e inepto presidente de la república.

Mediante ese decreto presidencial, a emitido muy al conocido estilito del señor López también se determinó reducir “en forma voluntaria el salario de los altos funcionarios públicos hasta un 25% en forma progresiva. De la misma (voluntaria) forma, los altos funcionarios no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.”

La inconformidad y las expresiones verbales ─de las personas afectadas─ contra el presidente de la república y su progenitora (que nada tuvo que ver con el sablazo que su polémico hijo asestó, ilegal y arbitrariamente, a una gran cantidad de trabajadores) quedan a la imaginación de los lectores de e-consulta.

Así, al finalizar la primera cuarta parte del mandato constitucional de López Obrador, es evidente que México, en materia económica, en el aspecto de seguridad jurídica para los inversionistas y de seguridad pública para los mexicanos y de combate real a la corrupción, sufrió un retroceso inédito porque el presidente de la república no fue capaz de lograr la mejoría que ofreció durante más de los doce años que  anduvo tras la presidencia de la república.