Cartas a Gracia

La disputa que rodea a la Ley de Educación del Estado de Puebla -jarana en la que incluso terciara el titular del despacho educativo federal- Gracia, permite recordar una frase pronunciada hace ya algunos ayeres por el finado M.V.Z. José Antonio Gómez Lince, ex catedrático de la Escuela Veterinaria de la Universidad Autónoma de Puebla, miembro de la coordinación tripartita de esa institución y que compartiera con sus colegas Armando Domínguez y José Manuel Cobo; asímismo, fue fundador de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia de financiamiento privado: “Las escuelas particulares no son un mal necesario, son un bien necesario para el desarrollo del Estado y del País y es mucho lo que aportan”.

La remembranza sale a colación, tras darse a conocer un video en redes sociales en los que se escuchan las mofas que un grupo de diputados -incluida una diputada- hacen, a costillas de varias instituciones de educación superior agrupadas en un consorcio de educación local, a las que presuntamente “expropiarían”, y también a la serie de desafortunadas respuestas que dos de ellos dieran a la comunicadora Fernanda Familiar; quien no se destacó por ser muy amigable. Por cierto que Gómez Lince y Armando Domínguez, orgullosos por su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México y por su tránsito como directivos y catedráticos de la Universidad Autónoma de Puebla, fueron “conminados” a despedirse -de no muy buena manera- de su segunda Alma Mater, tras sostener diferencias con la Rectoría de la UAP y con la célula del Partido Comunista que controlaba la escuela de Veterinaria en Tecamachalco, Puebla.

Si ya entrados en gastos, de la noche a la mañana y como por arte de magia, el Estado asumiera la responsabilidad constitucional que le obligara otorgar el financiamiento a educación de todos los niveles -incluida la obligatoria y a la superior-, prescindiendo de la aportación de los particulares, muchos rubros tendrían que cambiar, más allá de las expropiaciones de los bienes muebles e inmuebles, como festinaran los diputados. Entre ellos y de manera obligada, el rubro relacionado con el incremento del gasto y del presupuesto destinado por la administración pública al sector educativo; ya que a partir de ese momento, se prescindiría de la inversión y del gasto que realizan los particulares y debería en todo caso, sustituirla. De acuerdo a información proporcionada por el Banco Mundial, México destinaría en 2016 al gasto total en educación, tan solo un 4.9% del Producto Interno Bruto (shorturl.at/wzI07); cifra lejana al 8% que debería destinar de manera obligatoria. Del gasto educativo en 2019, correspondería un 3.1% al gasto de gobierno y 1.8% al gasto de los particulares; montos que, en pesos y centavos, equivaldrían al 64.26% y al 37.73% del PIB destinado al sector educativo respectivamente. El gasto educativo total alcanzaría la cifra de 1 453 461.3 millones de pesos, de los que corresponderían 1 054 108 mdp al gasto público y 399 353.4 mdp al privado, equivalentes al 74.4% y al 25.6% respectivamente; porcentajes y cifras consignadas en la publicación Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019, documento que corre a cargo de la Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública.

Independiente de los bienes muebles e inmuebles que se agenciaría la administración si la mofa, la chanza y la burla se hicieran realidad, muchos de ellos propiedad de grandes empresas corporativas transnacionales y otros los más, pertenencia de terceros perjudicados por la acción que se emprendiera y que se dedican a rentar sus inmuebles; quienes seguramente recurrirían a instancias legales para revertir la acción expropiatoria y/o demandarían el pago correspondiente. Habría otros rubros que impactarían; el primero, a la nómina de las y los docentes de escuelas particulares que en adelante correría a cargo de los gobiernos federal y estatales; y segundo, al número de alumnas y alumnos que tendrían que migrar al sistema público, además de otro egresos que impactarían al monto destinado hasta ahora, al gasto corriente y a los gastos en mantenimiento de las nuevas instalaciones a su cargo.

No habría que ir muy lejos Gracia, el primer cuadro del documento citado (pág. 11) arrojaría una muestra de la responsabilidad que el gobierno se echaría a cuestas si decidiese expropiar los bienes muebles e inmuebles objeto de la chanza. En principio, la administración tendría que hacerse cargo de 5 321 481 alumnas y alumnos más, el 14.52% del total (36 635 816), que cursan sus estudios en escuelas de financiamiento privado. De los 486 188 docentes que les atienden, el 23.14% del total, maestras y maestros que se sumarían al 1 615 089 que laboran al servicio del gobierno y que serían capaces de romper el endeble equilibrio que mantienen actualmente las dos expresiones sindicales mayoritarias, el SNTE y la CNTE, y que podría lastimar las alianzas que mantienen con el gobierno. Adicionalmente, se tendría que hacer cargo de 48 713 planteles propiedad de particulares, que corresponden al 18% de total de escuelas consignadas; con el San Benito de que las escuelas particulares a las que podrían calificarse como “fifis” serían una franca minoría y que muchas de las de básica -la mayoría- requerirían de un mantenimiento mayor. De las escuelas prticulares, el 70.68% (34 432) prestarían servicios de educación básica y tan solo el 6.67% (3 252) se dedicarían a la prestación de servicios de educación superior que incluyen estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Los risueños diputados deberían pensarla mejor y dejar de seguir invocando al diablo; no sea que se les vaya a aparecer y de la noche a la mañana, también desaparezcan esos casi 400 mil millones de pesos de gasto educativo que aportan las y los particulares. Como decía Gómez Lince, las escuelas particulares son un bien necesario hasta que el servicio público en México, tenga la calidad que caracteriza al servicio educativo en Finlandia.