Cartas a Gracia

“Ya me caíste bien gorda,

no quiero hacer la tarea contigo, 

ahora sí ya quiero entrar a la escuela y 

ver a mis amigos para jugar”

Niño de 6 años en reclusión domiciliaria

Antes de entrar al análisis de las reseñas periodísticas y de la sesiones virtuales del Congreso de Puebla, que dan cuenta de la aprobación -al vapor- de las Leyes de Educación de las entidades integrantes del pacto federal, debo -con mucha tristeza- comentar Gracia, un suceso ingrato vinculado con el actuar de las autoridades educativas federales, estatales, de muchas maestras y maestros y no pocas madres y padres de familia, quienes atosigan con el cumplimiento excesivo de “deberes”, a las y los menores con los que tienen alguna responsabilidad y que, por alguna circunstancia, se cruzaron en su camino. Tal es el caso de Emmanuel Sánchez; alumno que por la edad (9 años) cursaría el 4º grado en una escuela primaria ubicada en Chalchicomula de Sesma, y que tal vez, agobiado por el encierro, la sana distancia y el exceso de tareas, se quitó la vida (shorturl.at/hlyLR)

Aunque los argumentos varían Gracia, diversas organizaciones de izquierda integradas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo mismo que alguna(o)s Diputada(o)s de izquierda (Partido del Trabajo), centro (Partido Revolucionario Institucional) y de derecha (Partido Acción Nacional) de algunas legislaturas locales, representantes de universidades particulares y organizaciones empresariales como COPARMEX, coinciden en el rechazo de algunos títulos, capítulos, artículos o fracciones de una ley recientemente aprobada a la que acusan -lo menos- de abuso e intrusión y de carecer de una sanción a la inacción de las autoridades educativas ante el cumplimiento de obligaciones propias de su encargo, aunque estén sujetos a la Ley Federal (y local) de Responsabilidades de Servidores Públicos, y de la que cuestionan el mayoritéo utilizado para aprobar, primeramente, el proyecto de dictamen como posteriormente, la Ley General de Educación del Estado en los Congresos locales. Leyes que por orden constitucional deberían armonizarse con la Ley General de Educación, según lo mandataba el Artículo Octavo Transitorio del Artículo 3º Constitucional: "Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto", aprobado el 15 de mayo de 2019. Autorizaciones en las que, siguiendo el ejemplo federal, se hiciera valer la fuerza de las mayorías sobre la razón esgrimida por las minorías, como también sucediera a la inversa, en Nuevo León; entidad en el que la legislatura local, aprobó la inclusión de unas líneas antiaborto a propuesta de un diputado local del Partido Encuentro Social, aliado de Morena.

Y tienen mucha razón al señalar que las legislaturas locales no tomaron en cuenta el sentir de madres, padres de familia, maestras y maestros y tampoco el contexto regional y las necesidades locales; dejando al garete a la educación inicial y menospreciando a la educación especial y que, en algunas entidades, copiaron tal cual el texto de la Ley General de Educación. Cierto que, por angas o por mangas, las legislaturas locales no recurrieron -por lo menos- a una de las simulaciones a las que juega en el Congreso de la Unión: el parlamento abierto; rémora de la consulta popular estipulada como facultad del ejecutivo federal, en el tercer párrafo del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, extendido a los ordenamientos normativos de los Estados y los Municipios y, a pesar de eso, quienes osan aventurarse a esos circos mediáticos, saben de antemano que los convocantes a los foros de consulta popular -incluido la figura del parlamento abierto- tienen con antelación, un documento palomeado que aprobarán y publicarán, digan lo que digan las minorías.  

Coinciden, aunque por diversas razones en cuestiones fundamentales como los que te escribiera en párrafos anteriores, y expresan su enojo porque las y los diputados locales fueron incapaces de hacer su chamba y utilizaron un “machote” que amablemente les enviaran las autoridades educativas federales Gracia; formato que les ahorró tiempo de  estudio y trabajo garantizando cumplir al pie de la letra con los compromisos de las autoridades educativas federales, salvo honrosas excepciones. Por su parte Gracia, representantes de escuelas particulares señalan que, so pretexto de la armonización, se les imponen nuevas reglas del juego que obstaculizan el ejercicio de una profesión liberal, opinión alentada por la incorporación del mobiliario y de los inmuebles de las escuelas privadas que, a partir de octubre del 2019, “forman parte” del Sistema Educativo Nacional y, en mayo del 2020, son incorporados al Sistema Educativo Estatal. 

Sin embargo Gracia, las críticas más severas parten de aliados de Morena -el Partido del Trabajo y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-; organizaciones que exigen se incorporen a la ley local, tanto los programas de educación alternativos como los libros de texto de su propia manufactura, utilizados de manera regular en las  escuelas de origen federal y de origen estatal en las que tienen presencia. Los aliados denunciaron regresiones, no obstante y en esta ocasión, la mayoría parlamentaria ni los vio ni los oyó  dando por resultado una ley controvertida.