Durante lo que va de la emergencia sanitaria por la pandemia los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIP) desaparecieron de la escena pública.

Es inexistente la comunicación directa de los comisionados Laura Marcela Carcaño Ruiz, Gabriela Sierra Palacios y Carlos German Loeschmann Moreno con la ciudadanía que se quedó sin la protección de los derechos fundamentales que el ITAIP debe tutelar.

A ninguno le interesó, por ejemplo, mantener en operación las actividades con las que pueden garantizar de manera esencial los derechos de las personas respecto del acceso a la información y a la protección de datos personales.

¿Sabrán ellos cuáles actividades son ineludibles o prioritarias para atender y entender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2?

Y si lo saben, ¿por qué decidieron dejar la transparencia a la deriva justo en un periodo de caos que, bien sabemos, son los predilectos de quienes realizan acciones ilegales al amparo de la opacidad?

¿Era tan complicado mantener las funciones esenciales con el personal mínimo? ¿No pudieron implementar guardias presenciales para atender los casos que lo requieran?

La abulia de los tres comisionados raya en el insulto. No hay, no tienen los poblanos, quien los defienda de la opacidad, ni quién los oriente…, y ya sabemos que a la mayoría de quienes ejercen el poder no los caracteriza su gusto por la transparencia, que por eso se les llama sujetos obligados, ¿o no?

A diferencia del Itaip el Instituto Veracruzano de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IVAI), al menos organizó el 15 de mayo un Foro Virtual en el que diez organismos locales de transparencia dieron a conocer recomendaciones y analizar los retos ante la pandemia del coronavirus (covid-19).

El punto de coincidencia fue que ante la ola de contagios se brindó asesoría tanto a sujetos obligados como al público en general, y se implementaron capacitaciones virtuales y verificaciones de oficio.

Nada de eso, ¡ay!, hicieron Laura Marcela Carcaño Ruiz, Gabriela Sierra Palacios y Carlos German Loeschmann Moreno. Vamos, tan en serio se tomaron los tres aquello de quédate en tu casa que ni siquiera participaron en el foro y en representación del organismo poblano estuvo Manuel Ángel Díaz Martínez, Subdirector de Datos Personales.

Otro ejemplo está en lo que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) que decidió admitir, dar “trámite y resolver los medios de impugnación interpuestos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia tendientes a verificar el cumplimiento de la ley en relación con solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO sobre datos personales en posesión de sujetos obligados, incluyendo los procedimientos de investigación y verificación en el sector público en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable.”

Y a los sujetos obligados les pidió que cuando las gestiones y acciones que deban efectuar “para dar cumplimiento a una resolución del INAI, pudieren poner el riesgo la salud de persona alguna con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19, deberá hacerse del conocimiento del instituto, conforme al procedimiento previsto en el artículo 169 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el resto de la normativa aplicable.”

Nada de eso dispusieron Laura Marcela Carcaño Ruiz, Gabriela Sierra Palacios y Carlos German Loeschmann Moreno. Era más fácil irse a casa y, tan dejados ellos, recorrer del 1 al 30 de junio el plazo para la “carga y actualización de la información que realizan los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

Las sesiones ordinarias de pleno programadas para abril y mayo serán reprogramadas para junio, lo mismo que las del consejo consultivo.

La ausencia del Itaip del espacio público es inexplicable por la amplia gama de recursos tecnológicos con los que se cuenta para trabajar sin violar las disposiciones sanitarias de confinamiento y sana distancia.

Veámoslo de otra forma: el instituto recibió en 2018 un presupuesto de 22.5 millones de pesos; en 2019 se le asignaron 16.6 millones de pesos y para este 2020 su presupuesto es de 19 millones 486 mil 073 pesos.

Bien por el aumento presupuestal que lograron, aunque está lejos del de 2018.

Lo pelearon y fueron escuchados, pero ¿así con esa inactividad lo justifican?

Todos ganamos si el instituto retoma la actividad que le da naturaleza, si los habitantes saben que alguien se hace cargo de defender sus derechos.

@IsraelV_mx / israelvelazquez@gmail.com

*Director editorial de www.datamos.com.mx