AMLO ha deslizado -por enésima vez- la posibilidad de juzgar al expresidente Calderón por el desastre de su administración en términos de seguridad pública. López Obrador sostiene que lo hará siempre y cuando el pueblo lo quiera. Y con esa condicionante hunde aún más al país en el pantano de la impunidad. 

La sociedad camina descalza sobre más de 350 mil muertos que desde hace 25 años ha dejado la guerra contra el narcotráfico. Si alguien es responsable de esas muertes por sus malas decisiones, y si hay elementos para llevarlo a juicio, el pueblo no debe decidir si se le juzga o no: simplemente hay que sentarlo en el banquillo de los acusados y que los fiscales y jueces hagan su trabajo. 

El presidente juega la carta del juicio a Calderón y solo puede haber dos razones: que no haya elementos suficientes para juzgarlo o que considere que Calderón es más útil como oposición -desprestigiada y desgastada- de cara a los comicios de 2021 y de 2024. En cualquiera de los casos, flaco favor le hace el presidente al Estado de derecho: la indefinición de señalar alguien de atrocidades sin llevarlo a los tribunales mina el Estado de derecho. 

La impunidad es de vergüenza en el país como para que el presidente crea que a los exmandatarios solo se les deba juzgar si el pueblo así lo quiere. El pueblo es mal consejero para decidir sobre la procedencia para inculpar criminalmente a políticos o a cualquier miembro de la sociedad. En la plaza pública, el pueblo tiene derecho a lanzar consignas; determinar la comisión de un crimen no es cosa que deba dirimirse con linchamientos ni en zócalos. 

Algunos alegan que no es momento porque ahora nos debemos focalizar en la pandemia, pero, aunque salvar vidas ante el COVID debe ser prioritario, los temas que hieren al país no pueden ser dejados de lado porque la impunidad, el maltrato familiar, la inseguridad y una sociedad inequitativa es justo lo que hay que discutir y obligar al Estado a resolver durante y después de la pandemia.

Los reportajes que se han publicado a últimas fechas, relativos al involucramiento de Calderón en los supuestos convenios de su Secretario de Seguridad con los grupos del narcotráfico, se dan en este momento porque estamos a semanas de saber si el exsecretario detenido en Estados unidos decide cooperar con la justicia norteamericana y delatar el conjunto de sus redes que protegían al narco mientras el país se desangraba. Calderón está en el centro de las sospechas sobre lo que podría negociar García Luna. Si encubrió a su exsecretario o si pactó con un grupo de narcotraficantes para beneficiarlos y perjudicar a otros, sería un crimen, por lo que la Fiscalía tendría que estar reuniendo la evidencia para juzgarlo. 

En cierto sentido, López Obrador debe entender que Calderón ya perdió el juicio popular y si hay elementos para juzgarlo y no se hace, entonces López Obrador perdería la oportunidad histórica de tomarse la justicia en serio. AMLO tendría que recordar que uno de los grandes reproches que se le hacen a Fox es que no ajustó cuentas con el pasado cuando pudo hacerlo y dar un golpe de timón que hubiera cambiado el curso histórico de este país: pudo enjuiciar a Luis Echeverría y no lo hizo. Ahora, si existen los elementos para inculpar a Calderón, AMLO debería pugnar para que la fiscalía haga su trabajo y se juzgue al expresidente. En cierta medida, ese sería el gran cambio que López Obrador prometió: que la impunidad no siga siendo la constante. 

AMLO está jugando políticamente con un probable juicio a Calderón. No está claro si eso ayudaría electoralmente a Morena; lo que está claro que alimentar la impunidad es una daga en el costado de un país con sed irrefrenable de justicia. De justicia, no de linchamiento.