Los avances que en materia de seguridad social tendrían los trabajadores universitarios de este país, no podemos entenderlos sin el contexto de lucha del sindicalismo universitario en la década de los ochenta. En junio de 1979 se reunió en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) el Consejo General de representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU) con el fin de avanzar en la construcción del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). 

Mientras miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM) avanzaban en el terreno sindical en diversas universidades de México, en la UAP en 1981 se contraponían dos concepciones de universidad y de su relación de ésta con la sociedad.  Dos corrientes donde cada una daría un sentido propio a la llamada reforma universitaria. Luis Ortega Morales, candidato del PCM para ocupar la rectoría de la UAP, se enfrentaría a Alfonso Vélez Pliego, quien diría en entrevista con Enrique Montero Ponce  que el control en la dirección  de la universidad, había “traído graves consecuencias a la autoridad y el prestigio de los comunistas en la vida universitaria”.

El 15 de mayo de 1981 la sección 15 del SUNTU estallaría una huelga en la UAP. Las peticiones: 1) eliminación de dos contratos (el de académicos y el de administrativos), a uno solo; 2) incremento salarial del 32% y 7.5 en prestaciones, así como el pago de tres meses de aguinaldo; y 3) la incorporación al ISSSTE.  Respecto a esta última petición, desde el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)  del SUNTUAP 1979-1980 clausula LXXVI se lee: “la universidad se obliga a incorporar a los trabajadores al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado (ISSSTE) en un plazo no mayor de noventa días”; igualmente en el CCT 1981-1982 “la universidad se obliga a gestionar la incorporación de sus trabajadores  al ISSSTE..(donde) ambas partes se comprometen a seguir discutiendo las bases de incorporación así como el pago de las cuotas respectivas”. Y así sucesivamente, pero esta incorporación nunca se materializó.

Hacia fines de los noventa, la UAP junto con otras universidades públicas señalan problemas financieros relacionados a los subsidios recibidos por la federación. En Puebla esta situación se agrava al tener la institución que destinar recursos al Hospital Universitario (HUP), al prestar los servicios médicos, quirúrgicos, dotación de medicamentos, entre otros y que a final de cuentas representarían los logros y conquistas laborales de los trabajadores universitarios. Por lo que en 1997 en el CCT firmado con la Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP, nuevamente aparece el tema del HUP y el servicio que brinda a los trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sus dependientes. Quedando muy claro nuevamente en su clausulado, que mientras se concretara la admisión a una institución de salud, ISSSTE ó IMSS, el HUP continuaría prestando este servicio. 

Actualmente, ante la emergencia sanitaria que vivimos, los universitarios y nuestras familias seguimos considerando que nuestra atención médica continúa en el Hospital Universitario que atiende aproximadamente a 25 mil derechohabientes; más los pacientes que de acuerdo a sus ingresos pagan la atención, más los del entonces seguro popular. Desde hace dos décadas trabajadores administrativos, de intendencia y académicos, continuamos viendo avances en infraestructura y atención; lo cual no significa que existan temas aún necesarios de resolver. 

Hoy estamos tranquilos sabiendo que este nosocomio seguirá brindando lo necesario para salir adelante de esta emergencia sanitaria; además, sabedores de que nuestro gobernador Barbosa tiene para la población en general hospitales COVID. 

Sin embargo, en este momento llama la atención que sigan apareciendo notas en los medios de comunicación y en las redes sociales que denotan la tensa relación existente entre el gobernador de Puebla y el Rector de la BUAP. Situación que data de meses atrás; primero, con auditorías, después con supuestas estafas maestras y ahora señalando que el HUP tiene una tasa de letalidad superior a la que tienen los servicios de salud del estado de Puebla.  Lo último, es el decreto del ejecutivo estatal donde señala que bajo instrumentos jurídicos la autoridad sanitaria tiene competencia para verificar y dictaminar la viabilidad de los servicios que presta el Hospital Universitario de Puebla. Esto se ha visto como una injerencia en el desempeño del HUP y ante ello, diversos grupos de universitarios han hecho un llamado a la defensa de la autonomía universitaria y a mantener al Hospital universitario, la infraestructura, equipo e insumos que tiene.

En plena fase 3, en un combate frontal contra el COVID-19 y la inseguridad que desde antes ya era un flagelo, se siguen dando los golpeteos, aunque usted amable lector no lo crea. 

Ningún universitario podrá estar en contra de la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria, la rendición de cuentas, o el denunciar los extremos a que ha llegado la inseguridad; sólo recordemos la multitudinaria manifestación de estudiantes universitarios exigiendo seguridad el  5 de marzo en las calles poblanas bajo la consigna de “NI UNA BATA MENOS” y donde cientos de ciudadanos se unieron a sus reclamos.

En la situación actual de crisis que atraviesa México, se hace necesario recordar que vivimos en un Estado de derecho; mismo que nos permite denunciar como ciudadanos o gobernantes, todos aquellos actos que se consideren delitos. Y si hay pruebas, la autoridad competente debe actuar, si se tienen que hacer auditorias deberán seguir los canales que la propia Ley contemple. Si un gobernante quiere ir mas allá de lo que jurisdiccionalmente le corresponde, existen los tribunales correspondientes. Si esto se pierde de vista se da pauta a caer en politiquería que a nadie beneficia, mucho menos en estos tiempos.