Según la Real Academia de la Lengua Española “Amnistía” significa perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de los autores (RAE, 2020).

La tarde de este lunes 20 de abril fue aprobada por el Senado de la República la “Ley de Amnistía”, esta propuesta fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado, es una iniciativa que tiene como objetivo liberar a presos de las cárceles, básicamente a la población vulnerable: gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados; busca la libertad de los indígenas, mujeres, ancianos, que están ahí de manera injusta y que no tuvieron una asistencia legal oportuna. Se aprobó expresamente dadas las condiciones de salud que prevalecen en México y a nivel mundial por el COVID-19.

Los delitos que serían sujetos a este instrumento de justicia (sólo si las personas acusadas no son reincidentes) son: aborto, delitos contra la salud, delitos cometidos por indígenas que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del estado, delito de robo sin violencia que no amerite 4 años en prisión, delito de sedición (Radio Fórmula, 2020).

El tema del aborto es un asunto controversial, sobre todo en nuestro país, al ser aún muy conservador. En primer lugar, coexistimos en una sociedad donde la ética y pensamiento han sido dominados por la perspectiva masculina y también filtrada por nuestra educación cultural y religiosa mayoritariamente católica, guadalupana. Sin embargo, también vivimos nuevos tiempos en los que cada vez más mujeres y hombres se convencen de que no podemos seguir dominadas y dominados bajo un sistema cultural, social e institucional patriarcal: el cual ha decidido y sigue decidiendo sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. El hartazgo ha sido plasmado en las marchas, tanto a nivel nacional, como en los estados con motivo del 8 de marzo, “Día internacional de la mujer”: donde las mujeres hemos expresado nuestro descontento con la sociedad y el gobierno.

Las feministas consideramos el derecho a nuestro cuerpo como un asunto inherente a la condición humana, donde ni el estado ni la iglesia deben inmiscuirse. La lucha de las feministas en diversos estados ha sido de suma importancia para que se legisle al respecto. Pero lamentablemente sólo en la capital de la república y en el estado de Oaxaca se ha permitido el derecho a decidir.

Cabe recalcar que en todos los Códigos Penales estatales del país se permite el aborto si es por violación, o si la mujer corre peligro de muerte. Solamente en el estado de Yucatán (artículo 393, frac. IV) está tipificado por causas económicas y si la mujer tiene al menos tres hijos. Desde la perspectiva feminista debería estar legislado para todos los casos: simplemente por el hecho de no desear ser madre.

El artículo 148 del código penal de la CDMX (fracción IV) dice que, entre los casos que excluye el delito de aborto es: “Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada” (ALDF, 2020). La ley permite la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas. Hace unos días, el 24 de abril pasado se celebraron 13 años de la interrupción legal del embarazo en la CDMX (ley aprobada en 2007) por lo que colectivos feministas se unieron a un “pañuelazo” virtual. Cifras más recientes de la Secretaría de Salud capitalina indican que desde la legalización del aborto y hasta septiembre de 2019 en la capital: 216,472 mujeres interrumpieron legalmente su embarazo, la mayoría de la CDMX, pero también del Estado de México, Puebla, Pachuca (SDP noticias, 2020).

Hace un año, el 25 de septiembre de 2019 el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma que despenaliza la interrupción del embarazo hasta 12 semanas de gestación. En las reformas a los artículos 321, 313, 315 y 316 se configurará solo si se practica después de las 12 semanas de gestación, pero se excluirá cuando el embarazo sea producto de una violación, de una inseminación no consentida o se ponga en riesgo la salud de la madre o del producto (Aristegui Noticias, 2019).

Es de preocuparse que solo en la capital y en Oaxaca sean los únicos lugares donde no hay pena carcelaria por abortar antes de las 12 semanas. ¿Qué pasa en las otras 30 entidades federativas? Aún se sigue criminalizando a las mujeres por abortar.

La criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres, idea que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del estado y que representa una violación a los derechos humanos. Esta criminalización no solo envía un fuerte mensaje desde el Estado con respecto a las decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada, sino que afecta de manera concreta a mujeres generalmente procedentes de contexto de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva, condenadas a perder años de vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acceder a su responsabilidad. En otros casos, los estereotipos en torno a la maternidad subyacen al razonamiento de algunos jueces que condenan como homicidas a mujeres que tuvieron partos fortuitos en los patios o letrinas de sus casas y cuyos recién nacidos mueren sin que ellas puedan auxiliarlos debido a que tampoco hubo quien las auxiliara a ellas (GIRE, 2020).

Los abortos espontáneos han criminalizado a las mujeres, muchas han pasado condenas largas. Como el caso de Dafne McPherson presa en 2015 en el estado de Querétaro por un aborto involuntario, la joven tiene problemas con la tiroides por lo cual no sabía que estaba embarazada dado sus ciclos menstruales irregulares. Fue condenada a 16 años de prisión. Después de 3 años y cuatro meses de estar en la cárcel fue liberada, gracias al trabajo de su defensa y de la organización “Acción Derechos Humanos” con el argumento de que era médica y científicamente comprobable que la acusada no supiera que estaba embarazada.

Verónica de la Cruz de la ONG “Las libres” (que desde hace 19 años luchan por el derecho a decidir) asegura que entre los años de 2000 y 2017 más de 4,200 mujeres han sido perseguidas judicialmente, algunas pagando con prisión por abortar en México, país laico pero profundamente católico (Debate, 2019).

La misma organización “Las libres” contabiliza 700 mujeres presas por abortar, y también se pregunta ¿bajo qué delito están tipificados sus casos? Todos los casos son mujeres pobres, indígenas, trabajadoras y pobres. Por eso reclaman que el estado garantice el acceso abortos seguros y gratuitos. La criminalización por abortar ha ocasionado que muchas mueran y otras estén presas, la mayoría de escasos de recursos (La izquierda diario, 2020).

La ley de amnistía aprobada hace unos días servirá para aquellas mujeres que han sido encarceladas por abortar; amnistía se refiere a un perdón especial, fue legislada de manera “exprés” dada la situación de salud pública que está padeciendo México y el mundo; pero la pregunta es: ¿qué pasará con las mujeres que en un futuro sean presas por el mismo delito? ¿Serán perdonadas? Definitivamente la puerta es la legalización del derecho a decidir, y ahí hay dos opciones 1) se debe legislar al respecto en los congresos de los 30 estados restantes; o 2) que exista un solo Código Penal a nivel nacional que abogue por no criminalizar al aborto sin condición alguna. En principio es urgente que el presidente AMLO (de izquierda) respete el estado laico y se desvincule de manera inmediata de las iglesias cristianas evangélicas que ahora tienen más espacio que en otros sexenios, sólo así se podrá dar la apertura para legislar en torno a los derechos de las mujeres, que entre otros más están el vivir una vida sin violencia, a los matrimonios del mismo sexo y a la adopción homoparental (estas dos últimas asignaturas únicamente legisladas y aprobadas en la CDMX).