Se le agotó la paciencia a Carlos Salazar. El actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máximo representante del sector privado, había mantenido una notable cercanía con el presidente López Obrador. Dejó pasar muchas acciones de este mandatario que seguramente le preocupaban. Pero la suspensión de la planta cervecera en Mexicali acabó con esa paciencia y esa cercanía.

No es para menos. La cancelación pretende desconocer un contrato hecho en el marco de la ley. Generará una enorme desconfianza en el gobierno mexicano, incapaz de respetar el Estado de Derecho.

El mecanismo para la cancelación, una presunta consulta en la que “la gente” decidió, es ridículo, cínico o de plano demencial. Un porcentaje bajísimo de los ciudadanos de un municipio toman una decisión que afectará a todo el país, pues significa la violación del Estado de Derecho al desconocer el contrato acordado.

Si había razones legales, a partir de cuestiones ecológicas (se dice que la planta consumiría demasiada agua) habría que proceder legalmente. No convocar a la movilización de un grupo reducidísimo de ciudadanos y depositar la decisión en ellos. No hay fundamento legal, político o lógico en hacer eso.

Parece una simple excusa para justificar una decisión ya tomada. Que tendrá enormes costos. El primero es la desconfianza. Si la economía mexicana no ha crecido es por la baja inversión privada. Si hay baja inversión privada es porque el gobierno no inspira confianza: hizo algo similar con la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Si pudo cancelar esa construcción y la de planta cervecera, puede hacer cualquier cosa. Los particulares no tienen protección de decisiones arbitrarias.

La cancelación profundizará la crisis económica, al ahuyentar la inversión. Eso como consecuencia general para el país. Para el caso concreto de Mexicali se impedirá la generación de decenas de miles de empleos directos e indirectos. La pobreza no se combate solamente, ni principalmente, repartiendo efectivo. Es más eficaz la creación de empleos productivos.

Falta todavía el proceso legal. El tratado de libre comercio, tan festejado por nuestro presidente, contiene normas que protegen la inversión privada. Seguramente va a haber un litigio legal con consecuencias negativas para el país.

Volviendo al presidente del principal organismo empresarial del país, la “cúpula de cúpulas”, como se conoce al CCE, su reacción frente a lo ocurrido en Mexicali puede dar lugar a un antes y un después. Las fuertes críticas de Carlos Salazar muestran un cambio radical de actitud de un líder empresarial que mostró la mejor buena fe ante el presidente de la República, que hizo todo lo posible para mantener una buena relación con él, para lo que pasó por alto muchas cosas.

Se ha dicho que López Obrador es un priista de los años setenta. En cierto sentido lo es (en otros no: ningún presidente priista se atrevió nunca a exhibir escapularios en un acto público). El descontento de Salazar recuerda el enfrentamiento, muy costoso para el país, entre las organizaciones empresariales y los presidentes Echeverría y López Portillo.

Detrás de algunas actitudes del gobierno federal está la idea de que los empresarios no son pueblo, que al tener bienes e ingresos importantes quedan del lado del mal. Una idea equivocada. Las relaciones entre empresarios y obreros no son siempre de suma negativa. Cuando las cosas funcionan bien, al prosperar una empresa prosperan sus dueños, pero también sus empleados y obreros. La cancelación de una empresa como la mencionada no solo cancela ganancias de propietarios. Cancela miles de empleos. Cancela la creación de riqueza (y por tanto de recursos fiscales para el gobierno). Es el camino hacia una mayor pobreza, de los más pobres en principio, del país en general finalmente.

No son los adversarios del presidente, reales o presuntos, lo que más lo han dañado. Son sus propias acciones.