Bastantes han sido los escándalos sucedidos en torno a los partidos y candidatos indígenas que desde el congreso harían las veces de canales de representación de los intereses de las comunidades indígenas en territorio colombiano. Hechos como la condena del senador y dos veces concejal de Bogotá Francisco Rojas Birry a razón de enriquecimiento ilícito, la demanda interpuesta por Marco Aníbal Avirama a un indígena por una curul, y, recientemente la posible destitución del senador Abel David Jaramillo a razón de irregularidad en celebración de contratos públicos invita a pensar sobre ¿cuál es el papel de los congresistas indígenas a dos décadas del reconocimiento de la circunscripción especial?

La representación de grupos minoritarios es una de las demandas más relevantes en la agenda política de diversos países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador, México y Colombia son una muestra del llamado fenómeno de la “llegada indígena a la arena político-electoral” característico en la década del noventa y hoy uno de los temas más estudiados. 

Aunque cada país presenta problemáticas particulares confluyen grosso modo en dos eventos: el movimiento indígena ha sido sobresaliente en términos de organización y lucha social, mientras que la reforma electoral ha sido el bastión mediante el cual los gobiernos en turno reconocen la participación indígena –aunque sea mínimamente- en espacios político institucionales.

Así las cosas, y con el ánimo de acentuarme en la experiencia de la participación política indígena en Colombia, por ser ésta una de las más renombradas en la región, sobre todo por la relación porcentual poblacional (estimada en el 2,3% del censo nacional) y las sillas reservadas en el congreso (2 en cámara alta y 1 en cámara baja) – significativa en comparación con otros grupos, hay que decir que ésta ha presentado virtudes como defectos, al tiempo que la agenda representativa “indígena” resulta bastante cuestionada hoy día. 

Si bien es cierto, la participación de minorías étnicas constituye un nodo importante en las democracias contemporáneas en la medida que la apertura de nuevos escenarios participativos repercute positivamente en el ethos democrático; éste fenómeno posee dos caras. Por un lado, se transita de una estructura estatal monolítica a una más pluralista –algo positivo a claras luces-, y por el otro, los representantes y partidos étnicos ven allí el “caballito de batalla” mediante el cual popularizan el discurso reivindicativo y a su vez hacen de las suyas una vez en el poder.

Lo primero vendría a revitalizar la democracia en Colombia had portas de sucumbir ante la violencia política y social que le caracteriza, mientras que lo segundo afecta a claras luces las “buenas intenciones” de la circunscripción especial indígena, así como el espíritu democratizador de la constituyente de 1991.

Son diversos los hechos que invitan a cuestionarse si ¿la representación indígena institucional sirve, o, si por el contrario tal mecanismo esta caduco y es tiempo de pensarse otra cosa?

Diversos eventos evidencian claramente las contradicciones de la participación electoral indígena. La popularidad creciente del senador, concejal y constituyente Francisco Rojas Birry que en la cúspide de su carrera fue condenado por enriquecimiento ilícito tras haber recibido dineros de la pirámide DMG en el 2012, delito que catapulto su vida pública. https://congresovisible.uniandes.edu.co/congresistas/perfil/francisco-rojas-birry/876/

A su vez, vuelve a sonar la posibilidad de aplicar “silla vacía” al también representante indígena Abel David Jaramillo, debido al proceso judicial pendiente con las autoridades tras ejercer la alcaldía del municipio de Rio sucio por irregularidades presentadas en un contrato público por valor de $165 millones de pesos. https://www.elcolombiano.com/colombia/curul-indigena-esta-cerca-de-quedarse-vacia-GD12447144

De otra manera, y en un hecho no menos sonado, la disputa entre candidatos indígenas por la curul del senado en el 2014 por el no cumplimiento de la edad reglamentaria por parte del ganador; lo cierto es que el senador Marco Avirama se quedó con la curul al tiempo. Situación que evidencia el grado de disputa al interior de organizaciones y partidos indígenas más ocupados en hacerse con puestos públicos que en debatir una agenda indígena, un tanto desfigurada.

Bajo este escenario, y en vista de que el arribo de minorías étnicas y sociales de diversa índole a la esfera político-electoral constituye el pan de cada día en las democracias liberales - ¿pos-liberales? -, caso de los afrodescendientes, los ambientalistas, la diversidad sexual, etc.; es necesario contemplar si, los beneficios otorgados a minorías especificas contribuye más bien a que ciertos actores usen el discurso reivindicativo para hacerse con el poder y una vez allí dejar de lado el espíritu representativo que les condujo. 

En el caso colombiano asistimos hoy a una especia de “prostitución” de las organizaciones indígenas, más preocupadas por otorgar avales a diestra y siniestra y postular candidatos por fuerzas políticas tradicionales, - de las que otrora renegaban-, que en cumplir con el mandato imperativo de sus electores primarios.

Por último y a la luz de los acontecimientos referidos sobre figuras políticas indígenas, la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas accountability cala en el oportunismo de algunos senadores que hoy se encuentran entre la espada y la pared, mientras el escarnio público hace de las suyas con lo poco que queda de la “virtuosidad” de la llegada indígena a la arena electoral colombiana, misma que se hace notoria también en cuanto apoyo electoral.

Entonces, mientras algunos senadores y congresistas harán su labor otros vilipendian constantemente uno de los logros más notables de la constituyente del 91: orgullo del gobierno en turno y esperanza de un país cuasi-fallido en ese entonces.

Por tal, y con ánimos de dar continuo a la problemática ¿qué les queda a las comunidades indígenas en Colombia?: Continuar eligiendo a candidatos que prometen representar los intereses sentidos de éstas comunidades- múltiples y muy diversas social y culturalmente-, o más bien revitalizar y continuar por el camino de propias estructuras para el ejercicio de lo político y la política desde su cosmovisión particular (…)

A la par, ¿Cuál será el camino de la institucionalidad?: Aumentar el número de sillas reservadas, minimizarlos o quizás reglamentar unos mínimos para que el indígena que asuma el papel de representante de su pueblo haga lo que tenga que hacer, ya que, a juicio de diversos teóricos “(…) la burocracia es un mal, pero un mal necesario”. Sin duda, tal situación devela lo que muchos desean aun ocultar: los límites y contradicciones de la democracia misma.