A principios de diciembre de 2019, un grupo de eurodiputados realizó una visita a diferentes regiones del país para conocer el impacto ambiental y sobre la salud de la gente, a propósito de la operación de diversas industrias transnacionales en las cuencas de México.

El informe del recorrido indica que existe una alta incidencia de enfermedades asociadas a los desechos contaminantes de empresas europeas y norteamericanas asentadas en nuestro territorio.

En entrevista con el periódico El Universal, publicada el 6 de febrero pasado, los eurodiputados denunciaron que en varias regiones de Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz existe “una alarmante situación ambiental y sanitaria como resultado de legislaciones permisibles, autoridades corruptas y empresas sin escrúpulos”.

“La investigación constata la presencia de fuentes contaminantes de sustancias químicas en las regiones visitadas”: Cuenca del Río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala; la Cuenca de la Independencia, en Guanajuato; El Salto-Juanacatlán, en Jalisco; el Río Tula, en Hidalgo; y Norte del Istmo de Tehuantepec, en Veracruz.

Los eurodiputados, acompañados por académicos, científicos y organizaciones de derechos humanos como el Transnational Institute, aseguran que empresas europeas, “conocidas en casa por su buena reputación, se comportan en los corredores industriales mexicanos de manera muy distinta que en Europa”.

La eurodiputada francesa Leila Chaibi, miembro del Confederal Group of the European Left/Nordic Green Left, alertó que a la empresa francesa Lafarge, por ejemplo, “no se le permitiría hacer eso en Francia. Lo que están haciendo aquí es un escándalo. Es un cinismo de los tratados de libre comercio y tenemos una responsabilidad en la Unión Europea, en nuestro país”.

María Eugenia Rodríguez Palop, otra eurodiputada española que realizó el recorrido al que se le denominó Caravana Toxi-Tour México, denunció que “es un auténtico destrozo de carácter apocalíptico en el que tiene mucha responsabilidad la Unión Europea, y un daño ambiental del que tienen que responder empresas europeas y españolas”.

Después de reunirse con el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, los eurodiputados entregaron el reporte a la delegación mexicana en Bruselas con motivo de la reunión del 3 de febrero de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, en el que señalan que “la información toxicológica recabada muestra que los habitantes de las zonas visitadas presentan diversas enfermedades, como cáncer de hígado, riñón, piel y estómago, así como leucemia, mutaciones genéticas, insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética”.

Chaibi sostiene en la entrevista de El Universal que la población le informó que, “a diferencia de administraciones pasadas, con el actual gobierno es posible hablar sobre el tema”.

De hecho, a raíz de esta situación, el Secretario Toledo reconoció que estas cuencas son verdaderos “infiernos ambientales”. En conferencia señaló que “los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles, niños con plomo, problemas de cáncer o renales” (Excélsior, 13/12/19). 

Es urgente que sociedad y gobierno, exijamos la revisión del comportamiento de las empresas extranjeras que operan en territorio nacional. Y que nos aseguremos de que cumplan con las mejores prácticas medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los tratados de libre comercio que tenemos firmados.

En la Declaración Conjunta de la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México referida, se establece el acuerdo de proteger el medio ambiente y de compartir medidas positivas y pertinentes. Se habla de producción y consumo sostenibles, cooperación en materia de energías renovables, de economía azul y circular, y de redoblar esfuerzos para concretar el programa de trabajo del Acuerdo de París.

Nada de esto tendrá sentido si antes no asumimos nuestra responsabilidad como gobierno, de velar por la salud y el medio ambiente de nuestra población. Como legislador, reitero mi compromiso de revisar toda la información sobre este tema y coordinar acciones para valorar una posible emergencia ambiental en las zonas afectadas.