Gilberto Higuera Bernal se ha encargado de marcar distancia de la gestión de Víctor Antonio Carrancá Bourget al frente de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Su estrategia parte de atender el rezago que Carrancá dejó en la dependencia: en 2019 la fiscalía de Higuera Bernal cumplió 45 órdenes de aprehensión de delitos ocurridos entre 1989 y 1999, algunos, de hace más de 30 años.

Su desempeño lo pone en ventaja, al menos en nivel de percepción, sobre Maricela Pichón Acevedo y Guadalupe González Vargas, los otros dos nombres finalistas en la terna para elegir a quien se hará cargo de la fiscalía durante el periodo 2020-2027.

Quizá por esa ventaja González Vargas emprendió recientemente una estrategia tardía para posicionarse con la promesa de que si los diputados la eligen investigará a todos los funcionarios de la fiscalía, incluyendo, claro, a Higuera Bernal. Quizá por eso también Maricela Pichón Acevedo dijo que en la fiscalía hay servidores públicos que cobran 5 mil pesos para dar seguimiento a los casos; su estrategia de pasar al ataque, como la de González Vargas, se antoja a destiempo y más para simular competencia.

Higuera Bernal, no lo olvidemos, fue beneficiario directo de una reforma legislativa que por voluntad de Rafael Moreno Valle Rosas y sumisión del Congreso permitió al entonces fiscal ausentarse del cargo y elegir al encargado de despacho. Aquí, lo obvio: Carrancá eligió a Higuera Bernal y éste fue designado en septiembre de 2018, tras la licencia que pidió Carrancá. Sin embargo, se ha divorciado de Carrancá con algo simple y discreto. Aquí tres ejemplos:

a) el 14 de febrero informó que agentes de investigación de la fiscalía cumplieron orden de aprehensión en contra de Zerefino N., alias “El Chilpanapo” de 35 años de edad, presunto involucrado en el delito de violación tumultuaria. El caso data del 28 de abril de 2010, cuando en Xochitlán Todos Santos la víctima se encontró a un grupo de hombres entre los que identificó a un conocido, quien le invitó un vaso de refresco y al despedirse de ellos comenzó a caminar hacia su casa, momento en el que fue interceptada por los sujetos quienes la llevaron a una vereda donde la atacaron sexualmente. Una década después se dio la detención.

b) el 12 de febrero pasado informó que la investigación de un asesinato cometido en junio de 2015 llevó a la captura de Roberto Joel N. alias “El Pelón” de 38 años de edad, último presunto implicado en el homicidio cometido en la colonia El Vergel de la ciudad de Puebla.

c) el 7 de febrero la fiscalía informó que sus agentes cumplieron orden de aprehensión en contra de Jorge N. alias “El Gorrión” de 49 años de edad, presunto responsable del homicidio de dos hombres cometido el 14 de junio de 1993 en Atencingo. Hace 27 años.

¿Qué hicieron entonces Carrancá y sus antecesores mientras estuvieron al frente de esta área?

¿De ser elegido fiscal, Higuera Bernal seguirá con este ritmo para abatir el rezago?

¿En algún momento romperá definitivamente con Carrancá, beneficiario de las reformas a la fracción II del artículo 37, el primer y segundo párrafos del 95, el 96, el 97, el 98, el primer párrafo y sus fracciones I y III y el último párrafo del 99, el 100 y el 101; y se adiciona el segundo párrafo al artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para la creación de la Fiscalía General del Estado?

¿Tiene alguna responsabilidad Carrancá en que el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018 señale que la Fiscalía General de Puebla fue la peor calificada a nivel nacional? Y si la tiene, como es evidente, ¿se le puede sancionar?

Al margen

Una buena noticia: el pasado 11 de febrero la junta directiva del ISSSTE analizó su situación financiera: se le deben 58 mil millones de pesos, 18 por ciento más que la deuda con la que cerró en 2018; el 86 por ciento de la deuda es de aportaciones del trabajador, el gobierno federal y el patrón, conocido como seguro de retiro. La Junta Directiva aprobó negociar con los estados el pago de 58 mil millones de pesos y para lograrlo acordó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) busque convenios de pago con los estados y presione a que cumplan. Ya se han firmado convenios con Baja California, Colima y San Luis Potosí. Puebla, por cierto, es uno de los estados que no le debe dinero al ISSSTE, ¿a quién se le debe el milagrito?

@IsraelV_mx / israelvelazquez@gmail.com

*Director editorial de www.datamos.com.mx