Juan Luis Hernández*

Se entiende por kakistocracia un tipo de liderazgo o régimen político definido como “el gobierno de los peores”. Desde la antigüedad, los griegos se preguntaban cómo era posible que pudieran gobernar los ignorantes, déspotas, tiranos y todos aquéllos cuyo perfil y experiencia nada tenía que ver con la gestión del bien público. Muchos siglos después seguimos preguntándonos lo mismo.

La kakistocracia es una forma de caracterizar un tipo de liderazgo político definido por tres dimensiones que le definen: ignorantes, amantes de la riqueza, abuso de poder. Los kakistócratas llevan muchas horas recorridas en la operación política, pero muy pocas en el análisis del éxito o fracaso de las políticas públicas, buscan responder con políticas simples y ocurrencias a problemas complejos y normalmente suelen confundir la propia geografía de sus países, carecen de cultura general y les cuesta mucho tener un vocabulario mayor de 50 palabras.

Pero también los kakistócratas aman la riqueza por sobre todas las cosas. Han aprendido que la política es uno de los mejores lugares para hacer negocios, enriquecerse extraordinariamente y eso hace más apetitosa la lucha por el poder y los cargos públicos. Finalmente, la última dimensión de la kakistocracia es que no les gusta que los critiquemos, tienen la piel de elefante para aguantar la metralla de la lucha política pero la piel tan sensible cuando un académico, un periodista o un ciudadano común los critica con argumentos, datos o sentido común.

Uno de esos kakistócratas acusó a Sergio Aguayo de difamarlo en un artículo periodístico. Un caso de varios que se han repetido en las últimas décadas. El poder de la pluma y del medio que publica la voz del académico frente al poder político que tiene ramas de apoyo en el poder judicial. Como Mario Marín contra Lydia Cacho, los políticos quieren escarmentar a sus críticos. Quieren sentar precedente para que nadie más se atreva a tocarlos. Unas veces son amenazas de muerte, otras robos, asaltos o accidentes, otras son procesos judiciales para al final pagar 10 millones de pesos como señaló un juez de la Ciudad de México que tenía que pagar Aguayo al kakistócrata conocido.

El caso Aguayo es un caso que toca e interpela a todos los que tenemos una voz pública. Siempre he creído que los que escribimos y sostenemos un conjunto de ideas e interpretaciones de lo que pasa en la realidad debemos hacerlo con una gran responsabilidad, con ética y con convicción de lo que se afirma está derivado de conclusiones científicas, argumentaciones sólidas y, muchas veces, de sentido común.

Pero también está en juego el marco jurídico que regula los aspectos de la libertad de expresión y el daño moral. En este marco, los políticos ofendidos siempre tendrán posibilidades de ganar juicios interpuestos pues disponen del control de las variables políticas y jurídicas para ganarlos. La libertad de expresión, como muchos otros derechos, exige también contornos, marcos que regulen su ejercicio, pero sobre todo, condiciones democráticas para que exista.

Vivimos en un país donde la democracia es aún de baja intensidad y los políticos suelen ser la mayoría de corte kakistocrático por lo que la libertad de criticar su accionar siempre ronda el peligro de una sanción ejemplarizante desde el poder. Aun así, los últimos años hemos asistido a una primavera de insurrección ciudadana en la que hay más información social, más sectores de la población se organizan para defender o luchar por sus derechos y la opinión pública se ha diversificado con las redes sociales y un ejercicio más amplio de crítica al poder.

El caso Aguayo nos interesa a todos por las implicaciones que tiene para la relación entre kakistócratas y críticos. En estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión de entrar al análisis del caso, y de ser así, fijar jurisprudencia. Independientemente de ello, el caso Aguayo ha puesto de relevancia el papel de los jueces en la vida cotidiana. El papel del juez que buscó darle “un coscorrón” a Aguayo tiene posibles conflictos de interés con los Moreira y por lo tanto sale a la luz las cadenas de corrupción que también existen en el poder judicial.

Veamos si la Corte está a la altura de las circunstancias.

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales.