Acerca del Instituto de Formación Política de Morena

  • Carlos Figueroa Ibarra
Hacer a un lado a los demonios desatados que ciertamente existen.

En la contienda interna que hemos venido observando durante los últimos 14 meses en Morena, uno de los argumentos recurrentes de parte de los partidarios de Bertha Luján, es que movida por intereses aviesos, Yeidckol Polevnsky, Secretaria General con Funciones de Presidenta, ha obstaculizado la aprobación, financiamiento y funcionamiento del Instituto de Formación Política (IFP). Según esta percepción, la conducta ambiciosa y personalista de Polevnsky -que habría sido avalada por sus partidarios-, resultaría profundamente lesiva en un momento en que la derecha embiste a Andrés Manuel López Obrador y al Gobierno de la Cuarta Transformación. Esta narrativa ha sido apoyada por el grupo que se formó para organizar  el IFP, el cual está integrado por académicos muy connotados como lo son Enrique Dussel, Armando Bartra, Paco Ignacio Taibo II y Héctor Díaz Polanco, que también tienen una proyección  importantísima en redes sociales y medios como lo son John Ackerman, Pedro Miguel  y Rafael Barajas. En la medida en que los intelectuales mencionados son una referencia para la izquierda en México, esta versión de la historia del IFP ha sido creída por un sector importante de Morena y de sus simpatizantes.

Desde mi punto de vista y en base a lo que he observado, esta interpretación de lo ocurrido con el IFP  no es verdadera. Es un planteamiento que emerge de un grupo que tiene un interés marcado por ser la fuerza hegemónica en una instancia de Morena que debe tener y tendrá  un papel fundamental en uno de los ejes del cambio de régimen, cual es la revolución de las conciencias. Por lo tanto es una interpretación sesgada de lo que realmente está sucediendo con el Instituto de Formación Política de Morena. Hay que comenzar diciendo que el V Congreso Nacional Extraordinario  de Morena del 19 de agosto  de 2018 aprobó una reforma estatutaria y postuló   en el Artículo 3 Transitorio que “Los nombramientos del Presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo y la Comisión que habrá de integrar los recursos, serán propuestos por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional” (las cursivas son mías). A ese Congreso asistió en su calidad de Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador quien presentó el Plan de Acción para respaldar el Proyecto de Nación y el Plan de Austeridad Republicana y Combate a la Corrupción. El acta original del referido Congreso nos informa que “a las 13 horas Rafael Barajas dio a conocer a los congresistas la Propuesta de Creación del Instituto Nacional de Formación Política”.

Quince meses después, el 15 de noviembre de 2019, ya en el contexto de un declarado conflicto interno, Bertha Luján, Presidenta del Consejo Nacional de Morena, envió un oficio a Carlos Suárez Garza, representante del partido en el Consejo General del INE, en el que solicitaba que se agregara al acta original del Congreso Extraordinario de agosto de 2018, la precisión de que además de aprobar la creación del IFP, se había aprobado también el nombramiento de Rafael Barajas Durán a propuesta del “presidente del Comité Ejecutivo Nacional (sic), Andrés Manuel López Obrador”. Solicitaba también agregar que se había aprobado que el 50% de las prerrogativas federales y locales se otorgarían para el funcionamiento del partido. La modificación solicitada por Bertha Luján resulta incomprensible porque el acta original del Congreso Extraordinario consigna que Andrés Manuel había asistido en calidad de “Presidente Electo” y en la modificación referida lo hace aparecer como “Presidente del Comité Ejecutivo Nacional”. Esto es imposible porque López Obrador había renunciado a tal cargo para ser candidato presidencial y en agosto de 2019 ya era Presidente Electo de México. Mi conjetura acerca de la modificación solicitada es que se quería hacer congruente el nombramiento de Barajas con el Artículo 3 Transitorio anteriormente citado que indica que será la Presidencia del CEN la que proponga al Presidente/a y al Consejo del IFP y que esto se informe al Consejo Nacional.

Meses antes, el viernes 1 de marzo de 2019, Rafael Barajas compareció ante el CEN para presentar el proyecto del IFP. Estuvo presente en esa sesión Bertha Luján. Recuerdo bien que al leer el proyecto presentado por Barajas, advertí que se buscaba hacer de la autonomía del IFP planteada en el Estatuto de Morena, una independencia operativa y financiera que a la larga convertiría al Instituto en una suerte de un partido dentro del partido. En ese proyecto, el Presidente del IFP tenía la potestad de nombrar a los integrantes del Consejo, se anulaba la posibilidad de formar Institutos de Formación Política en cada  entidad federativa y se sustituía esa posibilidad por una visión centralista de “enlaces” para cada uno de los estados nombrados por el presidente del Consejo. También se diluía la relación del IFP con el CEN y con los Comités Ejecutivos Estatales de Morena y finalmente se le daba independencia financiera con respecto al partido. Mi intervención en el CEN fue para  proponer que el Consejo Nacional  aprobara en lo general el proyecto, pero que el lunes 4 de marzo el CEN empezara a discutir en lo particular el mismo, a efecto de llegar a un acuerdo político sobre sus aspectos controversiales. Rafael Barajas y Bertha Luján estuvieron de acuerdo con la resolución. Fue sorpresa para mí ver que en la sesión del Consejo Nacional, Barajas dijo que después de haber consultado con el grupo promotor del IFP no aceptaba que el CEN discutiera en lo particular el proyecto y que pedía que se aprobara en lo general y en lo particular al mismo. Cuando quise pedir la palabra para oponerme al incumplimiento del acuerdo, Bertha Luján de manera tajante me mandó a sentarme y no me dio la palabra. Ambos incumplieron el acuerdo político al que habíamos llegado en el CEN.

Con esta anomalía, a propuesta de Barajas el Consejo Nacional  aprobó que él mismo presidiría el IFP y también los nombres de las personas que integrarían a su Consejo, entre los cuales estaban los intelectuales y académicos que he mencionado al principio de este artículo. A partir de ese momento me convencí que existía una voluntad política de escamotearle al CEN y a la Secretaria General con funciones de Presidenta, cualquier injerencia en la formación del Instituto. Dicha voluntad está documentada: el 19 de marzo de 2019 Bertha Luján presentó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE un escrito notificando un Reglamento del IFP. El 3 de abril del mismo año, la instancia referida del INE notificó a Luján que no podía inscribir el referido reglamento por que la solicitud debía ser hecha  por la Presidencia Nacional de Morena (Polevnsky) o en su defecto por el Representante General de dicho partido en el Consejo General del INE. Posteriormente, el grupo promotor del IFP solicitó al INE la inscripción del reglamento a través del segundo, haciendo manifiesta su voluntad de hacer a un lado a Yeidckol Polevnsky.

 Otros hechos refuerzan mi interpretación. El reglamento del Instituto fue finalmente entregado al INE, como lo dije líneas atrás,  a través de Carlos Suárez Garza Representante de Morena ante el Consejo General del referido instituto electoral. Pero el 14 de junio de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificó que no podía inscribir el reglamento porque el mismo establecía que el Presidente del IFP debía ser nombrado por el Consejo Nacional en lugar de respetar el Artículo 3 Transitorio del Estatuto de Morena, que mandataba que fuera la Presidencia Nacional del CEN quien lo nombrara. Además el oficio referido argumentaba varias inconsistencias en el reglamento presentado por el grupo promotor y finalmente mandataba que se corrigieran “inconsistencias de concordancia, sintaxis y ortografía”.

 Poco después de la sesión del Consejo Nacional del  3 de marzo de 2019, representantes del grupo promotor del IFP se acercaron a la Secretaría de Finanzas de Morena para solicitar se  les entregara el monto total anual del 50% de las prerrogativas nacionales y estatales, lo cual implica cientos de millones de pesos o acaso más. Solicitaban además que no se les dedujeran las multas que el INE le había impuesto a Morena. Informaron también que habían nombrado a una persona como responsable de las finanzas del Instituto. Posteriormente entregaron una nómina del IFP que ascendía aproximadamente a 750 personas. No fue Yeidckol Polevnsky quien  obstaculizó los propósitos del grupo promotor del IFP de tomar control de los recursos financieros para el Instituto. La solicitud del grupo promotor del IFP de manejar ellos el enorme monto de dinero para el Instituto, no fue posible atenderla por dos motivos. El primero de ellos es que el dinero de las prerrogativas es entregado a los partidos de manera mensual por lo que era imposible hacer la entrega total anual del dinero. En segundo lugar, y esto es decisivo, porque el Consejo General del INE publicó en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2018 su resolución de “ordenar” a Morena para que en el siguiente Congreso Nacional modificara el artículo 73 de su Estatuto a efecto de que quedara expresamente señalado de que la autonomía de funcionamiento y gestión del IFP “no implica autonomía financiera” porque no cuenta con personalidad y patrimonio propios. Por lo que la administración de recursos federales y locales y la rendición de cuentas, “deberá ser llevado a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en cada entidad federativa”.

La disputa interna de Morena en torno al Instituto de Formación Política se ha querido reducir a una disputa de poder y dinero. No veo en el grupo promotor del IFP a personas que sean movidas por ambiciones pecuniarias, aunque sí un afán patrimonialista. Tampoco veo similares ambiciones en el sector del CEN encabezada por Yeidckol Polevnsky. Advierto en el primero a intelectuales y académicos representativos de la izquierda y sus aspiraciones en México, que buscan hacer historia. Y en el CEN, a un grupo interesado en  que el Instituto sea uno vinculado orgánicamente al partido y no un ente cada vez más distanciado del mismo. Es entre ambos sectores donde debería darse el diálogo y la negociación para llegar a un acuerdo político sobre el IFP. Y con ello hacer a un lado a los demonios desatados que ciertamente existen en Morena, porque de repente el movimiento que se hizo partido, se ha llenado de poder y dinero.

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Carlos Figueroa Ibarra

Sociólogo, profesor investigador de la BUAP, especializado en sociología de la violencia y política. Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (2015-2022).