Cartas a Gracia

Previo a la firma del Convenio de Coordinación suscrito por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Michoacán, para establecer un “mecanismo de pago de nómina para los trabajadores del sector educativo al servicio del estado” Gracia, el titular de la oficina educativa federal reiteraría una afirmación que se ha vuelto socorrida cuando se trata de explicar las solicitudes de recursos extraordinarios que alivien a los erarios estatales endeudados con terceros institucionales, los bancos, y les resuelvan la necesidad de contar con recursos constantes y sonantes que les permitan pagar aguinaldos, prestaciones de fin de año y la primer quincena de enero del año subsecuente; aseveración que señalaría que algunos estados realizaban contrataciones de personal al servicio de la educación y pagos irregulares “no dispuestos para nómina de docentes sino a través de subsidios y otras partidas no autorizadas para tal efecto”. La respuesta indirecta la daría Silvano Aureoles Conejo en una conferencia de prensa en la que explicaría los alcances del nuevo acuerdo firmado y las razones que motivarían el crecimiento de la nómina magisterial y del déficit del sector educativo que padece la entidad de Ocampo.

El Acuerdo Nacional para la Federalización de la Educación Básica (ANMEB) originaría una nueva forma de asignación del gasto federal a las entidades mediante la aplicación de la fórmula 1997 modificada en 2007 (fórmula Nuevo León), que sustituía al reparto discrecional imperante hasta ese momento. Pronto surgirían diferendos entre los gobiernos de los estados y la federación en una búsqueda de alternativas a los acuerdos firmados, a partir del 18 de mayo de 1992, que incluirían por diferentes motivos a Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz (jefaturadas por José Murat, González Anaya y Alemán Velasco, respectivamente) y a entidades como Aguascalientes, enfrentadas a una quiebra técnica del sector educativo que afectaría también al resto de las actividades gubernamentales; tal es el caso de Michoacán.

Los estilos con los que enfrentarían las diferencias cambiarían de acuerdo al estilo de los gobiernos locales. En el primer caso Oaxaca con la CNTE como actor central manifestándose en la Ciudad de México, asumiría un tono de carácter político; Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala amagaría con romper el ANMEB y regresar los servicios educativos descentralizados a la federación. A la par, autoridades educativas de otras 6 entidades gobernadas también entonces por el Partido de la Revolución Democrática, realizarían pláticas para concluir con el acuerdo al considerar que la descentralización de la educación, promovida por Carlos Salinas de Gortari, incrementaba sus responsabilidades como titulares de las relaciones laborales y administradores de la maltrecha infraestructura educativa pero les dejaría al margen de la  planeación educativa y del manejo financiero, funciones que quedaban bajo la férula de las secretarías de Hacienda y Educación Pública; generando un detrimento en la prestación del servicio educativo y en las finanzas de las entidades que gobernaban. La fórmula de 1997 originaría la inconformidad del gobierno de Veracruz, entidad que 2004 demandaría a la federación por un pago de diferencias calculado en 8 000 millones de pesos, originadas entre otros casos, por la falta de pago de terceros institucionales pactados desde los años 70 y que, a decir de la conseja popular, concluyó al cambio del titular de administración local, con un arreglo entre la SHCP de Vicente Fox y Fidel Herrera Beltrán.

Lo mismo que otras entidades, Michoacán habría sufrido afectaciones derivadas de la descentralización educativa que les transfería la administración de los servicios educativos pero que seguía manteniendo la rectoría de la Educación con la subordinación concurrente de los gobiernos locales. Silvano señalaría que desde ese momento, se incrementan las presiones políticas y que entre 1995 y el 2014, las administraciones locales firman minutas con el SNTE y “fundamentalmente” con la CNTE, en las que se reconocían prestaciones adicionales (al amparo de negociaciones que la Coordinadora sostenía con la Secretaría de Gobernación), agravadas en el 2 000, por la ausencia de la firma (Leonel Godoy) de la Alianza por la Calidad de la Educación; acuerdo en el que se incluían los recursos para el incremento de plazas. A partir de esos años “se disparó el número de plazas de carácter estatal, partiendo de un acuerdo que tuvo la CNTE con los gobiernos en turno para otorgar plazas automáticas” a los egresados de las normales públicas, señalaría Silvano.

Sin embargo, el origen del absurdo financiero provocado en la entidades por el ANMEB, nunca mereció el reconocimiento -por parte de la federación- de adeudos históricos generados por la aplicación de las fórmulas citadas, en las que 18 entidades perdedoras transferían recursos crecientes del presupuesto que les fue asignado en su origen, a las 5 entidades ganadoras (Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Guanajuato). Las fórmulas ignoraron las asimetrías económicas existentes entre los estados ricos del norte y los pobres del sur de la República tanto como la incapacidad de las entidades para incrementar sus recursos propios, incluidos los del grado de pobreza, el rezago educativo, la dispersión geográfica de las poblaciones; cuestiones que explican que los gobiernos locales recurrieran al uso de las “economías” generadas por la administración del presupuesto federal, a recursos extraordinarios provenientes de partidas como la U087 que les otorgaba de recursos no regularizables y otros apoyos extraordinarios que ahora se perciben como pecados capitales pero que en su momento fueran legales e  indispensables para el funcionamiento del sector educativo; cuestión que para resolverse, precisaría de un nuevo acuerdo al estilo Michoacán.