La política migratoria en México: el gran reto de la 4T

  • Laura Carreto Tirado
El gobierno mexicano está entre la espada y la pared.

Es evidente que una vez más la política exterior sigue priorizando la relación con Estados Unidos, México ha tenido que ceder y sortear las exigencias de Donald Trump, una de ellas controlar la migración, especialmente la centroamericana por su gran número, esto para evitar que sigan llegando a suelo estadunidense y que se convierta un problema para el gobierno de este país que siempre ha tenido un flujo grande de entradas irregulares.

Los migrantes que llegan a suelo mexicano no son exclusivamente de Honduras, Guatemala y El Salvador, sino también, aunque en mucho menor número: africanos y cubanos; otro grupo que llega de manera constante, pero vía aérea son los venezolanos quienes se han visto forzados a migrar no sólo a México sino al exterior en general por la grave crisis económica que se vive en ese país.

El mayor contingente: el de los Centroamérica se ven orillados a salir de sus países porque la situación ha empeorado en Guatemala, Honduras y El Salvador, la violencia causada por las pandillas como la “Mara Salvatrucha”, la situación económica, aunado a la ineptitud y corrupción de sus autoridades ha ocasionado que miles de personas salgan continuamente para buscar un mejor futuro.

El control del flujo migratorio, ha sido uno de los requerimientos que le exigió Trump al gobierno de México, la cancillería mexicana no tuvo más que ceder ante la amenaza del alza de aranceles por parte de Estados Unidos, lo cual hubiera puesto en peligro nuestra economía tan dependiente de esta nación; no sólo eso, sino que México se comprometió a ser “El tercer país seguro” donde se hace responsable de “resguardar” a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y que previamente hayan pisado suelo mexicano este polémico plan se llama: “Quédate en México”; “resguardar” es un decir, pues deben esperar la respuesta a su solicitud, sin ningún apoyo por parte de las autoridades estadunidenses ni mexicanas, quedan a su suerte en un país que no es el suyo, sin dinero y con posibilidades de ser rehenes o víctimas del crimen organizado.

Los centros de detención en la frontera sur son insuficientes, hay precariedad: los niños y adultos pernoctan bajo condiciones que no son dignas, sin embargo, lo que preocupa más es la situación de los niños migrantes, esto en la frontera sur. Por otro lado, el plan “Quédate en México” le ha traído aún más consecuencias negativas a nuestro país, al también tener que gestionar a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, quienes en su mayoría también son centroamericanos y quedan en la indefensión, varados en la frontera norte, sin un trabajo, ni comida ni lugar donde dormir, con la limitación de no poder trabajar mientras tramitan el asilo.

En 2019, el gobierno de Donald Trump devolvió 62 mil 144 solicitantes de asilo extranjeros a México, a un ritmo de 170 personas por día. Este plan es considerado ilegal por organizaciones defensoras de los derechos humanos, este trato fue acordado por Marcelo Ebrard y el empresario Javier López Casarín con las autoridades estadunidenses. De la cifra mencionado al principio, 46 mil 703 eran ciudadanos de: Honduras, con 22 mil 930 personas, Guatemala: 15 mil 638 personas; aparte, el gobierno estadunidense devolvió a 7 mil 787 personas cubanas, 3 mil 647 ecuatorianas, 2 mil 77 venezolanas y mil 526 nicaragüenses (Proceso, 2020).

Las autoridades de Estados Unidos enviaron 2 mil 994 menores de edad a Tijuana: la ciudad con mayor número de homicidios en México; otros 5 mil 103 en Ciudad Juárez: la segunda más peligrosa y otros 9 mil 229 niños fueron devueltos a Nuevo Laredo y Matamoros, dos ciudades fronterizas peligrosas de Tamaulipas.

Los niños son la gran preocupación para las organizaciones a favor de los derechos humanos pues entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre del 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a unos 40 mil 500 migrantes menores de edad que viajaban rumbo al norte sin sus padres, casi el doble a los registrados en el mismo periodo del año anterior (El sol de México, 2019). Asociaciones civiles como “Save the Children” “Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova A.C”, “Red por los derechos de la infancia en México”, “Aldeas Infantiles SOS”, están luchando para que la Cámara de Diputados apruebe la “Armonización Legislativa en Materia de la Infancia Migrante” en donde se promulgue que las niñas, niños y adolescentes no pisen los centros de detención pues según la “Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” señala la no detención de esta población, independientemente de su condición migratoria y de viaje, lo cual debe incluirse en la “Ley de Migración” y en la “Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político” (Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, 2019).

La preocupación de la migración centroamericana masiva viene de la mano con la problemática de las “Caravanas Migrantes” que no son movimientos espontáneos, como se pensaba al principio; son líderes que organizan a la gente, que les cobran para ser parte de este contingente, además que los “envalentonan” para que por la fuerza entren a México. Hace unos días, detuvieron en El Salvador a Raúl Ventura Juárez; el 20 de enero pasado un poco más de medio centenar de migrantes salió de San Salvador, aunque en el camino se sumaron otras personas hasta alcanzar unas 200. La semana anterior al día citado, salieron de Honduras miles de personas y en su mayoría fueron repelidos por las autoridades mexicanas. La investigación contra Ventura Juárez se abrió el 16 de enero cuando las autoridades detectaron en Facebook una cuenta llamada “Caravana Salvadoreña 2020” en la que convocó a unirse a una marcha a EE.UU que salió la mañana del 20 de enero, el acusado promovía “unirse a la caravana” (La Jornada, 2020). Otros líderes han sido detenidos en distintos momentos como Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes fueron acusados de tráfico de personas y detenidos en la Ciudad de México y Sonora. Así también a Bartolo Fuentes quien organizó las primeras caravanas y fue detenido en octubre de 2018 en Guatemala.

La pregunta ¿Serán los detenidos los verdaderos líderes? ¿Cuánto les cobrarán a los migrantes por unirse al contingente? El sábado 23 de enero hubo un enfrentamiento entre miembros de la “Caravana Migrante” y la Guardia Nacional en Chiapas. En las imágenes y videos que se viralizaron, se ve como el contingente esta frente a la Guardia Nacional (GN) quienes esperaban desafiarlos con escudos y toletes; los migrantes esperaron para hacer contacto y empujarlos, quienes después salen corriendo y son perseguidos. Es reprobable es que los líderes hubieran puesto en primer lugar a los niños y mujeres en este desafortunado desencuentro, fue una estrategia planeada: para que los elementos tal vez fueran menos duros para detener la caravana o, para dar pie a la opinión pública “de la crueldad de las autoridades”. Lo que sin duda es condenable, fue el uso de gas lacrimógeno. Cuando las primeras caravanas lograron llegar a Tijuana y trataron de brincar la barda fronteriza, una de las imágenes con mayor reproducción fue precisamente cuando los miembros de la patrulla fronteriza de EE.UU les hacen frente con gas, esto fue desaprobado por la opinión pública y los medios de comunicación en México, pues ahora eso mismo pasó en la frontera sur.

Uno de los graves errores del Instituto Nacional de Migración (INM) fue prohibirles la entrada a los centros de detención a las organizaciones civiles, 200 de ellas se han unido para protestar por esta medida, pues según ellos, esto jamás había sucedido, ni en la época más violenta del país: en la presidencia de Felipe Calderón; desde su perspectiva el gobierno no protege los Derechos Humanos. Un oficio emitido por el INM prohibió las visitas a las ONG’s, sin embargo, la Secretaria de Gobernación (SEGOB) se deslindó del oficio, lo curioso es que el INM depende directamente de la SEGOB: ¿falta de coordinación? La exigencia de estos grupos es entre otras: la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las fronteras norte y sur para verificar el trato a los migrantes (Animal Político, 2020). Después mediante un oficio el INM promete que se retomarán las visitas, habrá que ver.

Hasta ahora ha habido en México 60 mil solicitudes de asilo, pese a esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Mark Manly pide a las autoridades mexicanas que, al ejercer medidas de control migratorio, las personas tengan la posibilidad de tener información sobre el asilo, ya que las personas que llegan a la frontera sur salen huyendo de la violencia (La Jornada, 2020).

El padre Alejandro Solalinde (defensor de los migrantes, director y fundador del albergue “Hermanos en el camino” con sede en Ixtepec, Oaxaca) afirma que para él este tipo de caravanas están planeadas y están encaminadas “a reventar” al gobierno mexicano y en concreto al presidente López Obrador, también condenó el exceso de la fuerza de Guardia Nacional, específicamente el del día sábado 23 de enero cuando se usó el gas lacrimógeno, pero también exigió que los responsables de las caravanas dejen las provocaciones. Recordó que, cuando el encabezó las caravanas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, jamás se expuso a los niños y a las mujeres, como ocurrió el sábado. Además, propuso cambios en el INM pues no se puede mantener la idea de que la política migratoria le apueste más a la seguridad nacional que a la defensa de los derechos humanos (El Universal, 2020).

El gobierno mexicano está entre la espada y la pared: por un lado, debe satisfacer las exigencias de Trump al controlar el flujo migratorio y por otro ser congruentes con las políticas migratorias que plantearon al principio del sexenio, las cuales se suponía debían estar encaminadas a la protección de los Derechos Humanos. No hay duda de que López Obrador de manera personal tiene otra idea sobre los migrantes, estoy segura que para él hay que protegerlos, sin embargo, las presiones de Estados Unidos lo llevan a tomar decisiones contrarias a su idiosincrasia; precisamente ese es el reto de “La cuarta transformación”: llegar a conciliar entre lo que habían pensado debían ser estas políticas y las exigencias de Trump.

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Laura Carreto Tirado

Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestra en Ciencias Políticas ambos grados por la BUAP. Especializada en temas migratorios y en la Relación México-Estados Unidos. Ha investigado y escrito al respecto en libros y revistas