Cartas a Gracia 

En el imaginario de los mal intencionados Gracia, destacaría la existencia de guardias escolares comunitarias, arcos detectores de metales, largas filas para la revisión de mochila que operarían en cada una de las más de 200 000 instituciones escolares de educación básica del país; como sucede también con las madres y padres que asumen “voluntariamente” la tarea de facilitar el acceso de las y los menores a escuelas mediante las patrullas viales. Tal parece que, hacia eso se encaminan los acuerdo asumidos por los secretarios de educación de varias entidades; por lo menos, eso se desprende de las últimas líneas del boletín Nº 27 de la Secretaría de Educación Pública, emitido el pasado 27 del mes en curso mediante las que nos enteramos que responsables de educación de Zacatecas, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato y Veracruz, “coinciden en fomentar la corresponsabilidad entre padres de familia, alumnos y maestros para coadyuvar en la estrategia de seguridad en los entornos escolares”, ignorando que las tareas de prevención del delito corresponden a las secretarías de seguridad pública y/o de seguridad ciudadana; autoridades que brillan por su ausencia.

Al margen de la exclusión de quienes tienen la responsabilidad de la seguridad (los ediles y sus encargados de seguridad pública), la presentación de los lineamientos de las Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de Educación Básica del país ante los encargados de los despachos de educación, sentaría las bases -a reserva de consultarlas pues aún no circulan por la web- para lograr que las escuelas sean algún día, espacios libres de violencia; cuestión que varias organizaciones como la UNESCO y la UNAM abordan de manera cotidiana, razón que permite visibilizar un fenómeno que pasa desapercibido, sin desestimar otros temas -que luego platicaremos- como la firma del convenio “Michoacán”, signado entre las “secretarías de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de Michoacán”, mediante el que se federaliza la nómina de docentes de educación básica en esa entidad.

Sin embargo, la violencia que se manifiesta en las escuelas y en su entorno, merece ser tomado con la seriedad que requiere tanto por la gravedad que adquiere, como por la difusión que le otorga espacios en redes sociales y en medios masivos de comunicación: balaceras en los entornos como ha sucedido en entidades del norte de la república; agresiones que estudiantes cometen en contra de sus compañeros y de sus maestra(o)s en las escuelas a las que asisten, y que incluso han provocado muertes; golpes en los salones de clase, patios, canchas escolares y fuera de las instituciones; amenazas de bomba atribuibles a algunos estudiantes; “bromas y bravatas” en contra de sus compañeros que algunos alumno(a)s publican través de redes sociales y que al descubrirse se presentan como chanzas; cobro de cuotas, derecho de piso y extorsión que sufre el personal docente a manos de grupos de maleantes, atribuidas en muchas ocasiones al crimen organizado; robo de aulas de medios, televisores y centros de cómputo que adquirieron madres y padres de familia  y/o fueran entregados a la institución por algunos programas gubernamentales (como Enciclomedia); asaltos y robos con violencia a escuelas de carácter público y privado en horas de jornada escolar que afectan física y psicológicamente a estudiantes, personal docente, directivo y administrativo; violencia escolar ejercida por escolares en contra de sus compañeras y compañeros transmitidas por redes sociales con el interés de maximizar el daño causado en sus víctimas, entre otros. 

Y aunque los lineamientos a los que hace alusión Esteban aún no pueden consultarse en la web, otras publicaciones como El Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, publicado por la UNICEF en 2019 lo mismo que las estadísticas del INEGI y estudios sobre la Violencia escolar en México: una exploración de sus dimensiones y consecuencias (José del Tronco Paganelli, Abby Madrigal Ramírez), publicada en 2013 por la Revista de Trabajo Social de la UNAM y otras publicaciones entre las que se encuentran la de la Cámara de Diputados (El Bullying o acoso escolar Estudio Teórico conceptual, de Derecho Comparado, e Iniciativas), lo mismo que de la SEP 2014 (Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica); publicaciones que alertan a maestras y maestros, a la sociedad y a quienes se interesan por la educación sobre un fenómeno que crece casi en la misma proporción en la que se incrementa la inseguridad en el país. 

Entre las cifras que mencionan las publicaciones citadas, destacaría que más de 1 de cada 3 estudiantes han sufrido diversas manifestaciones de violencia a manos de sus compañero(a)s (incluso de carácter sexual) y que 1 de cada 2 alumna(o)s tiene diferentes percepciones de cómo se ejerce la autoridad por parte del personal docente y/ directivo. Hasta un 50% de los alumnos encuestados, ha tenido diferentes manifestaciones de violencia hacia la escuela, como lo muestra una encuesta realizada en escuelas secundarias por del Tronco Paganelli y Madrigal Ramírez. Sin embargo, un aprendizaje indispensable para las y los docentes es el relacionado con un tipo de violencia escolar denominada Bullying; definido en la obra publicada por la Cámara de Diputados como “una forma de comportamiento agresivo, intencional y dañino, que es persistente, y cuya duración va de unas semanas a, en ocasiones meses. Siempre existe un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, aunque no haya provocación alguna. Puede ser ejercido por una o varias personas. A las víctimas les resulta muy difícil defenderse”. 

Comentas Gracia, que la seguridad pública incluidos la de los entornos escolares es tarea del Estado; y lo que sucede al interior de las escuelas, sería compromiso de maestros, maestras y personal directivo, quienes debiesen reforzar la adquisición de valores. Sin embargo la obligación de educar es tarea de padres, madres de familia y tutores; ellos deben hacerse cargo de todo aquello que está al alcance de sus hijas e hijos. Cierto, hacer de las escuelas un lugar seguro es cuestión de responsabilidad social incluido el papel que juegan los medios de comunicación.