Presos políticos y 4T

  • Carlos Figueroa Ibarra
Después de una averiguación sumaria de lo acontecido no tuve más opción que redactar...

La tarde del viernes 24 de enero  al salir de una cita en la Dirección General de Gobierno de Puebla fue capturado Miguel López Vega. Como ahora es harto sabido, Miguel es dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos, Tlaxcala (FPDTAMPT) y Concejal del Concejo Nacional Indígena (CNI), veterano de muchas luchas  ambientalistas y participante de una radio comunitaria. Al leer la noticia de la captura, las circunstancias en que ésta se realizó, la causa que estaba defendiendo y los motivos que las autoridades esgrimieron para explicar su arresto, inevitablemente tuve una suerte de déja-vu. Recordé el caso de Juan Carlos Flores, también integrante del FPDTAMPT, arrestado en  abril de 2014 cuando salía de una cita en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También hice memoria de los muchos casos que presencié y denuncié en la entidad entre 2012 y 2015 cuando tuve el encargo de Secretario Estatal de Derechos Humanos de Morena en Puebla y los otros  más que he presenciado y denunciado a  nivel nacional en mi calidad de Secretario Nacional de Derechos Humanos del mismo partido.

Después de una averiguación sumaria de lo acontecido no tuve más opción que redactar y difundir un comunicado  en nombre de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Morena denunciado el hecho y demandando la liberación de Miguel López Vega. Los hechos eran similares pero el contexto distinto.  Siempre me fue muy cómodo denunciar los arrestos hechos a luchadores sociales en la época de Moreno Valle, Gali o Peña Nieto. Ahora la situación me resultaba incómoda porque el Gobierno de la entidad  es uno vinculado a la Cuarta Transformación. ¿Cómo usar la expresión de “preso político” para denunciar un arresto hecho por una autoridad en la época de la 4T? Sin embargo lo hice como lo hicieron otros activistas y organizaciones de derechos humanos que protestaron por la captura de López Vega. Algunos integrantes de la bancada de Morena en el Congreso local, negaron que fuera un preso político argumentando que había cometido actos vandálicos. Mi querido compañero Gabriel Biestro Medinilla refutó mi aseveración, expresó que estaba mal informado y sugirió que me informara. Dijo también que no consideraba mi planteamiento señal de una ruptura mía con el Gobierno de la entidad.

Tiene razón Gabriel: no hay una ruptura de mi parte con el Gobierno encabezado por Luis Miguel Barbosa. Sigo considerando una verdadera fortuna que él sea nuestro Gobernador y me siento muy orgulloso de haber ayudado a que esto fuera realidad.  Por ello no firmé un memorial promovido por algunos colegas académicos en tanto que interpretaba la captura de López Vega como “parte de una estrategia extendida por todo el país y orquestada desde el gobierno federal y estatal en favor de los megaproyectos y en contra de las organizaciones que defienden el territorio y luchan por su autonomía”. Esta aseveración es un exceso y evidencia que para una parte de la izquierda y del movimiento social no existe una diferencia entre Moreno Valle y Barbosa o entre Peña Nieto y López Obrador.

Dicho lo anterior, reitero mi afirmación de que López Vega debía ser considerado un preso político. Los presos políticos del neoliberalismo de acuerdo a lo que pensamos en Morena y en la 4T, son aquellos ciudadanos o ciudadanas que son encarcelados por oponerse a una política u obra pública que lesiona los intereses del pueblo. Son diferentes de los presos políticos de la época de las dictaduras militares y Estados autoritarios (militantes políticos con una ideología definida). El sentido del movimiento social que encabeza el dirigente del FPDTAMPT es el primero que he mencionado: se opone a la construcción en Santa María Zacatepec de un tubo de 24 pulgadas de diámetro y 4,160 metros  que desahogará aguas en el río Metlanapa. Los pobladores temen que lo que se plantea como un colector pluvial sea en realidad el desagüe de las envenenadas aguas residuales de más de 20 empresas del corredor industrial de Huejotzingo llamado “Ciudad Textil”. Similar acepción de la categoría de preso político parece tener Andrés Manuel. En la rueda de prensa mañanera del 30 de enero, celebró la liberación de López Vega y aseveró  que “no queremos nosotros que haya presos políticos, cero presos políticos, cero torturas, cero masacres”. Más aun, anunció que vendrá a Puebla el titular de la SEMARNAT, el muy calificado académico ambientalista Víctor Toledo. Será la oportunidad para dialogar con los vecinos de Santa María Zacatepec y llegar a una solución razonada y pacífica a sus demandas.

Hice caso a la sugerencia de Gabriel de informarme más. La información que he recabado  desvinculan a Miguel López Vega y a otros dirigentes de su movimiento del incendio  de un vehículo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) y de otros vandálicos. El confuso incidente ocurrió el 30 de octubre de 2019 en medio de una movilización que se salió de control. A lo largo de los últimos siete años he presenciado en la entidad y en el país la transformación mediática de los luchadores sociales  en delincuentes para poder reprimirlos. Esta operación no es más que una criminalización de la protesta y una judicialización de la represión. La aplicaron con Simitrio y otros dirigentes de la UPVA-28 de Octubre, con los de Cholula Viva y Digna y con los de Chalchihuapan. Expreso mi beneplácito porque el Gobierno encabezado por Luis Miguel Barbosa finalmente haya liberado a Miguel López Vega y haya hecho oídos sordos a las voces que clamaban (entre ellos el desprestigiado director de un periódico local) mano dura, castigo ejemplar y no hacerles concesiones “a los revoltosos de siempre”. Una conducta de nuestro Gobernador, muy distante a la que le vi a Rafael Moreno Valle.

Con ello se mostró que en medio de todo, no somos lo mismo.

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Carlos Figueroa Ibarra

Sociólogo, profesor investigador de la BUAP, especializado en sociología de la violencia y política. Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (2015-2022).