Sergio Aguayo, intelectual, académico, investigador y columnista en el periódico Reforma, además de participar en el programa de televisión en el canal Once, del Politécnico, siempre ha expuesto y analizado temas relacionados a la política nacional e internacional, sustentando sus opiniones, sin embargo, por hacer uso de su libertad de expresión, en el momento en que relaciona al político priista Humberto Moreira por corrupción en su paso como gobernador en Coahuila y después dirigente de su partido, resulta que el político lo denuncia por “daño moral a su persona”, demanda que condiciona a Aguayo a pagar diez millones de pesos, con un depósito de cuatrocientos mil pesos ante el juzgado.

Ese es el costo de ejercer el derecho de expresión, por parte de un ciudadano con valor y dignidad, que da a conocer los grados de corrupción que persiste en nuestro país, ya sea de funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios, mismos que gracias a la impunidad cínica, hacen, o mejor dicho, deshacen de las leyes a su antojo, porque el poder les garantiza dichas libertades. Mientras que la ciudadanía, padece tales vilezas cobardes.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es clara en cuanto a lo que esto implica, por lo que nos dictamina lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley”. Además: “No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

La Resolución de la ONU número 56 (1) de 1946, define que "la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y es piedra de toque de todas las libertades a cuáles están consagradas las Naciones Unidas".

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19, establece que: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Los artículos 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son claros en cuanto a garantizar la libertad de expresión y, prohibir la criminalización de la libertad de expresión, el derecho a la información yvla libertad de imprenta.

La libertad de expresión se ha constituido en condición insoslayable para la existencia de un Estado constitucional democrático. La deliberación pública de los diferentes actores políticos y sociales, debe hacerse en libertad; por ello, la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pues se convierte en la premisa de la pluralidad de manifestaciones, expresiones de ideas u opiniones, disensos y/o debates que enriquecen la vida pública de una nación. Una sociedad que fortalece el derecho a la libertad de expresión, fortalece la construcción de su ciudadanía y los principios democráticos de tolerancia, pluralidad e inclusión.

El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero además, reviste una especial importancia dentro del conjunto de derechos fundamentales, debido a su pertenencia al núcleo duro de las reglas básicas del juego democrático; la libertad de expresión, así, es un derecho central por su cercanía al corazón de la Constitución.

La libertad de expresión es el vehículo de un derecho más amplio, que es el de la libertad de conciencia, de ahí que la esencia de ese derecho consista en ser la voz del pensamiento humano. Esto explica que la libertad de expresión se materialice, por ejemplo, a través de un escrito, de una pintura, de una duda filosófica o de un periodista que informa.

Al mismo tiempo que la libertad de expresión es una libertad civil y política, es también una forma de influir en las decisiones legislativas y en el diseño y la aplicación de políticas públicas. Por ello, la construcción de ciudadanía pasa por el fortalecimiento del ejercicio de este derecho; velar por su cumplimiento y garantía son las obligaciones de un verdadero Estado democrático. No resulta sencillo de clasificar, pero la libertad de expresión puede consistir en disentir, en informar, en criticar o en pensar de forma colectiva sin cortapisas.

A pesar de lo anterior, tenemos que, Sergio Aguayo Quezada, el proceso legal que inició en julio de 2016 es “absurdo”, ya que implicó la injerencia de un juez en conflicto de interés, un político priista que goza de protección en la Ciudad de México y una serie de contradicciones legales que permiten el hostigamiento en contra de la prensa crítica o independiente.

“En la Ciudad de México me he enfrentado a una red de apoyo a Humberto Moreira Valdés, ejemplificada sobre todo en el Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quien desde hace dos años está emitiendo un fallo tras otro en mi contra, aun cuando un juez de la Ciudad de México también falló a mi favor”, apuntó.

Consideremos que hace tres años y medio, Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por 10 millones de pesos para compensar el presunto agravio moral en su contra. Dos años y ocho meses después, a finales de marzo de 2019, Aguayo fue absuelto por un juez capitalino. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Magistrado Huber Olea revivió la demanda.

“Cuando me demandó Humberto Moreira me llamó la atención que no lo hiciera en Coahuila, cuando la columna [objeto de la demanda] se había publicado también en Coahuila, en el Siglo de Torreón. […] Con el paso de los años me he dado cuenta que muy probablemente me interpuso la demanda en la Ciudad de México porque aquí contaba con una red de protección”, explicó Aguayo.

De acuerdo con información de Reforma, un Juez civil autorizó el embargo de propiedades de Aguayo si no cumple con el pago de 10 millones de pesos a Moreira, quien lo acusa de “daño moral” luego de haber publicado un texto en el que mencionaba que el político destilaba un “hedor corrupto”.

Recordemos que Humberto Moreira, que fue también ex Gobernador del Estado mexicano de Coahuila, ostentó la presidencia del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.

Situación que obligó a Moreira a “fugarse” a España, donde luego de dos denuncias de personas ligadas a él durante su gobierno, mismas que fueron detenidas por el poder judicial norteamericano, lo señalan de estar coludido y favorecido por el cartel de los “Zetas”, situación que lo condujo a que también el poder judicial español, lo detuviera. Gracias al presidente Enrique Peña Nieto, Moreira solo permaneció detenido por 8 días, logrando su libertad y regresar a México. Por cierto, quien lo exoneró inicialmente fue Felipe Calderón Hinojosa.

Entre tanto, las organizaciones Artículo 19 y Amnistía internacional consideran que es necesario indagar por conflicto de intereses a los jueces que impusieron dicha multa debido a que las directoras de ambas organizaciones, Ana Cristina Ruelas y Tania Reneaum, respectivamente, consideraron que los juzgadores pudieron favorecer al priista.

Por tal razón, contra actos de corrupción, se redactó un documento y manifiesto en defensa de Sergio Aguayo, siendo que el documento denominado “Carta abierta a Consejo de la Judicatura por acoso judicial a Sergio Aguayo H. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México Comisión de Disciplina Judicial” es reforzado por diversos ciudadanos, periodistas e intelectuales, quienes se apegan a los suscrito por Artículo 19 (Para más información consultar: https://articulo19.org/tribunal-superior-de-la-ciudad-demexico-falla-en-contra-de-sergio-aguayo-y-establece-pesimo-precedente-contra-elejercicio-de-la-libertad-de-expresion/)

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay independencia de poderes y por ello en 1 año no ha visto más que una vez al fiscal general de la República y fue por un tema de Estado, que es el caso Ayotzinapa.

Indicó que en el caso de la demanda por daño moral contra el académico Sergio Aguayo, que promovió el político Humberto Moreira, pues no conoce ni al juez, que es parte del sistema judicial de la Ciudad de México.

En su conferencia de prensa, aseguró que no se quiere meter en este tema porque corresponde a las autoridades judiciales resolverlo, pero que defiende la libertad de expresión.

No obstante, dijo que para contextualizar el caso se debe saber que el diario Reforma, donde escribe Aguayo, tiene un conflicto con Humberto Moreira, y que este político fue exonerado por Felipe Calderón, no por su gobierno.

Es momento de que hagamos cumplir la Constitución contra todo acto de corrupción, impunidad e inmunidad, por parte de cualquier delincuente de cuello blanco en el poder.

Dejar sentado que no nada más el ejercicio a la libertad a la expresión corresponde a periodistas, es todo el pueblo el ejercer sus derechos de denunciar y exigir combatir a delincuentes en el poder.

Otra forma de reprimir el derecho a expresión, es desaparecer o ejecutar a periodistas, a líderes sociales y ciudadanos comunes, sin marginar a políticos que pretenden cuestionar o denunciar a sus jefes por tales actos.

El pasado 14 de enero, familiares de Homero Gómez, reconocido luchador y activista por la defensa de nuestros bosques, el medio ambiente y la biodiversidad defensor de denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, ocurrida el día anterior en la localidad de El Soldado, en el municipio de Ocampo, Michoacán, lugar donde se realizaba una fiesta tradicional. Lamentablemente, fue localizado asesinado.

Cuando un líder social estorba a gobernantes, políticos o intereses económicos, perseguir y fincarle delitos falsos, permite ser encarcelado. Otro método a la violación a los derechos de libertad de expresión.

Esperamos que el poder de la justicia, le haga justicia a Sergio aguayo, y cuantos perseguidos sociales existan, sin olvidar a los desaparecidos por el poder. Es cuanto.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx       Analista político y de prospectiva social