Juan Luis Hernández*

En días pasados, pobladores de Santa María Zacatepec realizaron diversas protestas contra la construcción de una línea de drenaje de la Ciudad Textil de Huejotzingo y que desembocaría en el río Metlapanapa. También protestaron contra la detención del activista Miguel López Vega quien lidera la oposición a dicho proyecto. Es el primer caso visible en tiempos de la 4T local del encontronazo entre un movimiento social que defiende derechos ambientales y un gobierno de izquierda que proviene de las luchas sociales.

Nuestro país tiene ya muchos años de ver esta escena. Pueblos, comunidades y organizaciones sociales salen a protestar prioritariamente obstaculizando el paso en una carretera federal o en una autopista. Los quejosos buscan defender ciertos derechos, pero su protesta a su vez daña y afecta otros derechos, dilemas de un país que no ha transitado a resolver sus problemas y conflictos sociales con gobernanza.

Desgraciadamente muchos movimientos sociales han aprendido que la única manera para que los gobiernos los vean y los escuchen es haciendo protestas de alto impacto, como lo que apreciamos el fin de semana pasado con el cierre durante 25 horas de la carretera federal Puebla-México con decenas de llantas incendiadas. En esta tesitura también cabe preguntar si un movimiento social que lucha por cuidar el rio (defensa ambiental) proteste con tácticas que dañan el ambiente. En este sentido, los activistas ambientales también están desafiados a hacerse escuchar con los mismos principios que dicen defender.

Por otro lado, estamos acostumbrados a ver que quienes lideran proyectos de infraestructura acusan a quienes se oponen de detener el progreso, y por el lado de los movimientos opositores, no alcanzan a ver los beneficios sociales de esos proyectos, en este caso la línea de drenaje de la ciudad textil. Es una buena prueba para el nuevo gobierno. Los gobiernos anteriores solían resolver estos conflictos con represión social, presos políticos y beneficios empresariales altamente contaminantes.

La versión poblana de la 4T tiene entre sus funcionarios a antiguos luchadores sociales que algún día estaban en las calles con movilizaciones y protestas. Hoy les toca gobernar y demostrar que se pueden enfrentar conflictos sociales con diálogo y democracia. Antiguamente las secretarías de gobernación tenían presencia territorial para mapear actores y procesos que pudieran afectar la gobernabilidad. Hoy es imprescindible que el estado mexicano a través del nuevo gobierno en Puebla vuelva a recuperar la base territorial, pero con principios de gobernanza, construyendo mesas de diálogo, concertación y mediación ahí donde hay una trasnacional, una gran empresa o una obra de infraestructura con la que los pobladores no están de acuerdo.

Hoy ni los gobiernos ni la sociedad podemos tolerar proyectos de infraestructura no sustentables. Ya no podemos tolerar que las descargas industriales se hagan en los ríos. El cambio climático, la contaminación del agua, el aire y los suelos, así como la corrupción, no son ya caminos en los que debamos transitar como sociedad civilizada. Apelamos a que el diálogo solucione proyectos de infraestructura que respeten el medio ambiente y que no haya necesidad de que la sociedad se haga oír con manifestaciones que afectan a terceros.

Finalmente, el gobierno de Barbosa tiene una gran oportunidad para distanciarse de modelos autoritarios para resolver conflictos sociales y enviar la señal de que no hay necesidad de salir a la calle a protestar si antes ya se construyó una mesa de atención pública para ver y oír lo que tengan que decir las poblaciones organizadas en torno a derechos socio ambientales.

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.