Juan Luis Hernández*

El segundo año del gobierno del López Obrador tiene como principal desafío contener y disminuir las acciones y retos del “estado paralelo” llamado crimen organizado. Es sabido que la depredación del estado y de las instituciones por parte de los grupos fácticos y de las mafias de todo tipo, tiene décadas. Que limpiar las policías, profesionalizar los ministerios públicos, hacer que las fiscalías presenten de manera robusta sus investigaciones a los jueces y que a su vez el poder judicial no sea un eslabón más de la delincuencia organizada, no podrá suceder de la noche a la mañana. Pero este problema estructural no podrá ser más un pretexto para que la 4T vaya presentando avances y no retrocesos en la misión de pacificar el país.

Y dentro de la imprescindible tarea de quitarle el control territorial y el acoso a la sociedad civil de las mafias y los cárteles, se encuentra el trabajo para evitar que mujeres y niños desaparezcan en el país. El hecho de que miles de personas desaparezcan anualmente en nuestro territorio es uno de los aspectos más notables del estado fallido. Que los tres niveles de gobierno no puedan tener una estrategia común, organizada y profesional para evitar que las personas desaparezcan a manos del crimen organizado es dar cuenta que el estado y las instituciones simple y sencillamente no son útiles socialmente hablando. Muchas personas y poblaciones en México viven experiencias similares a lo que se vivía en la edad media, sobrevivir con la ley del más fuerte.

Ayer se publicó en este medio que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en lo que va del actual sexenio, han desparecido 173 mujeres en Puebla y 131 niños o adolescentes. El segundo estado, después de Jalisco, que más incidencia tiene ante esta catástrofe humana y social. Aunque muchos ya estén acostumbrados a estos datos y muchos otros hayan normalizado las violencias, no debemos dejar de señalar que los datos para Puebla son absolutamente inadmisibles. ¿Cómo ocurre esto? ¿qué facilita la desaparición de mujeres y niños en nuestro estado? ¿Qué papel juegan las élites políticas locales para ocuparse de esta desgracia, o sólo voltean a la federación para señalar que la ventanilla de atención es en otro lado?

Uno de los déficits más importantes del estado mexicano es tener un federalismo poco funcional. Tenemos tres niveles de gobierno muchas veces disasociados unos de los otros. A veces pasándose la bolita, otras ocasiones enfrentados por razones partidistas o de negocios, las más de las veces con poca eficacia en el trabajo colaborativo para resolver problemas.  Hasta la fecha sigue sin haber una estrategia de estado para enfrentar al “estado paralelo”. El gobierno de López Obrador sigue consistentemente los pasos de los gobiernos anteriores: apostar por políticas federales y hacer a un lado a los gobiernos estatales y locales por presumir colusión o ineptitud. En tres lustros se ha demostrado que sin la participación de los gobiernos locales en una estrategia nacional contra el crimen organizado, éste seguirá gozando de cabal salud.

L@s desaparecid@s en Puebla es una afrenta a nuestra sociedad, a nuestras universidades, a nuestros gobiernos, a nuestras familias, a nuestras iglesias. Grupos criminales le han declarado la guerra a la sociedad civil, a la población más vulnerable como son los niños, y seguimos sin saber qué estrategia de estado hay para defender los derechos humanos de nuestra infancia. Hay mucho por hacer en el terreno de cada quien, en las competencias y trabajos de cada sector. L@s desaparecid@s en Puebla tendrían que unir a las fuerzas políticas y sociales para recuperar territorios, para construir espacios de paz y seguridad, para detener el salvajismo de nuestra época.

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.