La riqueza inmobiliaria de Bartlett, su familia y la SFP

  • Raúl Espejel Pérez
Según el informe técnico emitido por la SFP, Bartlett únicamente es propietario de cinco casas

Manuel Bartlett Díaz es el primer colaborador de alto rango del presidente Andrés López Obrador que es investigado por la secretaría de la Función Pública debido a la realización de presuntos actos de corrupción.

Fue acusado de enriquecimiento oculto, de incurrir en conflictos de interés y omitir  en su declaración patrimonial, correspondiente al primer año de gobierno de la 4T,  el registro de 25 inmuebles ─valuados estimativamente en poco más de 800 millones de pesos─ y 12 empresas cuya propiedad se atribuyen a él, a sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez y a su concubina Julia Abdalá.

Con la evidente finalidad que pasara inadvertida la decisión del gobierno de López Obrador de eximir de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido el director de la CFE, pocas horas antes de iniciarse el período vacacional de fin y principio de año, la titular de la SFP, Eréndira Sandoval, extendió un certificado verbal de honradez y buen desempeño como servidor público a Manuel Bartlett al anunciar su exoneración.

Según el informe técnico emitido por la SFP, Bartlett únicamente es propietario de cinco casas en la Ciudad de México, con valor de compra global de 8 millones de pesos y de 51.6 millones de pesos invertidos en cuatro bancarias.

También es socio de las empresas Comercial Lebasi, S. A. de C. V. (a la que aportó inicialmente 25 millones de pesos) y Cawaret, S. A. de C. V.

Sin embargo, Bartlett omitió registrar en su declaración patrimonial su participación en ambas empresas.

Según la investigación periodística efectuada por Areli Quintero y difundida por Carlos Loret de Mola que dio origen a la supuesta averiguación realizada por la secretaría de la Función Pública, Manuel Bartlett es un empleado federal adinerado. Posee más casas que el empresario Carlos Slim, a quien la revista Forbes considera entre las diez personas más ricas del mundo.

Los cargos públicos más importantes que ha ocupado Bartlett y que no justifican legalmente su presunta riqueza, son secretario de Gobernación(1982-1988), secretario de Educación Pública (1988-1992), gobernador de Puebla (1993-1999), senador de la república  de representación proporcional por el PRI (2000-2006), senador de la república plurinominal por el PT (2012-2018) y director de la Comisión Federal de Electricidad a partir del 1 de diciembre de 2018.

La gubernatura de Puebla podría ser la excepción. Porque en ningún de los demás cargos que ha ocupado en toda su carrera de servidor público, Bartlett manejó recursos públicos con la discrecionalidad, libertinaje o deshonestidad que las circunstancias le hubieren permitido para acumular la riqueza que se le atribuye.

Sobre la propensión de Manuel Bartlett de lucrar con los cargos públicos que ocupa, su  ahora protector y defensor, Andrés Manuel López Obrador, hace 25  años, es decir, en 1995, escribió textualmente en su libro Entre la historia y la esperanza (Editorial Grijalbo) que en “En ese sexenio, por hablar sólo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista (electo gobernador de Tabasco para el período 1953-1958, que se obligado a solicitar licencia para dejar definitivamente la gubernatura a partir del 22 de marzo de 1953), fueron urbanizados  de una peculiar manera Bartlett hijo (hoy director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de AMLO) se asoció con el yerno de (Mario) Trujillo (gobernador de Tabasco 1971-1976) Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos  los servicios públicos (pavimento, agua, drenaje y energía eléctrica) y una vez concluido el trabajo  se dividirían por mitad el nuevo fraccionamiento residencial Framboyanes. Así ocurrió, pero claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario”, terminó afirmando enfáticamente el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y actual defensor de oficio de Manuel Bartlett Díaz.

¡Maromas que da AMLO sin ser acróbata!

Si esto hizo Bartlett siendo un simple director de Gobierno de la secretaría de Gobernación (1970-1976) qué negocios personales habrá efectuado en su beneficio con los fondos públicos que manejó en Puebla su gobierno entre los años 1993 y 1999.

Por ejemplo, en el megaproyecto Angelópolis, donde se contempló  “la inversión de más de 1,000 millones dólares ─3,000 millones de nuevos pesos─ en obras de infraestructura turística y comercial en la capital poblana (revista Proceso, 24 de julio de 1993) y la construcción del periférico en la ciudad de Puebla

Ambas obras públicas representaron una excelente oportunidad para que Manuel Bartlett Díaz, siendo gobernador de Puebla, repitiera en mayor escala, lo que hizo hace alrededor de 50 años en Villahermosa, Tabasco.

El caso de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE y autor material del mayor fraude electoral que se haya cometido en toda la historia política de México, no debe terminar con el dudoso veredicto exculpatorio que emitió la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval.

Ahí tendría que empezar. Para ello se requiere que intervenga la Fiscalía General de la República.

Contraste familiar

Mientras Pablo Sandoval Ramírez, padre de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, fue un auténtico luchador social de izquierda; dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Central de Estudiantes Democráticos; miembro del Partido Comunista Mexicano y del Frente Democrático Nacional que en 1988 postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República y tenaz crítico de Manuel Bartlett Díaz por el fraude electoral que dirigió desde la secretaría de Gobernación por instrucciones del presidente priista Miguel de la Madrid, su hija Eréndira, 31 años después, acatando instrucciones de AMLO, lo exonera de los presuntos actos de corrupción que se le imputan.

Hace más o menos 28 o 29 años, un colaborador  cercano al entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, me comentó que Manuel Bartlett, siendo secretario de Gobernación, vía telefónica, le solicitó a éste una elevada cantidad de votos para inflar la votación que le sirvió a Carlos Salinas de Gortari para robar la presidencia de la república a Cuauhtémoc Cárdenas.

Como pago a su participación en el megafraude electoral de 1988, Bartlett obtuvo la candidatura al gobierno de Puebla y con ello la posibilidad de acrecentar su capital y sus inmuebles.

Si López Obrador no se ha arrepentido de lo   que escribió en 1995 en su libro Entre la historia y la esperanza, acerca de las corruptelas cometidas por Manuel Bartlett Díaz en Tabasco, queda claro que perdió la oportunidad histórica de demostrar a los mexicanos que su propósito de combatir la corrupción es algo más que una patraña publicitaria.

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Raúl Espejel Pérez

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).