Después de un cuidado proceso llevado a cabo por el Senado de la República para designar titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual coordina operativamente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de Víctimas, resultó ungida la jurista Mara Gómez, de quien me he ocupado en estas páginas por una conspicua campaña que buscaba descarrilar su legítima aspiración de servir en una responsabilidad pública de gran sensibilidad social. La designación de Mara es una buena noticia porque por fortuna se antepuso la razón y el mérito sobre la ventaja política y la negociación que suelen aparecer en estos procesos donde las decisiones requieren de la suma de varias voluntades. Y mi apreciación se basa en datos objetivables de las prendas profesionales y morales de Mara, destacando su capacidad técnico-jurídica, su experiencia en el tema específico y su independencia de criterio.

Estas cualidades sin duda son importantes para avanzar en el proyecto de pacificación del país, de lo que se ha denominado Estado de Paz, que pasa necesariamente por el concurso de las víctimas, para dar un punto de quiebre a las políticas públicas del tratamiento de los grupos del crimen organizado en sus diversas manifestaciones. Los juristas Olivia Rubio y Sergio Arturo Ramírez han sabido interpretar los cómos del qué del presidente López Obrador en esa compleja asignatura pendiente que no pasa ahora por la confrontación abierta y frontal contra los grupos disruptivos, sino por la generación de un proceso de justicia transicional que tiene en la paz el objetivo principal más que en la sanción o el castigo como tradicionalmente se ha entendido en una lógica de blanco o negro. Y no es así el tema. No es dicotómico, reclama, por el contrario, apelar a los matices de grises que permitan reconstruir el tejido social que durante los últimos tres gobiernos del régimen anterior fueron fragmentados.  

En esa misma línea el colega Ricardo Peralta de la Facultad de Derecho de la UNAM (ahora subsecretario de gobernación) ha dado luz, en la misma línea en que desde la sociedad civil Olivia Rubio y Sergio Arturo Ramírez han dado la batalla con propuestas atendibles, sobre la materia con una sólida investigación aplicada plasmada en su reciente obra Estado de Paz (UNAM. 2019) donde explica qué es y cómo se debe poner en marcha la justicia transicional en México abrevando de la experiencia comparada tropicalizada, empero, al caso nacional con sus particularidades generando un modelo propio de México para los mexicanos.

En ese contexto, la presencia de Mara en la CEAV juega un papel de importancia capital en ese proyecto por erradicar la impunidad y generar bajo el método de  aproximaciones sucesivas la pacificación en todo el territorio nacional. No es una tarea sencilla; antes bien, sinuosa y complicada, de ahí que se requiera voluntad política, capacidad técnica y autoridad moral para lograr internalizar en los distintos actores los alcances de la justicia transicional como requisito sine qua non para el cambio de paradigma en cómo y por qué debe cambiar la lucha por la paz en el país. Hubiera sido lamentable que en la CEAV hubiera sido designada una persona que tuviera una agenda propia (ajena por ello mismo al interés público) que fuera más un obstáculo que una aliada en una causa en donde debe existir un acuerdo en lo fundamental. El nombramiento de Mara en la CEAV se inscribe como un activo para el cambio democrático en ese tema que a todos debe importar.   

@evillanuevamx

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