Ha habido dos situaciones a lo largo del nuevo gobierno federal que han tensado las relaciones con Estados Unidos, una por las “Caravanas Migrantes” y la amenaza de Estados Unidos de subir los aranceles sino se controlaba el flujo migratorio centroamericano que llegó a niveles nunca antes vistos, la administración de López Obrador tuvo que ceder pues peligraba la economía del país, finalmente se llegó a un acuerdo en el que México desplegaría a miles de elementos de la Guardia Nacional para evitar el paso de los migrantes y además se firmó un acuerdo para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su trámite en nuestro país, el pacto del “tercer país seguro”. El otro episodio de tensión se generó hace unas semanas con el asesinato de integrantes de la familia México-estadunidense: LeBarón, fue el motivo perfecto para que Trump de nueva cuenta expresara su opinión acerca de su intención de construir un muro (su vieja obsesión) además de sugerir designar a los cárteles de la droga como terroristas con lo cual se buscaba intervenir en México desplegando militares y equipo especializado para combatir de manera directa al narcotráfico; este argumento lo sostuvo todo el mes de noviembre hasta que finalmente el viernes 6 de diciembre desistió de hacerlo por la petición del presidente AMLO.

El homicidio de los Lebarón, sucedido el 4 de noviembre pasado en Bavispe, Sonora (frontera entre Sonora y Chihuahua) terminó con la vida de tres madres de familia y seis niños. El conflicto entre dos grupos criminales y rivales de la zona, y la confusión por los vehículos en los que se transportaba la familia pudo haber sido el motivo del crimen, sin embargo, otras hipótesis son mencionadas, como por ejemplo el hecho de que los Lebarón tuvieron desacuerdos con los grupos delincuenciales. Anteriormente miembros de su comunidad habían sido plagiados y hubo un asesinato, lo que desencadenó en su activismo social, que ahora se refuerza con este lamentable hecho. Esta comunidad mormona, se estableció en 1924 en la comunidad de Galeana, Chihuahua y huyeron de la prohibición de la poligamia en Estados Unidos y actualmente tienen 5000 miembros, muchos de ellos viven entre los dos países, como la familia que asesinaron.

La binacionalidad de los Lebarón, hizo que el gobierno de Estados Unidos reclamara a su contraparte mexicana por el crimen familiar. El martes 5 de noviembre Donald Trump lanzó un “tuit” diciendo: “que era hora de que México con la ayuda de Estados Unidos, librara la guerra contra los cárteles de la droga y los borrara de la faz de la tierra”. A su vez dos senadores republicanos Josh Hawley y Tom Cotton criticaron el “fracaso” de México en controlar la violencia y pidieron al gobierno federal que intensificara su lucha contra las organizaciones criminales. La propuesta de los congresistas también se encaminó a cambiar el estatus legal de los cárteles a “terroristas” para poder realizar incursiones militares contra de ellos en territorio mexicano, además de apoyar a México con armamento y militares, e ir más lejos: emprender una “guerra” (Sin embargo, 2019).  

El día después de las expresiones de los senadores y de Trump, el presidente AMLO salió a defender la soberanía de nuestro país: “Sin valentonadas, sólo recordar que somos un país libre, independiente y soberano, que somos respetuosos, por lo mismo que respetamos la soberanía de otros países” expresó (Sin embargo, 2019), además de justificar la capacidad armamentística y de logística del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina.

El domingo 24 de noviembre, 20 días después de la tragedia, Bryan Lebarón a nombre de su familia pidió a través del portal de peticiones de la “Casa Blanca” que el gobierno de Estados Unidos declarara a los grupos de narcotraficantes de México como “Organizaciones terroristas extranjeras”; el martes 26 de noviembre Donald Trump anunció en una entrevista que planeaba definitivamente designar como grupos terroristas a los cárteles mexicano, a lo que el presidente AMLO respondió al día siguiente “cooperación si, intervencionismo no”.

También el senado mexicano rechazó la declaración de Trump, ratificando la estricta defensa de la soberanía nacional y contra cualquier intento de intervención de otro estado; reiteraron su apoyo al ejecutivo federal para defender la vía del diálogo y cooperación como mecanismo para hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región.

Actualmente el gobierno estadunidense tiene a 68 organizaciones internacionales declaradas como terroristas, entre ellas “Al Qaeda”, el “Frente Popular para la Liberación de Palestina”, y “Sendero Luminoso”, entre otras. Estas designaciones no han siempre tenido resultados positivos para Estados Unidos, por poner un ejemplo: la guerra contra Afganistán, que fue a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001. Cuando George W. Bush le exigía al gobierno afgano la entrega de Osama Bin Laden, y como este se negó a entregarlo, EE. UU inició la invasión de este país el 7 de octubre de 2001. Bajo el nombre “Operation Enduring Freedom”, Estados Unidos y el Reino Unido estructuraron un ataque contra el gobierno Talibán del país (Hamily Yabib, 2019). Actualmente, después de 18 largos años de guerra entre ambos países, el deseo de Trump es llegar a un acuerdo con los líderes del régimen incluyendo al presidente Ashraf Ghani pero por los recientes ataques talibanes en la zona se han suspendido, tras diez meses de negociaciones, muy probablemente se llegue a un acuerdo. Habría que calcular costos monetarios y sobre todo humanos de esta guerra: ¿cuántos soldados caídos, lesiones, perdidas de extremidades y enfermedades mentales y corporales, han acarreado los militares estadunidenses? ¿y qué decir de la contraparte afgana? Las intervenciones en el extranjero no siempre han salido como han deseado, como el caso de Vietnam también.

Por otra parte, las distintas intervenciones durante el siglo XIX en México tuvieron como consecuencia que, al siglo siguiente, que tuvo precisamente como punto de inflexión la intervención de Estados Unidos en México en 1914 en Puerto de Veracruz, ocasionaron que el titular del ejecutivo: Venustiano Carranza, asumiera el principio de “no intervención”, como objetivo de la política exterior mexicana, lo cual vendrían implementando todos los gobiernos subsecuentes. En 1988, el ex presidente Miguel de la Madrid decide incorporarlo a la Constitución, junto con otros seis principios, que desde entonces regularán la conducción de la práctica diplomática mexicana a nivel de mandato constitucional (Sanabria y Dueñas, 2019).

El artículo 89 de nuestra constitución, dice entre otras cosas que el titular del Poder Ejecutivo, observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Y es que el principio de no intervención significa: la no intromisión de otros países en el nuestro, así como el gobierno mexicano se compromete a no intervenir en los asuntos de otros países. Si bien es cierto México recientemente no ha experimentado amenazas directas que atenten con su soberanía (invasiones militares) esto no quiere decir que otro tipo de eventualidades atenten contra la seguridad nacional. El principio de no intervención precisamente blinda al país de ello, es decir, aunado al resto de los principios de nuestra política exterior, apelamos a una visión idealista de las relaciones internacionales que concuerda con nuestras capacidades (limitadas) para defendernos ante una posible amenaza (Forbes, 2019).

Finalmente, el viernes 6 de diciembre Donald Trump explicó en un “tuit” que decidió posponer o poner en pausa a la designación de los cárteles como terroristas. Esto después de la visita a México del Fiscal de Estados Unidos: William Barr, quien se reunió con el presidente de México, para abordar el tema de la seguridad. Trump dijo específicamente que estatutariamente tenían todo listo, sin embargo, por respeto y petición de AMLO esta designación se frenaba (La Jornada, 2019).

La intervención de Estados Unidos en nuestro país hubiera significado no sólo un fracaso en las negociaciones y cooperación entre los dos países, sino la violación de nuestros principios de política exterior y de la soberanía del país. La visión de EE. UU es contraria a la que tiene el presidente: de combatir los cárteles a través de la violencia, hubiera sido una salida opuesta a la propuesta de Obrador, porque queda claro que la intención de Estados Unidos no era intervenir pacíficamente.

También queda claro que el presidente de Estados Unidos ya está en campaña para su reelección en 2020, y una vez más utilizara a México como parte de su estrategia generadora de votos, así como lo fue hace casi cuatro años, donde no bajó a los mexicanos de criminales y violadores, jamás se disculpó, sus generalizaciones dañaron y han seguido perjudicando la imagen de los mexicanos y los más afectados han sido los migrantes que viven en ese país, quienes han sido objeto de ataques racistas y supremacistas, como el tiroteo que dejó 22 muertos, acontecido en agosto pasado en El Paso, Texas.

Estados Unidos podrá poner los títulos que quiera a los cárteles, pero en esta posición peligraba la relación con México. Este amargo desencuentro por la intención de Trump de designar a los cárteles como terroristas quedó atrás, por la alegría de los tres gobiernos: EE. UU, Canadá y México tras la ratificación del T-MEC, acuerdo que fue impulsado en el gobierno de Peña Nieto pero ultimado en este sexenio, es un gran avance, aunque aún falta la confirmación del tratado por los congresos de cada país.