Esta semana salió a la venta la más reciente obra del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lleva el título “Las trampas de la publicidad oficial” (UNAM 2019). La obra compuesta de seis capítulos se centra en analizar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el vacío en la materia y su mandato al Congreso de la Unión para que se legislara al respecto gracias a la iniciativa de la organización Article XIX. El cumplimiento de la orden de la SCJN por el Congreso resultó un balde de agua fría para la razón y resultó igual o peor de lo que existía en los denominados lineamientos de publicidad oficial que año con año emitía la Secretaría de Gobernación con una amplísima dosis de discrecionalidad lo que, en la experiencia comparada, se ha acuñado como “censura indirecta”. Jaime hace un acucioso análisis de los considerandos, del contenido y de la pertinente necesidad de reformar sustancialmente esa Ley que, en los hechos fue gato por liebre a lo que esperaba la comunidad no sólo la organizada en el tema, sino la población en general por cuanto a su impacto en el derecho a la información. Tan mal está la Ley que contradice incluso las referencias a este rubro publicadas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Durante el periodo de transición entre el antiguo régimen y el actual se discutió la reforma o, en su caso, la abrogación de la Ley actual por una que retomara las mejores expresiones de la experiencia comparada en donde hay muchas variantes posibles, sin duda, todas mejores que la que fue aprobada por el Poder Legislativo para cumplir en la forma la orden de la SCJN.  

Por una u otra razón, es un tema en el que no se ha avanzado legislativamente. Sí se han dado pasos positivos en la política pública de la Administración Pública Federal y medios que, por razones ideológicas o de crítica recurrente al gobierno, aunque con un gran tiraje y audiencia apreciable, habían permanecido fuera del acceso a los recursos del erario que, no sobra decir, son del pueblo no del gobierno en turno. Es verdad que en los gobiernos anteriores hubo lamentables excesos en la compra de las líneas editoriales de medios y periodistas como se ha documentado en la prensa con algunas imprecisiones, pero correctas en lo general, pero también lo es que no hay reglas claras, puntuales y razonables para la asignación publicitaria con fuerza de ley. Y es que el problema de la discrecionalidad es su fragilidad en el tiempo, por más buena fe que hoy lleve en su ejercicio, pues corre el riesgo de ser modificada en cualquier momento.

 De ahí la importancia de la obra de Jaime Cárdenas que se detiene a analizar de fondo esta problemática en el ámbito federal que, dicho sea de paso, debería ser tomada en cuenta como un referente en la materia por quienes toman las decisiones en esa área que está sufriendo problemas que no pueden ser obviados. Como es habitual en las obras de Jaime se advierte investigación seria y de gran calado en los temas que aborda como un investigador riguroso desde mucho tiempo atrás, quien se caracteriza por hacer análisis de los grandes problemas nacionales con propuestas jurídicas atendibles de solución, lo que no es la excepción en este caso donde dedica el capítulo sexto y último a formular propuestas de contenido normativo puntuales, con las que coincido en sus aspectos medulares.

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