Ocurrió el 20 de noviembre. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, tomó protesta a Mónica Maccise Duayhe como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) durante el periodo 2019-2023.

Sánchez Cordero dijo ese día que “la lucha contra la discriminación no se puede detener y consideramos que el perfil de Mónica Maccise es ideal para robustecer la agenda antidiscriminatoria ya consolidada”.

La de Maccise Duayhe es una trayectoria en sí misma interesante: lo mismo es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que cursó una estancia académica en la Universidad de Harvard con los temas Totalitarismo en la Historia, Existencialismo y Literatura Americana, y fue directora de Desarrollo Social en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en el año 2008. Aquí, con este nombramiento se traza la línea que interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Sánchez Cordero impulsar, y no lo han entendido ni el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ni los diputados del Congreso local capitaneados por Gabriel Biestro Medinilla.

Dimensionemos la magnitud de la agenda federal antidiscriminatoria: es oportuno recordar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del INEGI en los que se informa que uno de cada cinco mexicanos mayores de 18 años de edad ha sido objeto de discriminación. Y aquí es donde se inserta el estado en el que vivimos: los índices más altos de discriminación los tienen Puebla con 28.4 por ciento; Colima, 25.6; Guerrero, 25.1; Oaxaca, 24.9% y Morelos, 24.4 por ciento.

“Me parece inédito que tengamos un presidente que por primera vez haya reconocido pública y explícitamente que el racismo es un hecho en México, eso también nos habla de un reconocimiento de los retos que tenemos”, dijo Maccise Duayhe en nota recogida por Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Remarcó Sánchez Cordero: “tenemos la absoluta convicción de que su perfil responde plenamente a los retos que implica consolidar la política nacional por la igualdad y no discriminación”.

Y aunque la forma de vestir, la apariencia, el peso, la estatura, la edad y las creencias religiosas son los motivos principales por los que 20.2 por ciento de la población mexicana ha sido discriminada, negar de manera injustificada un derecho, ya sea directa o indirectamente, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas, señala la encuesta del Inegi que dio otra cifra: 23.3 por ciento de la población de 18 años de edad y más dijo que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho.

Si hablamos de derechos, recordemos que en octubre pasado diputados poblanos que integran las comisiones de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género en el Congreso del Estado desecharon por mayoría la aprobación de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario; legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, en la que está Morena, se negaron a discutir las reformas necesarias para legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo y despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. No importó que fuera una promesa de campaña. Tuvieron el pretexto, que no argumento, perfecto: le urgía al gobierno estatal y más a la Secretaría General de Gobierno cumplir las acciones que exigió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al emitir la Alerta por Violencia de Género y por eso se ajustaron a aquello de más vale pedir perdón, que pedir permiso. Aunque, a decir verdad, no se les ve nada compungidos por aprobar las modificaciones presentadas por Barbosa Huerta a los códigos Penal y Civil. Queda una pregunta, diputado Gabriel Biestro: si Puebla propuso y aprobó reformas al vapor porque les urgía cumplir con la Conavim, ¿cuándo retoman la discusión de los códigos Penal y Civil?

Esas, las prisas de la mancuerna de Ejecutivo y Legislativo, tienen molesta a Sánchez Cordero: la sociedad mexicana, dijo, “es profundamente discriminatoria” y se acordó de Puebla: “no sé cómo siguen cuestionando en algunos estados la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario, acabamos de tener un tema ahí en Puebla”.

Testigos del mensaje dirigido a Puebla fueron Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y Alexandra Haas Paciuc, expresidenta del Conapred.

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