La semana pasada hablamos sobre las traiciones de AMLO a los pobres. El día que apareció la columna se decretó la desaparición del Seguro Popular y, como en tantos otros casos, su sustituto no está todavía en su lugar. Con ello se evaporaba el fondo para gastos catastróficos de salud, el verdadero seguro popular. Y está por verse si efectivamente se va a mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y abasto de medicinas, a pesar de la reducción del presupuesto y las experiencias fallidas de los últimos meses.

Hoy me refiero a otra de las traiciones: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución… y si no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”. Desde el inicio de su gobierno, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común, el gobierno ha realizado acciones de dudosa legalidad, ha violado la ley, o ha permitido que se viole en numerosas ocasiones durante el primer semestre del sexenio (https://contralacorrupcion.mx/si-o-si-me-canso-ganso/). Las acciones ilegales han continuado y los autores están actualizando el reporte. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que llevó a acciones de inconstitucionalidad, amparos indirectos y otras acciones jurídicas, inició una larga lista de violaciones a la ley o acciones de dudosa legalidad. Se han comenzado obras sin los permisos previos requeridos por ley, específicamente la construcción del Tren Maya y del aeropuerto de Santa Lucía. Lo mismo ocurrió con la Refinería de Dos Bocas, que arrasó el manglar que existía en donde se ubicará y ya se iniciaron los trabajos sin diversos permisos.

La reducción de los presupuestos de los órganos constitucionales autónomos tanto en 2019 como para 2020 vulneran su autonomía al estrangular sus capacidades para poder ejercer su función de ser un contrapeso a los otros poderes del Estado. Esta tendencia a minimizar estos contrapesos ha sido complementada por la descalificación de sus autoridades y la designación de personas cercanas al presidente como sus cabezas. Incluso, en ese proceso ha habido ya violaciones a la Constitución y a las leyes secundarias en algunos casos durante el proceso de nombramiento, como fue la escandalosa designación de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la semana pasada.

El uso del chantaje con el poder público y de la impartición de justicia selectiva, que lamentablemente no es nuevo en nuestro sistema político, se ha reforzado en el gobierno de AMLO. Al menos, sus acciones contrastan fuertemente con su disurso de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Tal es el caso de la inacción del Ejecutivo frente a la Ley Bonilla, claramente inconstitucional, y la complicidad abierta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El bloqueo de cuentas bancarias a altos funcionarios públicos y hasta sus familiares como amenaza (caso del ministro Medina Mora), hasta forzar su renuncia, para luego desbloquear las cuentas una vez logrado el objetivo de su renuncia, es una muestra de que todo sigue igual. También lo es argumentar que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es por “seguridad nacional” para burlar las acciones legítimas interpuestas por personas y organizaciones a través de juicios de amparo que buscan impedir la cancelación del NAIM y su reemplazo por Santa Lucía.

El levantamiento del llamado Censo del Bienestar también es una acción ilegal llevada a cabo por el Ejecutivo a través de los promotores del voto de Morena. Estos jóvenes hicieron proselitismo directo utilizando gafetes y chalecos con el nombre del presidente, ofreciendo beneficios sociales en nombre de Andrés Manuel López Obrador. Ello contraviene claramente la ley que prohibe el uso de dineros públicos para el proselitismo o la promoción de la imagen de algún servidor público. Aparentemente esto se detuvo tras la queja del PRD y de otras organizaciones.

Esta es apenas una pequeña muestra de casos de violaciones a la ley y de uso excesivo del poder público para efectos políticos que han ocurrido en estos primeros meses del nuevo gobierno. Hay muchos más y cada uno de ellos muestran la traición de AMLO y de Morena a los más de 30 millones de personas que votaron por él, con la esperanza de que las cosas iban a cambiar, que ya nadie estaría por encima de la ley, y que habría pleno respeto al estado de derecho. Todos queremos eso: respetar y que la autoridad respete la ley, pero no está ocurriendo. Tendremos que seguir resistiendo con todo a nuestro alcance para limitar los excesos de AMLO.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@EcardenasPuebla