A casi un mes de cumplir la crisis institucional en Bolivia, la situación no ha mejorado, a pesar de los cambios, las manifestaciones y represiones han continuado.

Después del informe que emitió la OEA sobre supuestas irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, se vinieron una serie de manifestaciones en contra de la reelección de Evo Morales. Incluso el presidente ofreció que se repitieran las elecciones; sin embargo, después de dos semanas el jefe máximo de las Fuerzas Armadas sugirió al presidente presentar su renuncia, ya que ya no contaría con el respaldo del ejercito ni la policía.

Después de la renuncia de Evo Morales que fue tomado como un golpe de estado por la clara intromisión de las fuerzas armadas para presionar al presidente a dimitir a su cargo, así como la renuncia de la línea sucesoria que está establecida en la constitución boliviana, el vicepresidente, el presidente del senado, presidente de la cámara de diputados, fue la vicepresidenta del senado Jeanine Añez quien se autoproclamó presidenta, sin que esté ese cargo en la constitución como posible sucesora.

La consumación del golpe de estado se dio cuando el mismo militar Williams Kaliman que sugirió a Evo que renunciara, le colocó la banda presidencial a Jeanine como símbolo presidencial, quien ahora ha tomado a la religión y al ejercito como sus bastiones para legitimarse en el poder.

Sin embargo, el papel que debería tomar el gobierno interino sería el de reestablecer el orden y convocar a nuevas elecciones presidenciales lo antes posible para superar la crisis institucional de Bolivia.

Lejos de cumplir con estos objetivos, la autoproclamada presidenta ha firmado un decreto que otorga a las fuerzas armadas y policía inmunidad en su actuar durante el periodo de las protestas, una clara violación a los derechos humanos y que contraviene a cualquier acuerdo firmado por Bolivia ante organismos como la ONU.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, condenó este decreto que “desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.

Al día de hoy suman 23 personas fallecidas y más de 500 heridos desde el inicio de las manifestaciones y el gobierno interino continúa con la intención de reprimir a los indígenas que han marchado a favor de Evo Morales, quien refugiado en México ha manifestado: ”Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados peleando. Quiero que dejen esta confrontación”.

La situación de Bolivia ha dividido a líderes de todo el mundo, mientras Donald Trump festeja y amenza a otros mandatarios que les podría pasar lo mismo y reconoce al nuevo gobierno boliviano o personajes como Juan Guaidó; otros líderes como Putin reconoce que fue un golpe de estado y el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Bernie Sanders manifestó que Evo hizo un buen trabajo.

Esperamos que las confrontaciones terminen y que se llamen a nuevas elecciones y que sean los bolivianos quienes decidan quien los gobierne a través del voto y dejar atrás la pesadilla que hoy viven derivado del golpe militar. La historia de Latinoamérica nos ha enseñado que los gobiernos de derecha apoyados por militares terminan con las libertades y la democracia. La milicia en ningún país del mundo tiene como misión gobernar, sino garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y la democracia. Que así sea por el bien del pueblo boliviano.