El artero y cruel asesinato de tres mujeres y seis niños de la Familia LeBarón y Langford el pasado 4 de noviembre en Sonora, sin que a la fecha se tengan resultados convincentes de las investigaciones para dar con los responsables, es el reflejo de una constante que no es nueva en el actuar de los carteles que operan en el país, ya que desde 2017, de acuerdo a datos publicados por la Revista Proceso en su edición 2245 del 10 de noviembre pasado: “Sólo en lo que va de la administración de López Obrador se han reportado entre tres y cuatro asesinatos y cuatro desapariciones diarios” Dando un total de 796 niños y adolescentes asesinados en diez meses. Lo anterior pone de manifiesto que existe una tendencia a la alza y que las bandas y los carteles han entrado en un proceso en el qué asesinar a niños y adolescentes representa un grado de salvajismo y crueldad por dañar a sus enemigos en donde más les duele, es decir, la lección es ejemplar y sanguinaria logrando con ello su objetivo. Sin que hasta este momento el estado mexicano cuente con una estrategia o mecanismo para salvaguardar el derecho a la vida de los menores de edad y adolescentes que ha perdido la vida en hechos de dicha naturaleza.

En nuestro país, además de los Derechos que consagra a favor de los menores y adolescentes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, la que señala en su artículo 14.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Artículo 16.-Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Artículo 46.-Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

En las últimas décadas se comienza a generar un cambio en la manera en que los adultos/as nos veníamos relacionando con la niñez, fenómeno que se plasma en la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, suscrita por México en 1990. A partir de ese momento se reconoce a niños y niñas como sujetos de derecho y no como meros “objetos” de protección, incapaces de tener injerencia en el mundo.

Con hechos como los ocurridos a los familiares de la Familia LeBarón y Langford, así como otros hechos similares que se encuentran plenamente documentados por las autoridades federales. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua y Baja California encabezan la lista de Estados con más muertes violentas de menores de edad.

Con cifras como las anteriores, queda evidenciada la conducta omisa y de falta de resultados del Gobierno Federal, para tratar de garantizar la vida y seguridad física de las niñas, niños y adolescentes del país, lo que bien podría derivar en una Recomendación de la CNDH o de algún organismo internacional a fin de que se creen y establezcan mecanismos para evitar se continúe afectando la vida de niñas, niños y adolescentes con motivo de los conflictos de los cárteles de la droga que controlan diversos estados y zonas del país.

No podemos seguir viviendo con hechos tan lamentables como el brutal asesinato de las tres mujeres y seis niños de la Familia LeBarón-Langford y de qué se sigan violentando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que en todo caso tienen derecho a la protección del estado mexicano para sobrevivir, de acuerdo a la Constitución General de la República y de la “Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes” y dicha responsabilidad recae no sólo en el Gobierno federal, sino también a los Estados y Municipios, debiendo ser apoyado por los ciudadanos, si es que queremos hacer vigente el estado de derecho y proteger la vida de los infantes, cuyo destino parece estar marcado por haber tenido la desgracia de vivir en los territorios controlados por los carteles de la droga que operan en México.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.