Del federalismo educativo

  • Gustavo Santín Nieto
Define el que-hacer de las autoridades educativas en sus diferente ámbitos de competencia.

Cartas a Gracia

 

El Capítulo Único (De la distribución de la función social en educación) del Título Séptimo  (Del Federalismo educativo) define el que-hacer de las autoridades educativas en sus diferente ámbitos de competencia. A la autoridad educativa federal, le correspondería actividades de planeación y programación; definición de planes y programas correspondientes a la educación obligatoria; precisar los “principios rectores y objetivos de la educación inicial”; y en consonancia, la elaboración de los libros de texto de los niveles de preescolar, primaria y la autorización de los que podrían utilizarse en preescolar, primaria, secundaria y que por mandato de ley estarán disponibles  “en plataformas digitales de libre acceso”; de la misma manera “fijaría” lineamientos para el uso del material escolar y de las tecnologías digitales. A propósito del cambio de horario en la modalidad de invierno que hoy inicia por decisión de la autoridad educativa local, la SEP definiría el calendario escolar de educación básica y normal y demás instituciones formadoras de docentes “de educación básica”. 

Las fracciones X, XVII y XVIII del capítulo y del título en cuestión, abordan temas de interés para la educación que corre a cargo de los particulares. Antes de abordarlos Gracia, recordaríamos algunos porcentajes de cobertura educativa por tipo de sostenimiento que refiere la publicación Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019: el 14.5% del total del alumnado asiste a escuelas de financiamiento privado. Este porcentaje varía  de acuerdo al nivel y se encuentra entre el 67.7% en inicial, el 15.9 en preescolar, el 9.8% en primarias, el 9.3% en secundaria, el 19% en media superior, el 29.7% en superior, y hasta un 48% en posgrado.  Las autoridades educativas federales emitirían (como pasa actualmente), los “lineamientos para denominación genérica” -los nombres- que proponen las instituciones de financiamiento privado para sus planteles (fracción XVIII); y, determinarían “los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios”; lo mismo que se reserva la facultad para: “Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud (fracción X). Adicionalmente, la SEP deberá “emitir los lineamientos” a los que se someterían los comités de construcción escolar por un lado, y por otro, quienes a falta del INIFED se involucren en la construcción de espacios educativos incluidos los particulares, y ejercer con personal improvisado la supervisión estructural en obras mayores en las escuelas. 

A las autoridades educativas en las entidades y en la Ciudad de México, les corresponde “operar los servicios de educación básica, indígena, inclusiva y normal”; vigilar a las autoridades escolares para que cumplan con lo que la burocracia manda;  proponer -como cualquier hijo de vecino- contenidos regionales que deberían integrarse a planes y programas; autorizar -siempre y cuando pidan permiso- ajustes al calendario escolar; realizar “revalidaciones y equivalencias” de acuerdo a los lineamientos autorizados por la SEP federal; “otorgar, negar y revocar autorización” a los particulares que prestan -o quisieran hacerlo- el servicio educativo” y, entre otras obligaciones, la de “establecer un sistema estatal de información educativa” y cumplir con la chamba inherente al Sistema de Información y Gestión Educativa. Adicionalmente, deberían “vigilar” los servicios educativos que presten particulares al margen de las “autorizaciones” oficiales y ofertar los servicios educativos contemplados en la Ley General del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (LGSCMM).

Les corresponderían, de manera concurrente, “atribuciones” para prestar servicios educativos diferentes a los que les obliga la LGE; obligación que se extiende a los señalados por la LGSCMM, incluidos los de formación docente; conceder que instituciones privadas otorguen equivalencias de manera independiente, siempre y cuando se sometan a “los lineamientos correspondientes” y de la misma forma respecto a los particulares, se reitera la concurrencia para otorgar, negar y/o cancelar autorizaciones de funcionamiento, observando los procedimientos establecidos. Les corresponde también la edición de libros, la promoción de la cultura y la investigación científica -incluido el fomento a la lectura y las actividades artísticas-, el acompañamiento académico que requiera el estudiantado y el profesorado; y, entre otras muchas más, la solicitud para que se otorguen permisos laborales que posibiliten la asistencia de madres y padres de familia para que asistan a las actividades escolares en las que se requiera su presencia. 

En el Artículo 116 del Título VII sobresale la facultad que tienen los ayuntamientos para prestar toda clase de servicios educativos, sin excluirles la potestad para conceder autorizaciones de validez de estudios de todos los tipos, niveles y modalidades. De la misma manera, destaca la obligación para concurrir al financiamiento de los servicios educativos en su demarcación, y resalta la obligación para “dar mantenimiento y proveer de  equipo básico” a las escuelas (sin excluir niveles) bajo la promoción del gobierno local. Sin importar costos y presupuestos asignados y la fuente de financiamiento, los tres últimos renglones del primer párrafo del artículo en cuestión, establecen con toda claridad la obligación para que: “Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México” coadyuven al pago del “mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz de éstos”, excluyendo el gasto del uso teléfono y los servicios de Internet. Llamado para que autoridades federales, locales y municipales, en sus ámbitos de competencia y atendiendo a las llamadas del capítulo dedicados al “Federalismo educativo”, prioricen las inversiones en educación. Más vale prevenir que lamentar.

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Gustavo Santín Nieto

Oriundo de la ciudad de Toluca y poblano por elección, caracterizado por ser una persona solidaria, gran amigo, buen padre y siempre comprometido con la educación, cursa estudios y obtiene el título de Profesor de Educación Primaria en el Instituto Normal de Puebla en 1969. Estudios la preparatoria en la escuela “Benito Juárez García” de la Universidad Autónoma de Puebla, de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía en la UNAM, Ciudad de México; y de maestría en Administración Pública en el ámbito Estatal y Municipal, en el Instituto Nacional de Administración Pública capítulo del estado de Puebla.

Compartiendo su conocimiento para llegar a otras mentes, ha brindado su apoyo y asesoría a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán y la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, por nombrar algunos. Fungió como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE así como del Colegio Nacional de Economistas.

En el sector público, se ha desempeñado como profesor de educación primaria en la CDMX y catedrático del Instituto Normal del Estado de Puebla. Fue profesor durante 11 años de asignatura de la facultad de Economía de la UNAM, director de la Participación Social de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretario de Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Director del Plantel Puebla 1 del CONALEP, Director de Documentación y Estadística del Gobierno del Estado de Chiapas, Coordinador Académico de la Facultad de Economía de la UAEM. Así como colaborador, por más de 20 años, en la Columna Semanal   “Maestros” del periódico La Jornada, director general de la Revista Conceptos y del periódico mural Mexitli de la Secretaría de Educación Puebla. Escribió algunas columnas en el extinto  Periódico “El Nacional”. Sus colaboraciones se publican en los períodicos digitales E-consulta, Ángulo 7, Entorno político (Veracruz) e Impulso informativo.

Desde 1992, emprende el Instituto Universitario Puebla como un proyecto de oferta educativa de calidad con ejes clave como lo son el humanismo y la sustentabilidad, confiado de que, es la educación misma, el eje motor para la consolidación de seres humanos plenos, responsables y capaces con la sociedad y el planeta. Se declara partidario y participativo de la Sociedad Civil organizada, como la única opción de cambio real y factible ante la crisis actual de los partidos políticos.

Actualmente es el coordinador ejecutivo la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior.