El pasado 20 de octubre se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente Bolivia, después de un cuestionado proceso se había dado por vencedor a Evo Morales para un cuarto periodo al frente del gobierno, con este resultado evitó llevar las elecciones a una segunda vuelta; pero a partir de ahí se vino una serie de manifestaciones por lo cuestionado del proceso electoral.

Después de conocer los resultados la OEA emitió un informe donde daba cuenta de las irregularidades que había encontrado en las elecciones; que se apagara el sistema electrónico de conteo rápido, donde Morales se encontraba perdiendo y cuando volvió ya se encontraba a la cabeza; irregularidades en las actas de escrutinio y no se respetó la cadena de custodia de los votos.

Esto alentó las manifestaciones de los grupos opositores para exigir nuevas elecciones. Después de varios días de enfrentamientos entre la policía y civiles, las fuerzas de seguridad dieron la espalda al gobierno de Evo Morales, manteniéndose en sus cuarteles. Las manifestaciones se acrecentaron, obligando al gobierno a reconocer una crisis de gobernabilidad.                                                                                     

El presidente Evo Morales cedió a las presiones de mandos militares y fuerzas políticas opositoras y convocó a nuevas elecciones, además de renovar el tribunal electoral, lo que no fue suficiente para detener las movilizaciones en las calles, mismas que subieron de tono, obligando a la renuncia del presidente boliviano y de miembros de su gabinete.

Por lo que este domingo 10 de noviembre, después de 20 días de las elecciones, el presidente Evo Morales junto con su vicepresidente Álvaro García anunciaron al país su renuncia al cargo, acusando un golpe de estado civil y policial. El jefe del ejercito, Williams Kaliman había sugerido al presidente Morales “que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”

En un acto de congruencia Evo Morales manifestó “es mi obligación como presidente indígena y de todos los bolivianos asegurar la paz social” y con esto anteponiendo los intereses de su patria sobre su cargo como presidente. También comentó “la lucha no termina aquí, los humildes, los patriotas, vamos a continuar luchando por la igualdad y la paz”.

Termina una etapa de avances en Bolivia, con Evo como presidente se combatió la desigualdad, el analfabetismo lo redujo del 13% al 2.4%; la desocupación del 9.2% al 4.1%; la pobreza del 60.6% al 34.6% y la pobreza extrema del 38.2% al 15.2%.

De acuerdo con la constitución boliviana, el vicepresidente asumiría el cargo en un escenario donde renuncie el presidente, pero al haber también renunciado debería ser el presidente del Senado, Adriana Salvatierra quien también renunció, así como el cuarto en la línea sucesoria el presidente de la Cámara de Diputados.

El opositor Luis Fernando Camacho ha solicitado la conformación de una “junta de gobierno” con el alto mando militar y policial y convocar a nuevas elecciones.

Estas historias de militares dando un golpe de estado las hemos visto muchas veces en América Latina y nunca con buenos resultados, el afán por derrocar un gobierno los ha llevado a cometer excesos en contra de la sociedad civil.

La posible conformación de esta “junta de gobierno” que no está contemplada en ningún mandato constitucional sólo será el preludio de la mayor polarización política en Bolivia. El siguiente paso es la intervención de intereses extranjeros que respalden el golpe de estado. La democracia boliviana hoy sufre una crisis institucional que no será fácil de resolver ante la falta de respeto al orden constitucional de ese país.