La canción el “El derecho de vivir en paz” compuesta por el chileno Víctor Jara en 1971, habla sobre la Guerra de Vietnam y el genocidio que ocurrió en ese país, que en ese momento estaba dividido y respaldado por los intereses de otras naciones. La melodía de Jara, asesinado durante la dictadura de Pinochet, ha resurgido y retumbado como himno durante las manifestaciones en Chile, que ha llevado a miles de ciudadanos inconformes a tomar las calles de las ciudades más importantes de este país (En Santiago se llegó a más de un millón de manifestantes). Las protestas comenzaron a principios de octubre y aún no han cesado; fueron motivadas por el aumento del precio del metro en Santiago, que pasó de 30 pesos a 830 (1.27dls aprox) (BBC, 2019) pero en realidad, esto sólo fue la gota que derramó el vaso, tras una serie de factores que concluyen todos en la desigualdad económica que impera en el país y la inconformidad generalizada hacia el presidente Sebastián Piñeira y a toda la clase política.

Al principio, como medida de protesta, los estudiantes empezaron a brincar masivamente los torniquetes hasta llegar a las manifestaciones masivas que han sido proyectadas en diversos medios de comunicación y que hasta ahora han dejado al menos 20 muertos y casi 600 civiles heridos. También algunos grupos han aprovechado para saquear y prender fuego a los centros comerciales y medios de transporte, Piñeira se vio forzado a ceder y anunció el sábado 19 de octubre la suspensión del alza en la tarifa del metro. Sin embargo, esto no fue suficiente y al otro día siguieron las revueltas en ciudades como Santiago, Concepción y Valparaíso. Fue así que el mandatario decretó estado de emergencia y toque de queda ese día y el domingo, así como el despliegue de militares y suspensión de clases.

Sin duda, los acontecimientos políticos y sociales que han marcado a Sudamérica han sido las dictaduras en Brasil, Argentina y Chile, los cuales tuvieron miles de víctimas: quienes fueron ejecutados, encarcelados, desaparecidos y torturados. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet, quien derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, se caracterizó por un gobierno de extrema derecha, anticomunista y donde impuso la prohibición legal de los partidos políticos; en lo económico predominaron de los sectores empresariales y las desigualdades de ingreso, en pocas palabras se desarrolló el neoliberalismo. En lo cultural también hubo represión, así se explica el asesinato de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973, quien era opositor a Pinochet y cantante de protesta. Durante la dictadura hubo 28,259 víctimas de prisión política y tortura, 2,298 ejecutados y 1,209 detenidos desaparecidos. La transición democrática fue hasta 1990 con la entrega del mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Awlyn, como resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988, en donde el pueblo chileno le negó al dictador un nuevo mandato.

El desarrollo del neoliberalismo en Chile, tuvo aparentemente buenas cosechas, actualmente el país latinoamericano con mejor economía. Esta nación tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Según el economista estadunidense Milton Friedman “el milagro económico” durante el gobierno militar parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada (BBC, 2019).

Y escribo “aparentemente” porque la población se encuentra muy indignada por la situación que prevalece en el país por los siguientes factores: 1) El sistema de pensiones diseñado por la dictadura de Pinochet no asegura una cantidad digna para los trabajadores que se jubilan; 2) El sistema de salud está en crisis, la sanidad está regido por un sistema mixto, más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental de salud. En Chile lo público es considerado únicamente para el sector popular, quienes no tienen dinero para una escuela privada o un hospital (La razón, 2019); 3) El salario mínimo es de 301,000 pesos ($423 dls) según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400, 000 ($562 dls) al mes, con este salario los ciudadanos dicen que el alza del pasaje es inconcebible (BBC, 2019). Las familias de bajos recursos pueden gastar un 30% en transporte; 4) Al alza del metro se le sumó el de la luz y agua; 5) El salario de la élite política es 33 veces mayor que el de un ciudadano promedio; 6) En Chile el agua esta privatizada.

Sí, es cierto, Chile es menos pobre que antes, además es el país que percibe un ingreso per capita mayor que el resto de la Latinoamérica, pero también que la desigualdad impera. Hubo un gran crecimiento de la clase media, pero una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. La gente vive con incertidumbre (BBC, 2019).

Una particularidad de las manifestaciones, y, en general de este movimiento, es que no existe un líder o líderes, ni un sindicato, ni un partido político, no hay una estructura (La razón, 2019). Esta organización ciudadana es un ejemplo para el resto de Latinoamérica, quienes al igual que en Chile existe mucha inconformidad con los gobernantes.

Uno de los primeros desaciertos de Piñeira fue calificar a los manifestantes como “delincuentes”, además de reprimirlos, teniendo en cuenta que en este país tiene una historia de represión, desaparición y violencia por parte del estado: el tema es delicado. Sacar a los militares a las calles fue una decisión equivocada, utilizar la represión fue un error garrafal; cabe recalcar que, desde la dictadura no salían de los cuarteles. Otro error fue la respuesta tardía de este presidente, quien el 18 de octubre mientras se incendiaban varias estaciones del metro se le vio cenando en un restaurante de las zonas más exclusivas de Santiago, festejando el cumpleaños de su nieto. Su discurso se ha centrado en la violencia de las manifestaciones, creando con esto el efecto contrario, alimentando las acciones violentas y la inconformidad de la gente.

Desde hace 29 años los gobiernos democráticos han prometido mejoras en la calidad de vida de los chilenos, se han anunciado reformas constitucionales, tributarias y a la salud, pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad, lo que ha llevado a un odio generalizado a la clase política chilena. El descontento social ha concluido en estas manifestaciones, muchas veces con expresiones violentas y con destrucción de los espacios públicos, una respuesta natural de un pueblo que reclama ser atendido, que resuelvan su situación por encima de las cifras económicas al exterior. La población exige no vivir endeudada, salarios, con pensiones dignas y un sistema de salud que vaya de acuerdo a la situación que presume el gobierno chileno.

Al interior esa clase política se está desmoronando, ante el mundo Piñeira se muestra débil, derrotado; y de agravarse esta crisis social, podría desencadenar hasta en su destitución. Por lo pronto fue un acierto que se cancelara el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.

El gran problema de los chilenos es que no se sienten representados con ningún partido, así como ocurre en muchas partes de Latinoamérica. En casi treinta años de democracia, no ha habido ningún presidente que cumpla con sus expectativas; no descartemos dentro de estas manifestaciones puedan surgir líderes que puedan ser en un futuro candidatos a la presidencia y que emerjan precisamente de la población civil, como la joven Camila Vallejo, que fue una promesa política en su momento. Los ojos de Latinoamérica están puestos en Chile; los chilenos tienen el derecho de vivir en paz, porque es un derecho humano tener una buena calidad de vida, porque han tenido una historia de represión y de violencia; y como el resto de la región merecen lo mejor y un gobierno a su altura.