La serie de irregularidades con las que los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad entregaron patentes de notarías en Puebla tiene nerviosos a todos los beneficiarios, sí. Y ha desatado también una serie de jaloneos entre el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y su consejero jurídico, el marinista Ricardo Velázquez Cruz.

Este último entregó al titular del poder Ejecutivo una lista en la que sólo aparecían 12 notarías con irregularidades; sin embargo, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador le dijo “yo tengo otros datos” y, sonriente, le entregó una lista que incluía notarías que la consejería jurídica había dejado fuera. Al gobernador, nos informan, le extraña que al hombre de sus confianzas en temas legales se le hayan escapado irregularidades que un estudiante de primer semestre de derecho hubiera detectado sin problema alguno.

Una de las preguntas que flotan entre los notarios y en el gobierno mismo es ¿por qué Velázquez Cruz redujo a 12 la lista de las 29 patentes entregadas a morenovallistas?, ¿qué lo movió a intentar dejar sin mácula a esas otras 17?, ¿responde a su cargo o a un interés externo que se contrapone con lo que pide el gobernador? Mientras se encuentra una respuesta, no queda duda de que está en marcha el cumplimiento de una de las promesas de campaña de Barbosa: revisar el reparto de notarías que hicieron tanto Antonio Gali Fayad como Rafael Moreno Valle Rosas.

En el Acantilado del 16 de septiembre, Notarías, la disputa que viene, escribimos que “el aparato jurídico de la actual administración, encabezado por Ricardo Velázquez, tiene semanas trabajando en una estrategia que les permita revertir la decisión y aparentemente tienen una tarea fácil en tanto que de la gran mayoría de involucradas los expedientes están incompletos: les faltó, tan cándidos ellos, la patente de aspirante.”

El 12 de septiembre Barbosa había dicho que su consejería investigaba cómo se hizo el reparto y adelantó que, concluida la revisión, a más tardar el 18 de septiembre, los actuales notarios deben “esperan lo peor”, porque existe la posibilidad de fincar responsabilidades; sin embargo, fue hasta el 28 de octubre cuando finalmente firmó los acuerdos de revocación de las 29 patentes de notario entregadas durante el sexenio de Moreno Valle y ese mismo día, según lo publicado por la reportera Paulina Cataño en la versión electrónica del periódico Cambio, comenzó el cierre de las notarías.

A la nota, publicada a las 16:09 en la versión digital del medio, el gobierno del estado reaccionó hasta las 19:20 horas con un escueto comunicado en el que “informa que inició una investigación referente a la entrega de las notarías, esto ante las irregularidades bajo las que actuaron pasadas administraciones. Este proceso, el cual dará como resultado la cancelación de las patentes como notarios, implica el establecimiento de medidas cautelares, por lo que se recogieron los sellos y firmas de los fedatarios para evitar un mal uso de estos. Por la secrecía a la que por ley estamos obligados a cumplir, no se puede precisar mayores datos.”

El comunicado vino también horas después de que se conociera el presunto suicidio de Mauricio García León, ex director de Archivos y Notarías durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad; presumiblemente se suicidó al dispararse en el estómago.

Hasta ayer, los primeros en entregar las patentes fueron los ex contralores Patricia Leal Islas (notaría 7 de Cholula) y Rodolfo Sánchez Corro, ambos morenovallistas de hueso colorado; sin embargo, está también en marcha una estrategia jurídica de los notarios, quienes lejos de darse por vencidos, piensan recurrir al amparo para defender lo que consideran se les está quitando con base en una vendetta.

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