Víctor Reynoso

Profesor de la UDLAP

Baja California fue, en 1989, uno de los puntos emblemáticos de la transición mexicana: en ese año y en ese estado por primera vez se dio la alternancia en una gubernatura. Algo debe haber salido mal en estos treinta años, si no, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo sobre ese estado.

El cinismo de la clase política que protagoniza esa discusión es inaudito. Abiertamente tratan de torcer la forma y el espíritu de la ley. Tratan de cambiar las reglas del juego una vez que el juego ha terminado. Violando el principio de legalidad, que establece que la autoridad política solo puede hacer lo que la ley le permite, convocan a una “consulta popular” abiertamente fraudulenta.

Si la primera derrota del PRI en una elección de gobernador anunció un cambio de régimen, ¿anuncia esta actitud de algunos políticos bajacalifornianos otro cambio? ¿Estamos al principio de un sistema político donde la clase política modifica la ley a su antojo y en función de sus intereses personales y de grupo? ¿Un sistema donde basta con instalar algunas casillas y lograr que en ellas se depositen algunos miles de boletas para cambiar cualquier cosa, desde un principio constitucional hasta un aeropuerto en construcción?

Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, tiene ya su lugar en la historia como protagonista de este proceso. No tiene empacho en unirse al grupo de políticos encabezados por Donald Trump que hacen de la mentira un recurso sistemático. Declaró que se registró para ser gobernador por cinco años. Algo que solo pudo haber ocurrido en su imaginación, pues es pública la convocatoria de una elección para gobernar Baja California por dos años.

El caso llegará al parecer a la Suprema Corte. ¿Había necesidad de llegar tan lejos? ¿No hay mecanismos que eviten que algo así llegue a la máxima instancia del poder judicial? ¿Dónde están los partidos políticos, en particular el que postuló candidato a Bonilla? ¿No pueden hacer entrar en razón a sus miembros? ¿O están en el mismo juego, como algunos han planteado?

El caso llega a una Suprema Corte politizada como no se había visto. En acto inusitado, su presidente dio una conferencia de prensa para denunciar que había sido presionado por Felipe Calderón (en contraste con López Obrador, de quien no ha recibido presión alguna). ¿Signo también de un nuevo régimen?

Preocupa la facilidad con se deja de lado la ley. “Ninguna ley por encima del pueblo”, expresó alguna vez un político. ¿Y qué es el pueblo? Si la ley es interpretable, mucho más lo es el pueblo. A nadie que necesite una cirugía se le ocurriría someterla a un plebiscito. Se sabe que eso es un asunto técnico, de especialistas, y que no hay nada más sensato que ponerse en manos de los mejores médicos. Los asuntos públicos ¿son más simples que los asuntos médicos? ¿Cualquier puede opinar y decidir sobre los problemas públicos? Obvio no, salvo excepciones. Como hemos visto recientemente, los supuestos plebiscitos son actos de manipulación para pretender justificar lo ya decidido.

Esperemos que la Suprema Corte decida en el sentido correcto. Esperemos que los actos y las actitudes de Bonilla y políticos que lo acompañan no sean el preludio de un nuevo régimen, donde la ley se utiliza a modo y en función del interés de los políticos en el poder.