La semana pasada surgió un debate sobre si la salud del titular del Poder Ejecutivo Federal – y en consecuencia de quienes ejercen altos cargos públicos- debe ser pública o no. De entrada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es omisa en el tema; es decir, es un rubro que no se encuentra regulado. En las leyes de transparencia y de protección de datos personales tampoco hay disposiciones expresas de apertura informativa, de suerte tal que esa información se ampara bajo la figura de la información confidencial como lo es la relativa a los expedientes médicos de los gobernados en general. No hay, en este caso, un trato distinto para los gobernantes. Vamos, para no ir muy lejos no existe ninguna ley en el mundo que establezca como regla que la información de la salud de los presidentes o jefes de Estado o de gobierno debe ser pública.

En algunas naciones los poderes judiciales han incorporado matices que buscan ponderar el derecho a la vida privada con el derecho a saber de la sociedad. En México esa línea se ha mantenido sin mayores avances ni discusiones de gran calado. Y vaya que hay casos verdaderamente escandalosos: Así, por ejemplo, se encuentra el caso de Alonso Lujambio, ex secretario de Educación Pública con Felipe Calderón, quien a sabiendas del cáncer terminal que lo aquejaba aceptó ser candidato plurinominal al Senado y falleció poco después de haber tomado posesión. Fue legal esa decisión del PAN y de su ungido, pero tiene altas dosis de falta a la mínima ética pública al darle gato por liebre al electorado. Lo mismo pasó con el candidato del PRI Fausto Vallejo Figueroa, quien también, con pleno conocimiento de causa, aceptó competir y ganó la gubernatura de Michoacán que poco pudo gobernar por delicados problemas de salud generando un grave daño a la hacienda pública. En la misma tesitura se encontró Manuel Camacho Solís también con una grave afección terminal que, sin embargo, no dejó el espacio a su suplente en el Senado de la República para que ejerciera la representación propia del cargo y fue hasta su muerte meses después cuando el suplente pudo tomar protesta del cargo. No es, pues, un tema partidista, sino de la naturaleza humana y en un país como México hay una gran resistencia de la clase política a discutir esta temática.

No obstante, debe haber un ejercicio de ponderación que debe residir en hacer pública aquella información de la salud de los gobernantes que pudiera tener un impacto real y efectivo en el ejercicio de sus atribuciones. En países como Estados Unidos y Colombia por decisión propia los gobernantes han hecho públicos datos sobre intervenciones quirúrgicas o exámenes de rutina. Las solicitudes de información formuladas al presidente Andrés Manuel López Obrador en los términos en que han trascendido no habrán de prosperar porque no existe normativa alguna que soporte semejante requerimiento por ser notoriamente improcedente.  Debería sí, elaborarse, alguna disposición legal en el futuro que permita esa coexistencia entre secreto y apertura, sin que se lastime el sentido de la vida privada, pero tampoco se deje de atender el derecho a saber de la sociedad sobre el estado de salud esencial del gobernante para cumplir el mandato de la Constitución y la ley. Mi apreciada y reconocida colega, la Dra.  Hilda Nucci González se encuentra por terminar una segunda tesis doctoral sobre el tema que, sin duda, dará luz a las tonalidades de gris que encierra esta información que, cumpliendo ciertos elementos, puede convertirse en un conjunto de datos de interés público.

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