La salida de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte cuenta con el amplio telón de fondo que se ha ido develando en los días recientes, pero su manejo por parte de la llamada Cuarta Transformación ofrecerá una cruda radiografía sobre la condición que guarda el equilibrio entre los poderes del Estado. Dicho en términos llanos, conoceremos la madurez y la salud de la República.

 

La Constitución establece en su artículo 98 que las renuncias de los ministros “solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”. Nadie puede racionalmente encontrar en la escueta dimisión de Medina Mora la referida “causa grave”, por lo que el Senado podría (y quizá debería) rehusarse a aceptarla hasta que tal causa no resulte patente. De proceder superficialmente o por cálculo político se podría constituir un nefasto precedente de que los senadores de esta legislatura tengan que dar cuenta históricamente. 

 

Diversos actores, entre ellos el presidente López Obrador y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, han dado cuenta de la existencia de denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra del ministro dimitente. Sabemos ya que estas denuncias suponen la comisión de delitos ligados a por lo menos a dos empresas en las que presuntamente participan integrantes de la familia de Medina Mora, incluso él mismo, las que habrían recibido contratos gubernamentales por al menos 500 millones de pesos, en forma aparentemente irregular, durante la administración Peña Nieto.

 

El señor Nieto ha declarado que resoluciones judiciales de Medina Mora beneficiaron a supuestos miembros del crimen organizado. Sucede que el entonces ministro dio la razón en su momento a demandantes que impugnaron el congelamiento de cuentas bancarias por orden de la citada Unidad de Inteligencia Financiera. Tal sentencia supuso una amenaza de cárcel contra el funcionario de Hacienda si no lograba demostrar que los dueños de dichas cuentas estaban implicados con crímenes, lo que suponía una desproporción pues ello dependería de una investigación que debe desarrollar la Fiscalía General de la República. Ese fue el germen de una confrontación abierta entre el ministro y Santiago Nieto.El Senado deberá resolver si estos antecedentes y señalamientos constituyen el motivo que desembocó en la renuncia de Medina Mora y si ello configura la “causa grave” que previó el constituyente para que la política y en particular el peso del Poder Ejecutivo no eche de su cargo a un juez del máximo tribunal del país.

 

El examen al sistema político mexicano que supondrá el último juicio de Medina Mora deja en el aire muchas preguntas por las implicaciones que encierra su aparentemente consumada salida de la Corte. Esas preguntas cobran altos vuelos cundo giran en torno a una composición en la cabeza del Poder Judicial de la Federación proclive a impedir cualquier tipo de bloqueo sobre las decisiones del gobierno López Obrador, incluso las más caprichosas. 

 

Otras interrogantes versarán sobre resoluciones en proceso dictadas en su momento por el propio Medina Mora, como la suspensión provisional que impidió al gobierno de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, iniciar acciones judiciales en contra de funcionarios de la administración Peña Nieto por su presunta participación en gastos electorales irregulares en comicios locales.

 

La resolución del Senado en este caso estará, de nuevo, en manos de la mayoría de Morena, que coordina Ricardo Monreal, un personaje que podría tener interés personal en esta historia, al grado de condicionar su aval a la salida de Medina Mora a cambio de que su relevo sea Felipe Borrego, que le es cercano desde hace años.

Vivirá poco el que no vea el desenlace de este singular episodio. 

 

Apuntes: La llegada a Omar García Harfuch a la secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad de México anticipa un modelo sui géneris que depositará en sus manos tareas de prevención, investigación y persecución de la delincuencia, que en este momento desempeñan en forma independiente esa dependencia y la Fiscalía General de Justicia capitalina, entidad que encabeza Ernestina Godoy, una funcionaria bajo frecuentes polémicas por bajo desempeño. (rockroberto@gmail.com).