El principio de Revocación de Mandato, sin duda, es fundamental en toda democracia; podría decirse que en gran medida es condición de existencia de ésta. Tal es la razón de que AMLO haya mandado con toda oportunidad una iniciativa de ley, que en su carácter de ley secundaria (no olvidemos que la primera es la Constitución),  que pormenoriza y detalla el extraordinario contenido del art. 39 de nuestra Carta Magna.  Tal iniciativa, sin duda, es un acierto político de primer orden para el Presidente de todos los Mexicanos.  Por la misma razón es un desacierto de quien se opone a ella, en especial de la “desangelada” oposición, que sigue pensando en y mediante los “estrechísimos límites” de la política “pragmática” y mucho menos en aquello que haría de nuestra democracia un proyecto más sólido, de mucha mayor trascendencia.  No se entiende que más allá de los “acasos” del futuro político en México, lo que se propone en esta ley, sin duda, responde a la necesidad de, por lo menos, un doble aspecto:  a) se trata de un intento de profundizar la democracia en nuestro país, y b) por lo mismo de hacer verdadera realidad el principio fundamental de toda democracia: el principio de mayorías, el derecho de la gente a evaluar, certificar y en su caso aprobar a cada uno de sus gobernantes, y esto momento a momento.   Esto responde a algo fundamental, como lo es el derecho esencial de toda soberanía popular a darse, en todo momento, tiempo y lugar, su propia forma de gobierno.  La Revocación de Mandato responde, exactamente, a la exigencia de perfeccionar en la práctica de la política democrática el esencial principio de soberanía popular.  Podría decirse entonces que no hay nada más paradigmático de toda experiencia democrática, después del sufragio universal  y directo que el obsequio de AMLO a la democracia mexicana y que se cristaliza justamente mediante esa preclara ley, injustamente detenida, dilatada  por una oposición muy irresponsable que al parecer sabe poco de democracia moderna y mucho menos de representatividad.

Pero el consabido principio de Revocación de Mandato, según las pretensiones políticas planteadas por el propio AMLO, no sólo aplicaría al caso del Presidente de la República sino al de todo otro gobernante de cualquiera de los tres niveles; es decir aplicaría para el caso de gobernadores, senadores, diputados presidentes municipales, líderes sindicales, desde luego rectores de universidades públicas. De este modo, la universalidad del planteamiento no sólo desarma la tradicional y conservadora “manera autoritaria” de gobernar y administrar, sino pone en una especie de hándicap a la oposición, que ahora no sabe qué hacer para proponer algo mejor.  ¿Qué pueden proponer para mejorar el régimen democrático en México, y que, desde luego, supere la propuesta de Revocación de Mandato? El silencio hasta ahora es sintomático, su temor a ese fundamental principio, va aparejado a otro temor, a la verdad, y más aun va aparejado al temor del “político conservador” a someterse al punto de vista más general y democrático, el  popular, el del Pueblo.  Este punto de vista, ya es también un punto claro de definición política no sólo de izquierdas y derechas, sino, a partir de ahora, de la propia posición democrática o no que sería reflejo directo de la que se mantiene frente a la <<Revocación de Mandato>>.  De ese modo,  esa posición define a quiénes están en favor de la democracia y  a quiénes no, o en lugar de ello, profesan un miserable y oportunista “gatopardismo”, en efecto “polìtiquero”.

Últimamente se ha cuestionado lo que pasa en la BUAP, sería interesante que el actual Consejo universitario se discuta la necesidad de mejorar la democracia de esa institución, y se implemente, sin más, la Revocación de Mandato como principio fundamental de la democracia universitaria. Pero estos son “sueño guajiros” si ni siquiera se quieren someter al principio de <<verdad explorada>>.  Urgen cambios en la BUAP, tal es, el ¡clamor general!