Lamentable que Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, apegándose al libreto que utilizara Adela Piña Bernal, su homóloga en la Cámara de Diputados un semana antes, desconozca los alcances del Artículo 35 de la iniciativa de Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (LGSCMM), que niegue la existencia de las plazas automáticas que se otorgarían a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio; y, que señale que el ingreso al servicio público docente se haría en los términos establecidos en el Artículo 39 de la ley de referencia que sujeta a los supuestos beneficiarios a procesos de selección para la admisión al servicio público. Engallado, Rubén exigió que le demostrasen la base de los señalamientos, reto que fuera contestado mediante varias reservas desechadas por la amplia mayoría de la bancada de Morena en el Senado, y que aprobaron tal cual el dictamen que les enviaran sus pares de la colegisladora. Tendrían la obligación de aclarar los malos entendidos y las malas interpretaciones que la redacción del texto origina y se corrigiera una cuestión cuya paternidad reconoce el titular del ejecutivo federal, a quien presuntamente le corrigen la plaza. ¿Por qué aplicación se decantarán las autoridades educativas? ¿Por la asignación de las plazas automáticas que señala el Artículo 35 de LGSCMM o, por la admisión sujeta a reglas estipuladas en el Artículo 39 que se desprende de los párrafos 7º y 8º del Artículo 3º de la Constitución? Finalmente, ¿dice o no dice lo que está escrito?

El viernes 27 de septiembre Gracia, un Esteban eufórico comparte un mensaje en el que expresa a maestras y maestros, padres y madres de familia, a la sociedad en su conjunto y a la tuitera en particular, su contento por la aprobación de las leyes secundarias. Sin responder directamente a las críticas de las bancadas opositoras que acusan a la diputación y a la senaduría de Morena por la entrega del manejo de las plazas al sindicato, ensalza el contar con un instrumento calificado por Mario Delgado como una caja transparente para el manejo de plazas y de muchos trámites que acabarían presuntamente con la corrupción.

Rubén, Adela y Esteban coinciden en una recomendación: leer las leyes secundarias; lectura que por cierto nos tiene en un vericueto: “Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley” (Artículo 35 de la LGSCMM), refrendada de alguna manera por las 3 últimas líneas del Artículo 40 bajo el señalamiento de preferencia: “ […] Los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo”; aseveración  que generara inconformidades y oposición legislativa de algunos sectores de la academia y de organizaciones civiles. Líneas en las que vincula el ingreso a las escuelas normales, sujeto a un proceso de planeación de la demanda futura en las escuelas de educación básica, la asignación de plazas automáticas al egreso y el arbitraje tripartito en el que participan representaciones sindicales acotadas, en todo caso, por las disponibilidad de la vacancia inscrita en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas y “validadas” por la Secretaría de Educación Pública (Fracción I del Artículo 39, Fracción VI del 42 y Fracción III del 57).

Sin embargo, Esteban delimita la participación de los sindicatos a la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto en los procesos de admisión al servicio como a promoción a puestos de dirección y supervisión, a la realización de eventos públicos y transparentes. Actos a los que podría asistir cualquier miembro de la sociedad civil, representante de los medios masivos de comunicación y como, señala el propio Esteban, incluso a interesados en conocer los resultados, acompañados por representantes de los órganos anticorrupción, quienes en conjunto darían fe de la legalidad con la que se realizarían los procesos mencionados, sujetos a los “criterios e indicadores” especificados en la propia Ley General del Sistema en comento.

Y como todavía son tiempos de enviar la primera carta, Esteban le echa la culpa a quienes le antecedieron y le dejaron un huachicol educativo (un cochinero en palabras de Fox) que abarcaría a múltiples actividades que afectan la vida diaria de maestros y maestras; pero, como todos los sambenitos que les cuelgan a quienes les antecedieron contaron con la complicidad de las otrora autoridades educativas locales, federales, organizaciones sindicales y del propio personal docente involucrado, puesto que para que se realice un trámite se requiere contar con la complicidad de algún funcionario de las secretarías de educación o de los organismos descentralizados y de un representante de las organizaciones sindicales. Sucedía lo mismo con plazas asignadas al margen de la Ley General del Servicio Profesional Docente que con promociones a puestos de dirección y/o supervisión, reconocimientos por años de servicio, licencias en sus diferentes modalidades y cambios de adscripción locales y nacionales o por movimientos de personal, autorizados (cadenas) por las representaciones sindicales como sucede en algunas entidades del sur de la República. Ante la tarea y el reto asumido por Esteban solo restaría desearle que dios lo alcance confesado.