Los mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos

  • Laura Carreto Tirado
Los delitos por los que han sido detenidos en Estados Unidos son por temas migratorios

Hace unos días pude ver en “Netflix” el documental “Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom” (2018). Este, se concentra en la visita del grupo para ofrecer un concierto en la cárcel situada la ciudad del mismo nombre en el estado de California; una visita histórica, ya que el único que había pisado esta cárcel para dar un espectáculo fue el cantante norteamericano Johny Cash hace cincuenta años. En esta prisión 45% de los reclusos varones son de origen mexicano y las reclusas son el 25%. El documental se desarrolla entretejiendo las historias de los prisioneros mexicanos, quienes narran en propia voz, cómo es que llegaron a la cárcel y el concierto de esta legendaria banda. Lo más valioso es que dignifica a los reclusos, proyectando sus historias de vida, los entrevistados se muestran arrepentidos, pero a la vez esperanzados, optimistas y dispuestos a llevar una nueva vida; uno de ellos asegura que lleva más de 10 años acusado injustamente. Las canciones cantadas en la cárcel van como anillo a la situación y conmueven por la misma razón.

Entre 2001 y febrero de 2018, es decir en 17 años han sido recluidos 284 mil, 103 mexicanos en el extranjero, específicamente en 91 países, de los cuales 97.1%: 277 mil 659 fueron en Estados Unidos. Los delitos por los que han sido detenidos en Estados Unidos son por temas migratorios o por reingreso después de haber sido deportados (Vanguardia Mx, 2019).

Los migrantes originarios de Michoacán son quienes más han pisado la cárcel en el país del norte, al registrar 10 mil 647 casos. Le siguen los guerrerenses, al sumar 8 mil 581, mientras que 6 mil 797 guanajuatenses (Vanguardia Mx, 2018)

Actualmente hay 50 mexicanos sentenciados a la pena de muerte acusados por asesinato, violación y robo, a pesar de que ninguno de ellos tiene fecha para su ejecución, según el abogado experto Ignacio Pinto León, la reciente decisión del presidente Donald Trump de reanudar tras 16 años de moratoria la pena de muerte a nivel federal, ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas y aunque esta decisión no afecta directamente a los presos mexicanos, pues son las autoridades estatales las responsables, si se podría acelerar su ejecución de los que están en el “corredor de la muerte” (El sol de México, 2019).

Cabe destacar que el Derecho Internacional, considera el “Derecho a la Vida” como uno de sus principios más importantes, así lo mencionan: el Artículo 3 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el artículo 1 de la “Declaración Americana de los Derechos y deberes del hombre”; y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pacto de San José, Costa Rica (Lugo Garfias, 2019).

Actualmente 29 estados de EE.UU cuentan con la pena de muerte, de los cuales los que más ejecutan son Texas, Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona. Texas constantemente incumple el artículo 36 de la “Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” (1963), el cual dice que los extranjeros al momento de su detención tienen el derecho de ser notificados que pueden comunicarse con las embajadas y consulados de sus países para que se les pueda brindar asistencia legal. Sin embargo, las autoridades estadunidenses no les informan a los connacionales acerca de sus derechos, los consulados se enteran tiempo después, ya cuando están condenados o ya pasaron meses o hasta años de su detención.

En 2003 se sentó un hecho sin precedente ya que México demandó a Estados Unidos, en la Corte Internacional Justicia (CIJ) (el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas) por la violación del artículo 36 de la citada Convención, pues 4 mexicanos habían sido ejecutados, 54 connacionales sentenciados a muerte y otros cientos más detenidos: sin haber sido notificados de su derecho de comunicarse con algún consulado mexicano para recibir protección. En 2004 la CIJ emitió un fallo en el que se pedía que Estados Unidos respetara este artículo, sin embargo 15 años después México aún presiona para que no se violen los derechos de los mexicanos, sobre todo en Texas que se ha mostrado reacio a seguir las indicaciones de la Convención.

Un ejemplo de esto es el caso de Gerardo Valdés Maltos quien asesinó a otro mexicano, sin embargo, no le avisaron del derecho antes mencionado y las autoridades mexicanas se enteraron de su ejecución dos meses antes de que se llevara a cabo. La cancillería mexicana argumentó que habían irrespetado sus derechos y que tenía problemas psicológicos, la Corte lo consideró y ordenó a Estados Unidos suspender su ejecución en el año 2002, por lo cual fue un gran logro. Otro caso en el que el acusado no es notificado de sus derechos, es el de Mario Benjamín Murphy quien fue contratado por una señora para matar a su marido, la cual prometió pagarle 5000 dólares, sin embargo, sólo el mexicano fue condenado a la pena capital y la autora intelectual quedó absuelta. El gobierno mexicano apeló el caso, aunque no tuvo éxito, pues fue ejecutado en el año 1997.

Desde el año 2000 la Secretaría de Relaciones Exteriores creó el programa de Asistencia Jurídica a mexicanos sentenciados a la pena capital y contrató al despacho “Sandra Babcock and Law” para ocuparse de los casos (Lugo Garfias, 2019). Desde su creación hasta ahora han logrado que mil connacionales se libren de la pena de muerte (El sol de México, 2019).

El gobierno mexicano ha pedido a la Corte de Apelaciones, a los gobernadores de los distintos estados de Estados Unidos, donde está permitida la pena capital, que se les otorgue el perdón a los acusados, en muchos casos sí se les ha absuelto. Además, si se han violado los derechos de los connacionales la demanda llega hasta la Corte Internacional de Justicia, donde existen ya precedentes de la violación del artículo 36.

Al ser casos tan delicados, la gente podría criticar la gran inversión monetaria y legal por parte del gobierno mexicano para la defensa de los connacionales que están esperando su ejecución, pero hay que tomar en cuenta que muchos de ellos no fueron notificados de sus derechos, no les fue facilitado un traductor, es más, algunos son inocentes. Desde mi perspectiva, nuestro país es respetuoso de las leyes de las distintas naciones y está consciente de la culpabilidad de los presos, pero sin duda alguna defiende el derecho a la vida, además de que México nunca ha considerado dentro sus principios de justicia la pena de muerte, así es que sobran argumentos para la defensa de los condenados a muerte en Estados Unidos.

Por ese lado se aplaude este gran esfuerzo de la cancillería, pero a la vez es necesario que se haga un programa especial para aquellos reclusos “regulares”, que una vez que cumplen su condena en ese país, son deportados al nuestro. No hay duda de que hay gente valiosa que se ha logrado reformar e incluso aprender un oficio o una carrera dentro de la cárcel y que puede ser de gran utilidad a la sociedad mexicana, cabe destacar que muchos de los presos deportados no saben hablar bien el español, ya que llegaron muy niños a ese país, tal como se muestra en el documental de “Los tigres del Norte”, la pregunta es: ¿cómo van a adaptarse a un país que no conocen, más que por los relatos de sus padres? es por eso la importancia de un proyecto especial al respecto.

También es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores siga observando que no se continúe violando el artículo 36. Si bien, tal vez las personas al momento de su detención no sean notificadas sobre este derecho, los consulados sí puedan darse a la tarea de investigar si existen presos mexicanos, a través de la constante comunicación con la policía de los condados que les corresponden.

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Laura Carreto Tirado

Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestra en Ciencias Políticas ambos grados estudiados en la BUAP. Especializada en temas migratorios y en la Relación México-Estados Unidos. Se ha desarrollado en la investigación y ha escrito respecto estos temas en libros y revistas.