El Senado de la República estableció que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a las llamadas empresas fantasmas. Las sanciones irán de cinco a ocho años a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El Senado aprobó esta modificación a diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, con 82 votos a favor por 34 en contra. Con ello se perfecciona la fiscalización y posterior sanción de la principal causa de la defraudación fiscal de nuestro país que son las facturas apócrifas. Las facturas chuecas, lucha que el SAT ha emprendido desde 2004 a la fecha y que ha dado como último resultado la factura fiscal (CFDI), desde el momento mismo que se emite, esta genera información que de forma inmediata se contabiliza para cada contribuyente en la nube del SAT y se han logrado muy buenos resultados en base a cifras de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, el monto de los impuestos no pagados ha ido disminuyendo desde ese año 2004, aunque todavía es del 2.58 % del Producto Interno Bruto. En el pasado llegó a estar en 5% del mismo PIB.

Para los empresarios ya no es nada nuevo la fiscalización que realiza el SAT a sus ingresos y deducciones vía electrónica a través de las facturas fiscales digitales y ya no les es raro, que cuando deducen gastos o compras de empresas fantasmas de las que esta autoridad denomina EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas) constantemente se les observe vía buzón tributario o en casos más graves se inicie una auditoría. El SAT cuenta con toda la información inmediata de todas las operaciones de compra y venta de todo el país, por lo que no les resulta complicado saber qué empresa utiliza facturas chuecas y también se les clasifica como EDOS (empresas que deducen operaciones simuladas.) Ahora con estas reformas que endurecen las penas, los empresarios la van a pensar dos veces antes de realizar este tipo de operaciones fraudulentas.

Ahora bien, a efecto de ser parejos ¿Por qué no se realiza la misma vigilancia a los funcionarios que gastan recursos públicos y con este método cometen peculado? Resultaría muy interesante que todos los gastos que realizan el gobierno en sus tres niveles, las facturas o CFDI con las que comprueban sus gastos, fueran validadas por el SAT. Para que estas no sean elaboradas por EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas) porque se dice que los funcionarios que ejercen recursos públicos también emplean facturas chuecas para sacar dinero. Aquí en Puebla también se dice que para los municipios estas acciones son recurrentes. Que tal que el mismo SAT de la misma forma que vigila a los contribuyentes lo hiciera con los funcionarios de gobierno. Y que le pase una lista a la Auditoría Superior del Estado con los que se portan mal.   Lo puede hacer sin ningún problema, solo es cuestión de se tenga la instrucción para hacerlo. 

Cuando esos mecanismos de fiscalización se aplicarán parejo para contribuyentes y funcionarios públicos, el delito de defraudación fiscal presentaría cifras inferiores a las que se tienen actualmente.